"Alarmante" aumento de agresiones sexuales cometidas por menores y de intentos de homicidio por violencia de género

Como es habitual con ocasión del acto de apertura del año judicial, el fiscal general del Estado ha dado cuenta de la gestión de su departamento a través de la Memoria Anual de la Fiscalía. La presentada este jueves incluye datos preocupantes, como es el incremento en un 116% las agresiones sexuales perpetradas por menores en España durante el último lustro. En cuanto a violencia de género, la estadística referida a 2022 incluye un incremento del 66% de intentos de homicidio en casos de violencia de género.

Menores

Con respecto a agresiones sexuales por menores de edad se desprende que, en 2022, la apertura de ivenstigaciones por agresiones sexuales perpetradas por menores ascendieron a 974, lo que supone, según la Fiscalía, "un notabilísimo y preocupante" ascenso del 45,8% respecto al año 2021 en el que se registraron 688 causas.

Continúa así la tendencia ascendente que se evidencia desde 2017, cuando se registraron 451 causas. En 2018 fueron 648; 564 en el 2019 y 544 en el 2020. "Resulta alarmante que la cifra de incoaciones por este tipo penal se haya incrementado en un 116% desde el 2017", valora la Fiscalía en su memoria.

Entre las causas, la Fiscalía de Sevilla lo atribuye a la carencia de una adecuada formación en materia ético-sexual y al visionado inapropiado y precoz de material pornográfico violento. En el mismo sentido expresan su alerta por el aumento de estos delitos las secciones de Murcia, Badajoz, Barcelona, Huelva, Huesca, Ourense, Islas Baleares, Cáceres y Madrid. Solo la sección de Toledo da cuenta de un descenso de estos delitos frente a otros años en que sí habían aumentado las agresiones sexuales denunciadas entre familiares y hermanos.

Más allá de la actividad en materia de responsabilidad penal de los menores, el documento revela que las incoaciones por delitos de agresión sexual se han incrementado un 31,5%, pasando de 7.302 en 2021 (diligencias previas incoadas) a 9.603 en 2022. Mientras, los delitos incoados de abuso sexual se reducen en un 3,39% (de 8.937 en 2021 pasan a 8.634 en 2022).

Violencia de género

Además, la Fiscalía alerta en su Memoria de un incremento del 66% de intentos de homicidio por violencia de género el año pasado, con 35. El Gobierno elabora desde 2003 un listado con las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, una cifra que el año pasado alcanzó las 50 fallecidas, pero no incluye otros actos de gravedad como los que ahora recoge la Fiscalía.

El informe contabiliza un total de 43 hechos graves, de los que 35 casos concretos podrían ser constitutivos de "feminicidios íntimos de pareja intentados", tal y como los define. De ellos, en 11 casos habían denunciado previamente (el 31,43%). La mayoría de las víctimas implicadas (23) tiene nacionalidad española (65,7%), al igual que más de la mitad de los agresores, 20 (57,14%). En cuanto a la edad, la mayor parte están comprendidas entre los 25 a 50 (31), lo que supone el 88,6%, al igual que los agresores (29), que son el 82.87%.

Igualmente, la Fiscalía añade que el apuñalamiento es el método más utilizado en estos intentos de homicidio por violencia de género, ya que los agresores lo emplearon en 19 ocasiones, en el en el 54.29% de los supuestos. A este método apunta que le siguen en cinco de los casos los golpes (14.29%); en cuatro el incendio (11.43%); en tres el estrangulamiento (8,57%) y en dos el arma de fuego (5.71%); en una, un corte con botella (2.86%) y en otra ocasión la víctima fue arrojada al vacío (2,86%).

Por otro lado, agrega que la Comunidad en la que más feminicidios intentados se han registrado en el 2022 fue Andalucía (10), seguida de Cataluña (9), Madrid (4), Canarias (3), Galicia (3), Valencia (2) y Baleares, Navarra, La Rioja y Castilla y León (1 cada una de ellas).

Dificultades en las repatriaciones

En materia de extranjería, la Fiscalía avisa en su Memoria de que "casi la mitad" de las repatriaciones de internos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) no pueden llegar a materializarse. La causa parece encontrarse en las dificultades a la hora de documentar a estas personas tras haber estado un importante número de días privado de libertad, "incluso por plazos cercanos al agotamiento".

También da cuenta de los comentarios sobre este problema de la fiscal delegada de Madrid, que asegura que "las personas que se encuentran internadas en el CIE se ven sujetas a una severa restricción de sus derechos que no se encuentra motivada por la comisión de un delito, sino por una infracción administrativa".

Por ello, y con el fin de evitar "internamientos innecesarios" o "de duración excesiva", la Fiscalía reclama a las autoridades policiales competentes "que, en la medida de lo posible, se practique una investigación más exhaustiva, previa a solicitar el internamiento, así como que se encuentren avanzadas, o al menos iniciadas con perspectivas de éxito, las gestiones necesarias para conseguir la documentación precisa para la repatriación".

Aumento de condenas por fraude a Hacienda

En cuanto a la persecución de los delitos económicos, la Fiscalía cuenta con un porcentaje de condenas del 83% en delitos contra Hacienda, la Seguridad Social y fraude por subvenciones, aunque se queja del "preocupante retraso" en la tramitación de estas causas. En 2022 se abrieron un total de 234 diligencias de investigación preprocesal por estos delitos económicos y se presentaron 290 escritos de acusación.

También consta que, en la línea de los años precedentes, se ha generalizado por parte de la Agencia Tributaria las liquidaciones vinculadas a delito, de manera del total de 165 expedientes por delito contra Hacienda que esta remitió al Ministerio fiscal, un total de 134 lo fueron con dicha liquidación.

Entre las actividades más destacadas, el Ministerio resalta la denuncia y procedimiento judicial sobre un fraude de prestaciones a la Seguridad Social en Cádiz del que sería ilícitas beneficiarias 70 personas que simulaban altas y bajas laborales para obtener indebidamente prestaciones por desempleo del régimen general y del sistema especial de trabajadores por cuenta ajena agrarios.

Sin salir de Andalucía, la Fiscalía destaca los presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal del equipo de fútbol de Málaga, así como otro delito de fraude a la Seguridad Social en Córdoba con "numerosísimos" investigados y unos 470 trabajadores ficticios que han llevado a conformar más de 300 piezas separadas para posibilitar el enjuiciamiento de los hechos. En Barcelona, la Memoria incluye el escrito de acusación contra una artista "mundialmente conocida" por un total de seis delitos contra la Hacienda Pública, en referencia a Shakira. 

Responsabilidad de la Iglesia en casos de abusos

En cuanto a las propuestas, en su última Memoria la Fiscalía plantea la necesidad de "revisar" la solicitud de responsabilidad civil subsidiaria de las congregaciones religiosas, colegios religiosos o cualquier otra institución religiosa ante casos de abusos sexuales a menores. Fuentes de la Fiscalía precisan que esta reclamación de responsabiliad económica a las congregaciones no es hasta ahora habitual en este tipo de procedimientos.

La petición se vería amparada por el artículo 120.4 del Código Penal, que señala expresamente "son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente "las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, "por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios".

Asimismo, la Fiscalía propone "valorar, cuando se den los elementos incriminadores necesarios, la extensión de la acusación a las posibles conductas encubridoras por parte de los representantes de las instituciones religiosas" y "de las que pueden dimanar tanto responsabilidades penales como civiles"; la solicitud de la inhabilitación profesional del acusado y "la determinación concreta de la indemnización" para la víctima "que ha de integrar los daños morales y las lesiones psíquicas".

Esta petición se enmarca en la solicitud realizada el pasado mes de enero de identificación de los procedimientos penales en tramitación por delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores de edad en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa. Además, el 17 de junio de 2022 recibió un escrito presentado en nombre de la Conferencia Episcopal  Española, mediante el que se daba traslado de dos informes realizados por el periódico El País sobre casos de pederastia.