Vox arrastra al PP en violencia machista: le arranca el compromiso de una ley de violencia intrafamiliar

El PP les prometió a sus votantes durante la campaña electoral de

Castilla y León

que la lucha contra la violencia de género era un compromiso prioritario e incuestionable y que aprobaría una nueva ley de atención integral a mujeres maltratadas. Los programas, la hemeroteca lo sabe, suelen ser papel mojado. El acuerdo de Alfonso Fernández Mañueco con Vox para gobernar a castellanos y leoneses no hace ninguna mención a la violencia de género y avanza que se aprobará una ley contra la violencia intrafamiliar y que se actualizará la normativa vigente para mejorar la atención a víctimas, no sólo a las que son mujeres.

La pregunta que tendrá que responder el Partido Popular es si ese pacto implica la derogación de la ley autonómica contra la violencia de género, exigencia y promesa electoral del partido de extrema derecha. Fernández Mañueco aseguró que no daría un paso atrás en la lucha contra el maltrato machista y afirmó en su programa electoral que ese compromiso se mantendría mientras existiera una sola víctima de violencia de género.

En el acuerdo de gobierno hecho público este jueves, PP y Vox hablan de una "ley contra la violencia intrafamiliar" y de que actualizarán "la normativa vigente" en materia de protección a las víctimas: "Menores, mayores, mujeres, personas con discapacidad o personas vulnerables, y con especial énfasis en el medio rural, garantizando la igualdad". 

El negacionismo de la violencia de género es uno de los pilares de la acción política del partido de Santiago Abascal, que incluso llevó al Congreso de los Diputados una proposición para derogar la ley nacional contra la violencia machista. Ahora, intentará lo mismo con la ley autonómica de Castilla y León, en esta ocasión formando parte del gobierno de la región y siendo clave para la permanencia del PP al frente del ejecutivo autonómico.

Este punto supuso un conflicto durante la campaña electoral: Juan García-Gallardo (Vox) prometió la derogación de la norma y Fernández Mañueco reiteró que eso jamás sucedería.

El PP incluyó en su programa una nueva ley de atención a las víctimas de violencia de género que tipificara nuevas formas de violencia contra la mujer como son la digital y la vicaria, reformar y modernizar los centros de acogida para mujeres, aumentar las ayudas a los huérfanos de la violencia de género y poner en marcha un programa piloto para atender a las víctimas de agresiones sexuales especialmente vulnerables.

A nivel nacional, los populares formaron parte de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y han apoyado durante esta legislatura numerosas iniciativas parlamentarias en las Cortes para proteger a las mujeres.

Al borde de la renovación de su cúpula, el pacto de Mañueco con la extrema derecha es el primer acto en firme de la nueva etapa, previsiblemente liderada por Alberto Núñez Feijóo. Pese a haber sido aclamado por su perfil moderado, este jueves no ha dudado en avalar el acuerdo. "Mañueco acaba de evitar un pacto electoral", ha afirmado, subrayando la "responsabilidad" del presidente castellanoleonés y criticando al PSOE por no haber facilitado el gobierno en solitario de los populares.

La educación también forma parte de la negociación con Vox

Además de la ley de violencia intrafamiliar, entre las 32 medidas pactadas, el partido de extrema derecha ha arrancado al PP el compromiso de imponer un modelo educativo "libre de adoctrinamiento ideológico" que garantice el derecho inalienable de los padres a decidir la educación de sus hijos. 

Sin precisar los términos, esta fórmula resuena al denominado pin parental. Vox está en contra de la educación afectivosexual y de la educación en igualdad que combata la violencia de género desde las edades más tempranas.

El pin parental ya conllevó un duro conflicto dentro de la derecha cuando Vox intentó imponerlo en Murcia. Entonces, el Gobierno central reaccionó, con Isabel Celáa a la cabeza como ministra de Educación y Formación Profesional, llevándolo a la justicia por considerarlo inconstitucional. La iniciativa se paró y el Tribunal Superior de Justicia de Murcia lo archivó en pleno verano.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez aseguró que seguiría "muy vigilante" en futuros acuerdos PP-Vox para garantizar que no se vulneren los derechos y las libertades de los niños y las niñas.