El descontento social crece en el Reino Unido con nuevas huelgas en junio

La ola de huelgas y protestas convocadas en el Reino Unido desde principios de año está lejos de acabarse. Este miércoles han sido los maquinistas de tren quienes han llevado a cabo nuevos paros en Inglaterra para reclamar mejores condiciones laborales que compensen la pérdida de poder adquisitivo derivada de la alta inflación. A las protestas de los maquinistas se sumarán otros profesionales del sector ferroviario este viernes, así como los médicos residentes del Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés), que han convocado un paro de tres días a mediados de junio. 

Las huelgas multitudinarias en sectores como la educación, la sanidad y los transportes han tenido un impacto significativo en los últimos meses. Algo que el Gobierno de Rishi Sunak está tratando de revertir ofreciendo aumentos salariales a los trabajadores públicos y que ha conseguido solventar en algunos casos. La oferta de pagas extraordinarias este año y de subidas de un 5% de los sueldos en 2024 han convencido a parte de los sindicatos sanitarios en Inglaterra, aunque otros, como el que representa a las enfermeras, siguen reclamando mejores condiciones y se están planteando nuevas movilizaciones.

Paros ferroviarios

En el caso de los transportes ferroviarios, la huelga de maquinistas convocada por el sindicato ASLEF —que representa a más del 90% del total de trabajadores— ha supuesto la paralización este miércoles del servicio de las principales compañías de trenes del país. Unos paros que también tendrán lugar el sábado, cuando está previsto que miles de aficionados al fútbol se desplacen a Londres para asistir a la final de la FA Cup, que enfrentará al Manchester United contra el Manchester City. La huelga de cerca de 20.000 trabajadores del sindicato RMT, entre ellos trabajadores de 'catering' y personal de las estaciones, también reducirá la frecuencia de trenes este viernes.

Los trabajadores del sector se encuentran en plenas negociaciones con la patronal, representada por el Grupo de Suministro Ferroviario (RDG, en sus siglas en inglés), que ofreció aumentos salariales de un 4% anual durante dos años. Pero por ahora los sindicatos consideran las propuestas insuficientes, ya que, aseguran, no compensan la elevada inflación de los últimos meses, que se mantuvo por encima del 10% hasta el mes de abril. "El Gobierno está impidiendo que el RDG haga una oferta mejorada que podamos considerar. Debemos insistir en nuestra huelga para conseguir un acuerdo que mejore los puestos de trabajo, los salarios y las condiciones", ha asegurado el secretario general de RMT, Mick Lynch.

Médicos residentes

Otro sindicato que se encuentra en plena negociación para mejorar sus condiciones es la Asociación Médica Británica (BMS, en sus siglas en inglés), que lucha desde hace meses para aumentar los salarios de los médicos residentes. Los sanitarios jóvenes reclaman al Gobierno que compense la pérdida salarial sufrida desde 2008 —que cuantifican en un 26%— con aumentos de hasta un 35%. Una demanda que queda muy lejos por ahora de la ofrecida por el ministro de Sanidad, Steve Barclay, que ha propuesto incrementos del 5%. "La oferta del Gobierno de aumentar los salarios un 5% es un insulto para los médicos residentes en Inglaterra", denunció el sindicato en Twitter la semana pasada tras confirmar la convocatoria de huelga, que tendrá lugar entre el 14 y el 17 de junio.

El director médico del NHS en Inglaterra, Stephen Powis, ha asegurado que estos paros serán “de los más perjudiciales” en la historia del servicio de salud y supondrán una "agitación sin precedentes". Está previsto que 350.000 consultas y operaciones no urgentes tengan que ser aplazadas como resultado de la huelga. 

Nueva ley

La agitación social ha llevado al Gobierno de Sunak a presentar una ley para limitar los derechos de los huelguistas, que otorga, entre otras medidas, capacidad al Ejecutivo para establecer servicios mínimos e incluye la posibilidad de despedir a trabajadores públicos en caso de que no cumplan con esos mismos servicios. La norma se encuentra en plena tramitación parlamentaria y todavía podría sufrir modificaciones, pero por ahora ya ha puesto en pie de guerra a los sindicatos, que la han calificado de "antidemocrática" e "ilegal".