La Fiscalía amplía el 'caso Cuarteles': pide que declaren dos generales y 7 coroneles de la Guardia Civil

La Fiscalía de Madrid ha dado un impulso a la investigación que desarrolla Asuntos Internos de la Guardia Civil en el caso Cuarteles y ha solicitado a la juez que instruye la causa, María Isabel Durántez, que llame a declarar como testigos a dos generales y siete coroneles del instituto armado por el pago de casi tres millones de euros a las sociedades del empresario canario Ángel Ramón Tejera de León, según especifica un escrito del 20 de septiembre, al que ha tenido acceso en exclusiva EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

En concreto, la fiscal Elisa Lamelas Oliván reclama que testifiquen en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid el General de Brigada Jefe de la Zona de Extremadura y el General Jefe de de la zona de Valencia. También pide que se identifique al jefe de Servicios de Acuartelamiento, cuyo responsable último es un general de la Guardia Civil.

Además, reclama a la magistrada que cite como testigos a los coroneles de las Comandancias de Badajoz, Castellón, A Coruña, Algeciras, Alicante, Valladolid y Murcia. El Ministerio Público en Madrid también pide la comparecencia del jefe de la Comandancia de Albacete, a cargo de un teniente coronel; de un cabo, dos sargentos primeros y un guardia civil.

En el caso Cuarteles, la jueza Durántez investiga la presunta adjudicación irregular de casi 3 millones de euros en obras de mantenimiento en 13 comandancias de la Guardia Civil y de la que podrían resultar delitos de cohecho, falsedad continuada en documento oficial y malversación de caudales públicos. Hasta el momento permanecen investigados el teniente general Pedro Vázquez Jarava, el empresario canario Tejera de León, el teniente coronel Carlos Alonso, que fue comandante de Ávila y un autonónomo afincado en Alicante.

Asuntos Internos

De forma paralela, la fiscal solicita a la instructora que encargue al Servicio de Asuntos Internos que emita un informe sobre el procedimiento y los criterios que se siguieron "en la descentralización de crédito por parte de la Subdirección General de Apoyo a favor de las zonas y comandancias", cuyo máximo responsable era Vázquez Jarava. Asimismo, pretende conocer el papel que desempeñó el Servicio de Acuartelamiento y la Secretaría Técnica de la Guardia Civil en la adjudicación de las obras al empresario canario. Finalmente, intenta saber también la intervención concreta de las diferentes comandancias, y qué cargos determinan la cuantía del crédito a asignar y el destino del mismo.

Asimismo, la Fiscalía de Madrid ha realizado un duro diagnóstico del estado de las pesquisas en el informe del 20 de septiembre, en el que se concreta los posibles delitos atribuidos a los responsables de las obras, que son el continuado de malversación de caudales públicos en concurso con falsedad en documento mercantil y el de cohecho. De forma subsidiaria, plantea la posibilidad de que pueda procesarse también a los investigados por tráfico de influencias.

De lo actuado hasta el momento, la fiscal concluye que de las obras realizadas en los cuarteles que están siendo objeto de investigación "hay partidas que no se ejecutaron en su totalidad, otras en las que los conceptos estaban sobredimensionados respecto de los metros cuadrados, las zonas pintadas o bien el coste de la hora, que era desproporcionado". Pese a ello, el teniente coronel Carlos Alonso "certificó las obras de conformidad, incluso en algunos casos antes del inicio de su ejecución".

"Contratos menores"

Por lo que se refiere a los expedientes de gasto, que fueron tramitados como "contratos menores y anticipos de caja fija" que fueron adjudicadas a sociedades relacionadas con el empresario Ángel Ramón Tejera, 'Mon', el informe de la Fiscalía concluye que de lo actuado hasta el momento se deduce que se emitieron facturas por partidas o unidades de obra que no fueron ejecutadas o lo fueron de forma parcial "y, pese a ello, dichas facturas se certificaron de conformidad por los responsables de las distintas unidades territoriales, causando el correspondiente perjuicio económico al erario público".

Entre el periodo 2014 y 2019, las empresas vinculadas a 'Mon' obtuvieron 2,9 millones de euros. Cita concretamente a las empresas Angrasorcur S.L, Solocorcho S.L, Canarycork S.L., Impermercork S.L. y a otras dos entidades responsabilidad de particulares que colaboraban con él en los trabajos. 

A la fiscal le llama la atención que para adjudicar todas estas obras no constara prospección previa de mercado, "siendo estas mismas sociedades las consultadas y adjudicatarias". Así ocurrió al menos, según lo acreditado hasta el momento, en los contratos menores de obra de los acuartelamientos en Navarrendonda de Gredos (Ávila), en el cuartel de Pliego (Murcia), Fuente de Cantos (Badajoz) y en los expedientes de gasto en Santa Cruz de Tenerife.