La Fiscalía Europea amplía sus pesquisas sobre un fraude que afecta a COAG y a otras tres organizaciones agrarias

La Fiscalía Europea ha ampliado su investigación sobre un presunto fraude de 400.000 euros en ayudas agrarias de la UE, según especifica un auto de 9 de junio al que ha tenido acceso en exclusiva EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. En función del contenido del mismo las pesquisas ya afectan al menos a cuatro organizaciones agrarias: en concreto a COAG en Granada, Huelva y Sevilla (Andalucía); y otras tres vinculadas a la anterior: Joves Agricultors I Ramaders de Catalunya (JARC), Unió de Pagesos de Mallorca, y Unión Agroganadera de Álava-Arabako Nekazarien Elkartea (UAGA). Todas ellas están personadas en la causa, que se abrió en 2021.

En los procedimientos que investiga la Fiscalía Europea no cabe la posibilidad de que haya acusaciones populares, y tampoco pueden formar parte de ellos las personas jurídicas como meras interesadas. 

Precisamente, el departamento fiscal encabezado por Concepción Sabadell acordó el 19 de noviembre de 2021 el secreto de las actuaciones, que confirmó unos días después, en concreto el 24 de noviembre, el juez de garantías, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.

En secreto

Y las organizaciones agrícolas y ganaderas mencionadas mostraron, mediante un escrito dirigido el pasado 10 de abril a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, su oposición al hecho de que la causa hubiera sido investigada en secreto.

Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó de plano el recurso, al considerar que debió ser inadmitido a trámite porque la normativa no permite los recursos contra el auto de convalidación del secreto declarado por la Fiscalía Europea.

El secreto de las actuaciones se mantuvo durante un año, pues se alzó por decreto el 19 de diciembre de 2022, momento desde el que las partes personadas pudieron acceder a las actuaciones.

La Policía Nacional realizó en febrero pasado dos registros en la sede nacional de COAG en Madrid y en la regional de Andalucía, en relación a un fraude potencial de 400.000 euros. Por su parte, los representantes de esta organización agraria mostraron a través de un comunicado su "sorpresa y malestar" por la información sobre las pesquisas que facilitó el Cuerpo Nacional de Policía. Y destacaron que “después de un año y medio de investigación, no se nos ha comunicado ningún tipo de irregularidad a las que hace referencia el contenido de la misma”, que según su versión atañe únicamente a una única ayuda de 33.000 euros vinculada a residencias para extranjeros que trabajaban en el campo. Esta redacción se ha puesto en contacto con un portavoz de COAG que ha preferido no hacer declaraciones sobre el caso.

En Mallorca

El periódico Diario de Mallorca, de Editorial Prensa Ibérica, el mismo grupo editorial que EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, adelantó que entre los expedientes de ayudas investigados se encuentra una veintena que fue tramitada por Unió de Pagesos, que en Islas Baleares está coaligada a COAG. El fraude se habría producido al presentar expedientes falsos de ayudas para la contratación de temporeros.

Estos documentos se tramitaron en Mallorca y tenían que ver con el alojamiento de los temporeros para la vendimia o la recolección de cosechas de frutas y hortalizas. El secretario general de Unió de Pagesos, Sebastià Ordinas, aseguró al rotativo balear que su sindicato no había cobrado ninguna de estas ayudas, y que todas ellas habían sido abonadas a COAG: "Nuestro cometido solo fue el de supervisar que los alojamientos de los temporeros en las fincas estuvieran en condiciones", zanjó.

En Canarias

En el mismo sentido, tal y cómo adelantó Vozpópuli, la Fiscalía Europea también interrogó en calidad de investigados a un grupo de agricultores canarios por presunto fraude de subvenciones. El órgano, que investiga en unas diligencias si se cometió delito con las ayudas que recibieron desde el Gobierno canario, ya ha tomado declaración a algunos de ellos que aparecen en la denuncia inicial presentada por un funcionario de la Administración.

Este empleado público, según relata el diario, alertó de irregularidades "a sabiendas" como el hecho de que algunos no tenían tierra trabajada ni cultivada o que no se cumplía con lo manifestado en el plan empresarial (obligatorio para poder acceder a estas subvenciones). Además, también expuso que el volumen de negocio declarado en algunos casos no era el real y que uno de los agricultores tenía a personas jubiladas trabajando en las parcelas.