Irene Montero: la alarma social en torno a la ley del 'sólo sí es sí' es "una victoria del machismo"

La ministra de Igualdad está preocupada por las víctimas de violencia sexual y por la "alarma social" generada tras la reducción de algunas condenas por delitos sexuales a raíz de la entrada en vigor de la ley del 'sólo sí es sí'. Irene Montero defiende que la norma es un gran avance en la protección de las mujeres. Sin embargo, el debate suscitado por una aplicación de la ley carente de perspectiva de género, dice la ministra, lanza el mensaje contrario y nutre el terror sexual, y esa es "una victoria para el machismo", pues hace sentir inseguras a las mujeres y eso puede llevarlas a "situaciones de revictimización o de desprotección".

En una entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Montero asegura que su responsabilidad es permanecer al frente del Ministerio para proteger a las mujeres frente a todas las violencias y, en concreto, para lograr que la "sólida" ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual se aplique de forma correcta.

Pregunta: Han sido unos días difíciles. ¿Cómo se encuentra?

Bien, preocupada, por supuesto, por las mujeres víctimas particularmente y por la alarma social, el terror sexual que se genera cuando hay un debate público de estas características. Solamente un 8% de las mujeres que sufren violencia sexual terminan denunciando, entre los motivos de la infradenuncia están el no ser creídas o pensar que no es para tanto.

Tenemos que ser capaces de lanzar el mensaje de que el Estado está avanzando en la capacidad de proteger a esas mujeres. Sin embargo, creo que estos días el tipo de debate social que se ha generado lanza el mensaje contrario y eso es una victoria para el machismo: hace sentir más inseguras a las mujeres, las hace sentir que el Estado no tiene mecanismos para protegerlas y por tanto, que eso pueda llevar a situaciones de revictimización o de desprotección.

Frente a ello, defendemos la solvencia no solamente de la ley del sólo sí es sí, sino de todas las políticas públicas que en coordinación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos estamos siendo capaces de desplegar para garantizar todos los derechos para todas las mujeres para hacer frente a a las violencias sexuales. Esa es nuestra principal preocupación y para ello vamos a seguir trabajando sin descanso.

P: ¿Qué ha pasado con la ley?

Como en todas las leyes de carácter integral, se requiere del Estado un esfuerzo grande para ponerla en funcionamiento. Cuando hay una modificación profunda del Código Penal hay siempre un periodo de transición en el que puede haber errores en la aplicación de la ley. Y eso es lo que estamos viendo ahora y es algo de lo que nos alerta el propio Comité CEDAW de las Naciones Unidas cuando nos dice que muchas veces la falta de perspectiva de género puede llevar a que se cometan errores en la aplicación de las leyes feministas.

Hemos insistido en hacer un llamamiento a la calma, a la confianza en la solvencia de una ley que que va a permitir y que está permitiendo proteger de forma efectiva a las mujeres frente a las violencias sexuales. Tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía General del Estado van a hacer lo que tienen que hacer siempre que hay un cambio en el Código Penal: unificar criterios para poder concretar ese derecho transitorio y esa fase de transición en la que nos encontramos ahora en los primeros meses de aplicación de la ley.  

Valoramos positivamente que el criterio de la FGE coincida con lo que numerosas expertas y expertos juristas han señalado en estos días, al igual que hemos señalado desde el Ministerio de Igualdad, que existe jurisprudencia consolidada, que es necesaria una revisión de las condenas firmes caso a caso, sin automatismos y observando el nuevo Código Penal completo para aplicar en su totalidad y de forma adecuada la ley.

P: ¿Cree que habrá muchas revisiones de sentencias a la baja?

La mayoría de las revisiones están manteniendo las penas, precisamente porque la propuesta penal es sólida. Reciben más atención mediática los casos en los que hay rebajas de penas. En nuestra opinión, en muchos casos hay una evidente falta de perspectiva de género. Se dicen cosas como que hemos despenalizado los abusos cuando es todo lo contrario: el Código Penal se ha transformado para poner el consentimiento en el centro y que todas las relaciones sexuales en las que no haya consentimiento sean calificadas como agresión sexual.

Vamos recopilando esas sentencias, el equipo del Ministerio trabaja sin descanso para analizarlas. La mayoría de los casos de revisión de condenas en firme no están reduciendo la pena porque están aplicando correctamente la ley y también la jurisprudencia al respecto en derecho transitorio. Pero hay casos muy evidentes de errores en la aplicación de la ley que derivan de la falta de perspectiva de género.

P: ¿Qué mensaje le manda a las víctimas cuyos agresores han visto reducida su condena?

Lo primero, esas revisiones no son firmes todavía: cabe recurso contra ellas. Por supuesto, nuestra principal preocupación es que una mala aplicación de la ley pueda derivar en una revictimización de algunas víctimas que han pasado ya por un proceso muy difícil y doloroso en la mayoría de los casos, que es el de denunciar y el de conseguir que se haga justicia.

Nuestra obligación, por eso hemos actuado dando la cara siempre, es estar del lado de las víctimas para garantizar todos sus derechos. El Estado tiene una deuda pendiente con las víctimas de violencias sexuales y la ley del sólo sí es sí permite empezar a saldarla, pero ahora tenemos que aplicarla para evitar que se produzcan revictimizaciones o un sufrimiento añadido. No sólo tiene que ver con el ámbito penal y la persecución de los agresores, sino con la detección precoz y la atención integral.

Es una ley sólida que nos va a permitir al Estado como nunca antes, proteger la libertad sexual y por tanto, también hacer frente a las violencias sexuales.

P: Vista la reacción del mundo judicial, incluidas las asociaciones progresistas, ¿se arrepiente de haber dicho que estos errores se debían al machismo de los jueces?

Yo lo que dije es que estaba habiendo un problema en la aplicación de la ley por parte de algunos jueces y que esto es algo de lo que ya nos alertan en los organismos internacionales y particularmente el Comité CEDAW de Naciones Unidas, que dice con claridad que los estereotipos, es decir, el machismo, pueden llevar a comprometer la imparcialidad de los sistemas de justicia y a que haya jueces que apliquen las leyes de forma errónea. ¿Eso quiere decir que todos los jueces y juezas de nuestro país son machistas? Yo no creo que el Comité CEDAW diga eso.

Nuestro país lleva muchos años trabajando duro para dar una respuesta cada vez mejor a las víctimas. Pero nos sigue quedando mucho trabajo por hacer y creo que es mi obligación también como ministra es poner los mecanismos y las políticas públicas para garantizar que no vamos a parar de desplegar la acción del Estado cada vez con más eficacia para que las víctimas vean reconocidos todos sus derechos.

P: Precisamente ante las advertencias del Comité CEDAW, ¿cree que se debería haber precisado más la ley para evitar una interpretación que permitiera las rebajas?

El derecho transitorio está asentado en nuestro país y la jurisprudencia es clara al respecto. La disposición transitoria del Código Penal, que regula cómo deben aplicarse las reformas del Código Penal, es tan estable y está tan asentada que nadie vio necesario incorporar una disposición transitoria porque con lo que ya existe hay elementos suficientes para saber cómo aplicar correctamente la ley. Quiero recordar que esta ley ha sido muy trabajada, la propuesta penológica de la primera versión se modificó como consecuencia precisamente del proceso de elaboración entre los diferentes ministerios, también con organismos del Estado.

P: ¿Se ha sentido respaldada por el Gobierno? ¿Ha hablado con el presidente estos días?

La comunicación ha sido constante. Creo que ahora mismo lo importante no es como esté yo, porque yo asumo cuáles son algunas de las consecuencias que, al menos en mi caso, se tienen por hacer política.

Lo importante es que seamos capaces de aplicar correctamente la ley, de no dejar desprotegidas a las mujeres víctimas y de no alimentar ese relato del terror sexual que también busca de alguna manera cuestionar que los avances feministas que este Gobierno está haciendo sean reales y sean útiles. Esa es mi principal preocupación y la del equipo.

P: No nos ha contestado si se ha sentido respaldada.

Como decía, la comunicación ha sido permanente y creo que ahora el foco no debo ser yo. Creo que esas valoraciones se comentan solas y que no hay nada que yo pueda aportar que la gente además no intuya que yo pienso o siento.

Mi trabajo como ministra de Igualdad es hacer leyes y políticas públicas que nos permitan aumentar nuestra capacidad para proteger a todas las mujeres y garantizar todos los derechos para todas las mujeres, en concreto para combatir y erradicar las violencias contra las mujeres.

Efectivamente, la gente está viendo con mucha claridad cuáles son algunas de las consecuencias que no solo yo, que muchas mujeres feministas sufren cuando ocupan temporalmente una posición de responsabilidad para hacer avanzar los derechos de las mujeres. De la violencia política hemos hablado en muchas ocasiones y creo que cada vez es un tema que está más presente en el debate social, porque se ve con mucha claridad cómo opera.

P: ¿Qué le dice a aquellas personas que han exigido que dimita?

Creo que en los momentos de dificultad es cuando hay que estar asumiendo la responsabilidad. La ley del 'sólo sí es sí' es sólida, en su parte penal y en su capacidad de detección precoz, sensibilización, atención integral y reparación de las mujeres víctimas. Y tengo la responsabilidad de aplicarla o trabajar para que se aplique de forma correcta.

P: ¿Le preocupa que esta cuestión afecte a la tramitación de la ley trans? ¿Aún piensa que puede estar aprobada antes de que termine el año?

Voy a dejarme la piel para que así sea.

En el caso de la ley trans ha habido un trámite parlamentario, que es la solicitud de avocación a Pleno, que nos ha cambiado los tiempos de tramitación pero aun así, voy a hacer todo lo posible por cumplir con la palabra dada, que la ley esté aprobada sin ningún retroceso en derechos antes de que termine el año.

No me cabe duda de que parte de lo que está ocurriendo tiene por objetivo poner en cuestión los avances feministas e impedir que algunos de ellos se produzcan. Pero creo que España cuenta con un movimiento LGTBI que va a hacer muy difícil que esos deseos de dificultar o impedir la tramitación de la ley trans se puedan concretar. Porque además hay una mayoría feminista, progresista y plurinacional en la Cámara que creo que tiene muy claro que los derechos de las personas trans son derechos humanos y que hay que garantizarlos de forma urgente.

P: El Gobierno ha tardado mucho en concretar su mandato de redactar una ley integral contra la trata que finalmente llegará al Consejo de Ministros en los próximos días. ¿Está contenta con la propuesta final? ¿Dará tiempo a aprobarla en esta legislatura?

Vamos a tener que que ser ágiles en la tramitación, pero sí creo que puede ser una realidad en esta legislatura.

Ha sido una negociación difícil, como todas, pero también creo que eso precisamente da solvencia a las leyes. Quedan algunas cuestiones todavía pendientes, pero estoy satisfecha de la negociación que hemos hecho y de los acuerdos que hemos alcanzado.

P: En estos momentos se debate en el Parlamento la propuesta socialista contra el proxenetismo, ¿por qué no le gusta?

Para mí, los dos objetivos que tendríamos que tener son acabar con la impunidad de los proxenetas y con ser capaces de que esa reforma del Código Penal no ponga en una situación de mayor vulnerabilidad a las mujeres que son víctimas de explotación sexual, de trata con fines de explotación sexual o en general que están en contextos de prostitución.

Tenemos que intentar llegar a un consenso que nos vincule a toda la mayoría feminista en esos dos parámetros.

P: Queda apenas un año para que termine la legislatura. ¿Qué balance hace de la lucha contra las violencias machistas?

Estoy orgullosa del trabajo realizado sin ser autocomplaciente. Esta legislatura ha sido de avance en leyes y en políticas públicas, en coordinación con las comunidades y los ayuntamientos. Estoy pensando, por ejemplo, en cómo convertimos en esencial el 016 y todos los servicios de atención a las mujeres víctimas, como entendimos que esos servicios se tenían que extender a todas las víctimas de violencias sexuales; hemos incorporado también a las víctimas de trata y de explotación sexual y hemos creado por primera vez un plan de inserción social y laboral para ellas.

Hemos sido capaces de actualizar el acuerdo político del pacto de Estado contra la Violencia de Género y todos los grupos, menos los negacionistas, se han comprometido con hacer permanente el Pacto y su financiación. Hemos hecho en cada ejercicio presupuestario inversiones históricas. Y la ley del sí es sí es el paraguas que nos permite desplegar con más contundencia estas políticas y otras como los centros de crisis 24 horas, que tienen que estar abiertos en el 2023. Pero no soy autocomplaciente porque mientras siga existiendo una mujer asesinada o agredida, nuestra obligación es buscar qué cosas se pueden mejorar. Y todavía hay muchos retos pendientes, como poner el foco en los agresores y también debatir socialmente cuál es el papel que los hombres pueden tener para pararles los pies. Los hombres tienen que jugar su rol rompiendo el pacto entre caballeros y dejando de normalizar muchas violencias.

P: De las 38 mujeres asesinadas en 2022 por sus parejas o exparejas, 14 habían denunciado, un porcentaje mayor que otros años. ¿Qué está fallando?

Este es, precisamente, uno los retos que tenemos pendientes y a la vez uno de los elementos en los que más hemos avanzado, en coordinación con Interior, y nuestra capacidad de proteger a las mujeres que efectivamente denuncian es cada vez mayor. Nuestro Estado tiene que ser capaz de proteger a las mujeres que ponen una denuncia, especialmente cuando sabemos que es un momento crítico en el que se incrementa el riesgo de agresión o de asesinato.

P: ¿Qué tareas quedan pendientes para renovar el pacto de Estado?

El Pacto se renovó y mostramos la disposición de convertirlo en permanente el 25 de noviembre de 2021. Y, a partir de ahí, hay dos grandes vías de trabajo. La primera es tarea del poder legislativo, que tiene que actualizar el dictamen. Por otra parte, nosotras, en la Conferencia Sectorial, vamos a presentar un catálogo de servicios comunes que como mínimo tienen que garantizarse en todo el territorio. Y este martes aprobaremos la Estrategia de lucha contra las violencias machistas, que es otro mecanismo muy importante para garantizar la efectiva coordinación de todas las administraciones.

P: En el futuro dictamen del Pacto, ¿se incluirán medidas contra la violencia digital?

El ámbito digital puede coincidir que sea también tu espacio de refugio, por lo que la violencia allí no cesa, es permanente. Por ello, tenemos un reto muy importante. Quizá no es que sean violencias específicas, pero todavía no tenemos un abordaje suficiente como Estado. Además, tenemos un reto en la violencia vicaria, la económica y la protección de las madres protectoras, que están siendo criminalizadas por protegerse a sí mismas y a sus hijos frente a la violencia machista.

P: ¿Por qué los jóvenes reproducen patrones machistas?

Nuestra sociedad, por desgracia, sigue siendo machista y, por tanto, los jóvenes y las jóvenes viven esa realidad. Además, desde hace un tiempo, se están normalizando los discursos negacionistas y eso evidentemente tiene repercusión en el conjunto de la sociedad. Pero no soy partidaria de decir que los jóvenes están peor que el resto, y cada vez hay más jóvenes que se declaran feministas. Pero, efectivamente, tenemos un trabajo que seguir haciendo para acercarnos por medio de los canales de comunicación que la gente más joven usa y sin ningún paternalismo. Yo creo que ellos y ellas son quienes nos pueden también expresar de una forma muy crítica qué cosas no funcionan y qué cosas hay que hacer para erradicar las violencias.