La Haya trabaja en órdenes de arresto contra líderes israelíes que Washington quiere impedir: “El fiscal está obligado”

La Corte Penal Internacional (CPI) trabaja en una orden de detención internacional contra líderes israelíes implicados en la invasión de Gaza y para los de Hamás responsables de los ataques del 7 de octubre, a tenor de las informaciones de medios como los estadounidenses NYT o Axios. Varios diarios israelíes aseguran que su Gobierno lo da por hecho. “Es inminente”, según una fuente bien informada del tribunal de La Haya al diario Le Monde.

¿Es realmente posible que esta suerte de tribunal mundial de Naciones Unidas, que se encarga de perseguir a los que perpetran delitos de crímenes de guerra, humanidad o genocidio, pida la detención del primer ministro de una potencia aliada de Estados Unidos como Israel? 

“Considero estas informaciones bastante creíbles, pero debo decirle que la decisión aún no se ha tomado”, explica desde París a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el abogado francés Gilles Devers, que encabeza una demanda de medio millar de abogados internacionales y ONG para que se investigue por genocidio a Israel. Una vez que el fiscal general, el británico Karim Khan, las dictaminara, debería obtener la aprobación de tres jueces antes de emitirlas. “Pero los acontecimientos son de tal magnitud que; aunque el Fiscal no quería (ha hecho declaraciones pro-israelíes), con todas las pruebas y la denuncia que le hemos presentado, 7.000 páginas de documentos con pruebas, está obligado a actuar, porque de lo contrario su tribunal y su persona se verían cuestionados”. 

El abogado explica que, desde que presentó la demanda colectiva el 9 de noviembre, han estado trabajando en red con centenares de personas en una base de datos con pruebas de la destrucción provocada por el Ejército israelí en Gaza, que van enviando periódicamente a la oficina del Fiscal. “Desde las víctimas civiles a la destrucción de hospitales, cementerios o panaderías, infraestructuras de agua o telecomunicaciones, así como la hambruna y los desplazamientos de la población”, explica. Uno de los escollos, la falta de dinero, se solucionó en parte, explica, por donaciones como la de cinco millones de euros de Bélgica. 

La Corte Penal Internacional (CPI) tiene una investigación abierta sobre la guerra de Gaza y los ataques de Hamás que abarca desde 2014 hasta la actualidad. La nueva guerra relanzó el procedimiento. Ahora, el tribunal la considera “una prioridad” y cuenta con un equipo dedicado para sacar adelante el caso de presuntos crímenes de guerra tanto de Israel como de Hamás, según confirmaron a este diario fuentes de La Haya a finales de noviembre. En octubre, el fiscal Karim Khan viajó a Oriente Próximo y recordó que tiene jurisdicción tanto sobre los potenciales crímenes de guerra cometidos por Hamás en Israel o por Israel en la Franja. "Quiero ser muy claro para que no haya malentendidos: cualquier vivienda, cualquier colegio, cualquier hospital, cualquier iglesia o cualquier mezquita deben ser lugares protegidos, a menos que la condición de lugar protegido se haya perdido", dijo Khan, poniendo el foco en los abogados del Ejército israelí que dan el visto bueno a los ataques. “Y quiero dejar claro también que la carga de la prueba sobre la pérdida del estado de lugar protegido es de aquellos que disparan la pistola, el cohete o el misil en cuestión”.

Maniobras de Estados Unidos

En el Gobierno israelí ha cundido el pánico. Cada vez creen con más fuerza que la Corte Penal Internacional se está preparando para emitir esas órdenes de arresto para altos cargos relacionados con la guerra en Gaza, según informa el diario New York Times citando a cinco cargos israelíes y extranjeros. Entre los posibles objetivos de la orden estaría el primer ministro, Benjamín Netanyahu, así como líderes de Hamás por determinar. 

Netanyahu clamó en las redes sociales contra la posibilidad de esa orden arresto, avivando la atención sobre el asunto. Cualquier intervención de la CPI, dijo, “establecería un peligroso precedente para los soldados de las democracias de todo el mundo que luchan contra el terrorismo”. Después, pidió ayuda al presidente Joe Biden para que presionara al tribunal y tratara de impedirlo, según el diario Axios. Algunos congresistas estadounidenses están amenazando a La Haya con represalias de Estados Unidos y ya preparan leyes a tal efecto. 

“La Corte es independiente”, opina para este diario Alicia Cebada, profesora de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid. “Estados Unidos no es parte, por lo que su capacidad de influencia es limitada, aunque seguro que está presionando indirectamente a través de sus aliados. Y también presionará para que estos no colaboren con la Corte en caso de que se pudiera producir detención y entrega”. Ni Estados Unidos ni Israel pertenecen a la CPI. Alemania, el otro gran aliado israelí, sí.

Aunque no habría forma de ejecutar esas órdenes dentro de Israel, Netanyahu o cualquier alto cargo que esté bajo esa orden debería ser detenido si pisa suelo de algunos de los 124 países que forman parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, entre ellos la mayoría de los de la UE. No siempre es así. En 2015, Sudáfrica rechazó detener al presidente sudanés Omar al Bashir, sobre el que pesaban dos órdenes de la CPI por genocidio y crímenes de guerra en Darfur. 

¿Resistirá el Fiscal las presiones de Estados Unidos? Los que le conocen, dudan. “El pasado 26 de enero, la Corte Internacional de Justicia [un tribunal también en La Haya, pero que resuelve las disputas entre Estados] consideró como plausible el crimen de genocidio y emitió órdenes provisionales a Israel”, explica por su parte Raji Sourani, abogado palestino que ha documentado presuntos crímenes del Ejército israelí desde hace décadas y participa en la demanda de Sudáfrica contra Israel. “¿A qué está esperando el Fiscal de la Corte Penal?”.

Pero ahora, las cosas son diferentes. En el norte de Gaza la vida es imposible porque el grueso de las viviendas, hospitales, colegios o panaderías han sido destruidas sistemáticamente por el Ejército israelí, primero con bombardeos y luego con demoliciones sobre el terreno. Han matado al menos a 40.000 personas, entre ellas a 15.000 niños, según las cifra del Gobierno gazatí.