La Haya dedica ya un equipo a la investigación “prioritaria” sobre crímenes de guerra en Gaza

La Corte Penal Internacional (CPI) considera la investigación sobre la situación de Gaza “como una prioridad” y tiene un equipo dedicado para sacar adelante el caso de presuntos crímenes de guerra tanto de Israel como de Hamás, según ha podido saber este diario tanto de fuentes de La Haya como del grupo de medio millar de abogados internacionales que recientemente presentó una demanda contra Israel por genocidio.

Aunque los portavoces de la oficina del Fiscal general de La Haya no han querido dar cifras, el grupo de abogados asegura que hay al menos tres personas dedicadas a este dosier, lo que consideran “un gran avance”, después de que la investigación marco, abierta en 2021, sobre posibles crímenes en anteriores guerras en Palestina, haya pasado este tiempo sin prácticamente avances reseñables. 

El pasado 7 de noviembre, el abogado francés Gilles Devers presentó una demanda de investigación contra Israel ante la Corte Penal Internacional. Lo hizo en nombre de lo que ya son más de 560 abogados y 160 ONG de distintos países, entre otros, Francia, Bélgica, Canadá, Marruecos o Argelia.

Los juristas están centrándose en recopilar pruebas. Han decidido poner el foco en cuatro aspectos potencialmente ilegales de la ofensiva de Israel contra Hamás en Gaza que, según ellos, probarían un posible delito de genocidio, según los artículos 15.1 y 53.1 del Estatuto de Roma:

1. Los ataques al sistema de salud. Israel ha bombardeado hasta destruir o dañar 26 hospitales y 55 centros de salud, según el último informe de situación en Gaza de Naciones Unidas, basado en datos del Ministerio de Infraestructuras gazatí. 
2. La escala de los bombardeos y la destrucción generalizada, que constituyen la “demostración más palmaria de la intención de ruptura de la sociedad palestina”. El 60% del total de las viviendas de Gaza están dañadas, según la ONU.
3. Las declaraciones del primer ministro, Benjamin Netanyahu. Según los demandantes, varios de sus discursos, así como de los del presidente del país y miembros de su gabinete, mostrarían una clara intención genocida (destrucción de todo o parte de un grupo). Apuntaban al corte de los suministros básicos, aseguraban que toda la nación palestina era culpable de los ataques del 7 de octubre de Hamás contra Israel o hacían referencias a la expulsión de los gazatíes o a la destrucción de la Franja.
4. La muerte de familias al completo como consecuencia de los ataques a sus viviendas. Hay al menos un centenar que han perdido a todos sus miembros en los ataques. 

El Estatuto de Roma es el que define tanto los conceptos de crímenes de guerra y de lesa humanidad como de genocidio. Israel no es un Estado firmante, pero eso no exime a sus líderes de su cumplimiento, que podrían enfrentarse a la detención si finalmente son encausados y van a otro país sí firmante, como ha asegurado el Fiscal general de la Corte, Karim Khan, tanto para Hamás como para los líderes israelíes. 

Israel niega que esté atacando directa e intencionadamente a los civiles o a sus infraestructuras. Asegura que lucha para destruir al grupo terrorista Hamás, al que compara con Estado Islámico o los nazis. Y afirma que las muertes de civiles se producen porque el grupo islamista los usa como “escudos humanos”. 

“Cada muerte de un civil es una tragedia. Para evitarlas, lo que se debe hacer es que salgan de la zona de peligro. Y eso es exactamente lo que hicimos”, le dijo Netanyahu a Pedro Sánchez el pasado jueves durante la visita del presidente español a Israel. “Les pedimos que se fueran, les lanzamos panfletos, llamamos a los civiles por teléfono en las áreas donde íbamos a golpear a los terroristas de Hamás diciéndoles: por favor, márchense”. 

Grupo internacional para Israel en La Haya

El equipo investigador de la Corte Penal Internacional “deja claro que la imposibilidad de entrar en el lugar de los hechos [Israel y Gaza] no es un obstáculo para el avance de la investigación”, según afirma el grupo de abogados tras una reunión de dos horas con los responsables del caso en La Haya. “Nos han pedido que seleccionemos los documentos más importantes y relevantes y no les enviemos todos los que tenemos porque podría ser contraproducente, dado los requisitos de control que debe hacer de cada documento la oficina del Fiscal”. 

El equipo de Devers tiene, entre otras cosas, a expertos en armas identificando el tipo de munición empleado en los ataques. Muchos de ellos van a reunirse este miércoles y jueves en Argel (Argelia) para organizar los próximos pasos de la denuncia, que definen como un proceso largo, de muchos años. 

Pretenden crear comités nacionales de abogados que reporten a una estructura central. Irán recopilando pruebas, junto con abogados palestinos y de ciudadanos gazatíes afectados, apoyados por las Organizaciones No Gubernamentales asociadas. 

Por el momento, no hay un apoyo específico de los grandes países occidentales para la investigación de posibles crímenes de guerra o genocidio en Israel y Palestina. Por contra, el año pasado, la Fiscalía de la CPI sí creó un fondo específico para investigar los crímenes de guerra de Rusia en la invasión a gran escala de Ucrania. El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, comprometió en diciembre del año pasado 540.000 euros específicos a ese fondo, además de los 6,184 millones de contribución anual a la Corte. No ha habido aportación especial de nuestro país por el momento para la investigación de La Haya en Israel y Palestina, según fuentes diplomáticas. 

Israel y los territorios ocupados de palestina viven la peor guerra en medio siglo. Más 218 palestinos y 29 israelíes habían muerto en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este antes del 7 de octubre. Ese día, Hamás lanzó un gran ataque por sorpresa contra Israel, y acabó con la vida de unos 1.200 israelíes, en su mayoría, civiles. La contraofensiva israelí ha segado la vida de al menos 14.800 personas en Gaza.