El caso Cuarteles investiga las presuntas reformas irregulares en dependencias de la Guardia Civil en 13 provincias españolas. En él, un empresario, Ángel Tejera de León, que fue ayudado en varias ocasiones por un teniente general, Pedro Vázquez Jarava, habría conseguido ganar más de 3,3 millones de euros repartidos en casi 200 contratos.

Dos días antes de la moción de censura que cambió el Gobierno de España, la Secretaría de Estado de Seguridad hizo llegar el anónimo a Asuntos Internos de la Guardia Civil. La denuncia les daba un mandato claro: “Deben volver a abrir una auditoría para averiguar todas y cada una de las obras que hizo y dónde está el dinero de manera exhaustiva con interventores delegados de Madrid”. Lo que encontraron en esa primera auditoría fue tan revelador sobre lo que estaba sucediendo que el caso dio el salto a la Justicia.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila decidió entonces encargar unas periciales para ver qué se había hecho con los 26 contratos que se habían concedido en la Comandancia a un único empresario entre noviembre y diciembre de 2016. De los 132.000 euros en obras que se habían facturado, al menos 38.400 no se correspondían con lo que de verdad se había hecho.

La perito encontró obras ficticias, pero también chapuzas que demostraron la falta de profesionalidad de una empresa que aseguraba tener un producto milagroso que justificaba su contratación. Sin embargo, en alguna ocasión llegaron incluso a presentarse sin pintura ni maquinaria. ¿Quién estaba detrás de esa empresa? ¿Quién dio por buenas esas chapuzas? Y, lo más importante, ¿quién le consiguió los contratos?

¿Cómo consiguieron pasar desapercibidos 3,3 millones de euros en contratos? Volando bajo el radar de las auditorías. Los contratos más grandes se gestionaban siempre para que rozasen, sin superar, la barrera de los 50.000 euros que marca la diferencia entre un contrato menor y una adjudicación ordinaria. 

Sin embargo, el método preferido fue el ‘troceo’ de las obras en adjudicaciones inferiores a 5.000 para aprovecharse de un mecanismo de la Guardia Civil llamado anticipos de caja fija. Mediante él, el jefe de la Comandancia puede adjudicar ‘a dedo’ cantidades pequeñas para agilizar los gastos del día a día del acuartelamiento como pueden ser la reparación de una puerta o el cambio de las bombillas.

Tirando del hilo del anónimo, Asuntos Internos encontró lo sucedido en Ávila, pero, después, siguiendo las ‘miguitas’ dejadas por esos contratos prácticamente insignificantes, descubrieron mucho más. Ese mismo modus operandi lo había seguido Mon en otras 12 comandancias por otras tantas provincias españolas: Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valladolid.

En al menos ocho de ellas habría habido presuntamente intervención directa de Jarava para garantizar que los trabajos se adjudicasen a las empresas de su amigo.

Tras casi dos semanas en las que EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y el resto de medios del Grupo Prensa Ibérica fueron sacando a la luz la investigación a través de varias exclusivas, el caso Cuarteles dio el salto al Congreso de los Diputados. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que se trataría el tema en la comisión de su Ministerio, y, a pesar de que todavía no hay fecha definitiva, seguramente será una vez que termine la moción de censura auspiciada por Vox. En cualquier caso, Cuarteles ya está siendo utilizada como arma arrojadiza entre Gobierno y oposición, pues ambos se culpan mutuamente de no haber apoyado suficientemente la investigación para que pueda avanzar.