INMIGRACIÓN IRREGULAR

El número de solicitantes de asilo alcanza un nuevo récord en el Reino Unido

Son 175.457 personas las que estaban pendientes a finales de junio de una decisión de las autoridades británicas, lo cual representa un incremento del 44% respecto al mismo mes del año anterior

Rishi Sunak, primer ministro de Reino Unido.

Rishi Sunak, primer ministro de Reino Unido. / EP

La cifra de solicitantes de asilo en el Reino Unido ha alcanzado un nuevo récord en el último año, según datos publicados este jueves por el Ministerio del Interior. Son 175.457 personas las que estaban pendientes a finales de junio de una decisión de las autoridades británicas, lo cual representa un incremento del 44% respecto al mismo mes del año anterior. El aumento de la lista de espera para obtener una respuesta es una mala noticia para el Gobierno de Rishi Sunak, que puso como una de sus principales prioridades acelerar la tramitación de las solicitudes y reducir el gasto en alojamiento para los refugiados.

Sunak se fijó a finales del año pasado el objetivo de resolver todas las solicitudes de asilo presentadas antes de junio de 2022, que en ese momento representaban cerca de 90.000 casos. Un objetivo que todavía está lejos de conseguir: por ahora tan solo se ha dado una respuesta a poco más de 20.000 solicitudes, a pesar de los refuerzos de personal, que se ha duplicado en apenas un año, y el aumento del número de casos tramitados por cada funcionario al mes, que ha pasado de cinco en junio de 2022 a siete un año más tarde. 

La aceleración de la tramitación de solicitudes no ha evitado un descenso de las listas de espera, en gran parte debido a que el número de llegadas también ha aumentado. El año pasado fueron 45.728 personas las que cruzaron el canal de la Mancha de forma irregular, 25.065 de ellas entre enero y agosto. Una cifra que ha descendido sensiblemente este año: por ahora se han contabilizado 18.829 personas en lo que llevamos de año, cerca de una quinta parte de ellas en las últimas dos semanas. 

Críticas de la oposición

El responsable de inmigración del Partido Laborista, Stephen Kinnock, ha cargado de nuevo contra el Gobierno por una política migratoria que ha calificado de “caos”. “Sólo un 1% de las 45.000 personas que cruzaron el canal de la Mancha el año pasado han recibido una respuesta y el número de solicitantes de asilo rechazados ha descendido un 70% desde 2010. Se trata de un récord desastroso para el primer ministro y para la ministra del Interior”, ha asegurado a ‘Sky News’. 

A pesar de que las cifras suponen un nuevo golpe a la credibilidad de Sunak, el Ejecutivo insiste en que su principal prioridad sigue siendo reducir el número de llegadas irregulares al país. “El objetivo del Gobierno es claro: debemos detener las embarcaciones e impedir el número inaceptable de personas que arriesgan sus vidas realizando estas travesías peligrosas e ilegales, que siguen ejerciendo una presión sin precedentes sobre nuestro sistema de asilo”, ha asegurado un portavoz del ministerio del Interior

Reducción de gastos

El Gobierno sigue obcecado en su objetivo de reducir los gastos derivados del alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles y albergues, que ascendieron a más de 3.900 millones de libras anuales (unos 4.500 millones de euros). Una cifra que se ha multiplicado por cuatro en los últimos tres años, según datos del Ministerio del Interior. El Ejecutivo está tratando de reducir estos gastos con el traslado de solicitantes de asilo a bases militares en desuso y a la barcaza ‘Bibby Stockholm’, a donde fueron trasladados los primeros ocupantes a principios de este mes y desalojados poco después por la aparición de la bacteria de la legionela en los circuitos internos de agua. 

El Gobierno sostiene que el uso de estas instalaciones ayudará a aliviar las cuentas públicas, aunque por ahora tan solo cuenta con espacios con capacidad para unos pocos miles de personas, lo cual obligará a mantener al resto de solicitantes de asilo en sus alojamientos actuales. Los problemas de seguridad sanitaria y las batallas judiciales presentadas por las administraciones locales y por las organizaciones de defensa de los derechos humanos han añadido mayores dificultades al Ejecutivo, que por ahora tan solo ha conseguido trasladar a unas pocas decenas de personas a las nuevas instalaciones.