La justicia reabre la pugna por la expropiación del suelo del Metropolitano

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado reabrir el caso que estudiaba si fueron correctas las indemnizaciones dadas por el Ayuntamiento a los propietarios de los terrenos sobre los que hoy se levanta el estadio Civitas Metropolitano, hogar del Atlético de Madrid. En una sentencia del pasado 6 de noviembre a la que ha tenido acceso en primicia EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, los magistrados anulan un dictamen previo del Juzgado de Instrucción número 26 y ordenan retrotraer las actuaciones para que el juez retome el análisis de los argumentos presentados.

Lo ha hecho, según se explica en la resolución de la sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, después de que se detectase que "todos los preceptos, principios, reglas y declaraciones de la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo citados han sido quebrados en la sentencia de instancia" después de que el dictamen se basase en una "inopinada y sorpresiva aportación". "El proceder no es aceptable", ha zanjado el organismo.

La batalla judicial contra el Ayuntamiento de Madrid de los que fueran propietarios de parte de los terrenos donde hoy se ubica el estadio Civitas Metropolitano se abrió en 2019, dos años después de la llegada oficial del Atlético de Madrid, pero, en principio, el caso se desinfló a principios del año pasado con la desestimación de la demanda por parte del Juzgado de Instrucción número 26.

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Compensados por La Peineta, no por el Metropolitano

La tesis que defienden los demandantes para que se les devuelvan los terrenos —o, al menos, para que se tasen de nuevo—, es que ellos recibieron una compensación por la expropiación bajo la premisa de que iban a ser utilizados para la construcción de un estadio de uso público, La Peineta, que fue inaugurado en 1994 y estuvo en funcionamiento hasta 2005. Ese año, las instalaciones fueron cerradas en previsión de las obras necesarias para afrontar la candidatura para los Juegos Olímpicos de 2012.

Sin embargo, una vez que ese proyecto fracasó, el estadio y sus terrenos adyacentes fueron cedidos al conjunto colchonero para que construyese su nuevo estadio sobre la base de La Peineta y para que el Atlético de Madrid desarrolle incluso una nueva ciudad deportiva.

Según sostienen los demandantes, no se cumplió el plazo estipulado de ocho años para que esos terrenos que les habían sido expropiados pudieran pasar a manos privadas, y, por lo tanto, las indemnizaciones debían ser recalculadas y previsiblemente ampliadas. De no ser así, defienden que se debería contemplar al menos la posibilidad de que se les devolviese su titularidad.

Los propietarios sustentan sus reclamaciones en que, a pesar de que la explotación pública del estadio empezó en 1994, esto se hizo sin llegar a formalizar la expropiación, circunstancia que se produjo en septiembre de 2004 cuando el Ayuntamiento de Madrid empezó a dar los primeros pasos para intentar organizar los Juegos Olímpicos. De esta forma, y con el primer acuerdo entre el club y el consistorio firmado en diciembre de 2008, no habrían pasado los ocho años que marcaba la ley para poder efectuar el traspaso a una entidad privada.

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Las búsquedas en Google no sirven

En la sentencia consultada por este periódico, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no entra, sin embargo, en el fondo de la cuestión, sino que considera que los motivos por los que fue desestimada la demanda no se sustentan sobre unas bases legales lo suficientemente sólidas.

Para justificar que el cómputo de los días sí superaba el periodo legalmente establecido, el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid se basó "en la transcripción que hace de los hallazgos a través del buscador Google y en la página web de la Federación de Atletismo de Madrid". Hallazgos como el "enlace" a ese dominio y un "párrafo de esa página sobre la inauguración del estadio y actividades", lo que a ojos del TSJM no puede servir como detonante fundamental para desestimar las pretensiones de los expropiados.

A pesar de que hay propietarios que pretenden que primero se les reconozca el derecho a la nueva tasación y luego discutir el monto final, otros, según informó El Confidencial en 2019, optaron por pedir directamente 8 millones de euros en vez de la indemnización de 2 millones recibida en su momento.