La reforma laboral pone contra las cuerdas el día a día de los concellos gallegos

La aprobación de la reforma laboral ha encendido las señales de alerta en los municipios gallegos, pues la nueva legislación suprime los contratos temporales por obra o servicio, que constituyen la modalidad “más habitual” en la administración local, al margen de los funcionarios y personal laboral. “De ahí que su desaparición produzca cierta incertidumbre”, reconocen desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Todavía no se ha cerrado la polémica sobre la aprobación de la modificación de la reforma laboral del PP que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos blande como una enmienda a la totalidad cuando mantiene varios aspectos de la norma impulsada en la época del popular Mariano Rajoy, pero ya se analizan sus consecuencias.

El Ejecutivo pretende reducir la temporalidad laboral. Por ello, anula los contratos temporales por obra o servicio, aunque la afectación a la administración autonómica en servicios como la sanidad o la educación queda cubierta porque se permiten las sustituciones por bajas.

Las administraciones locales están inquietas. Cuentan con 28.178 trabajadores, según el último boletín estatal de empleo público correspondiente al pasado mes de julio. No existe desglose por categorías laborales, aunque fuentes municipales insisten en las grandes diferencias existentes entre grandes y pequeños concellos.

Parte del problema radica en las dificultades de la administración local para contratar personal en caso de suprimir los contratos temporales, pues la tasa de reposición permite contratar un 110% para cubrir las vacantes de la época de austeridad, pero existen dificultades para contratos puntuales, según fuentes locales, y evitar consolidación de plazas.

CSIF aclara que hay empleados que siguen en su puesto tras vencer sus contratos

Para aclarar la situación, la Fegamp traza un plan de actuación con dos vertientes: la política y la técnica. En el primer caso, aboga por impulsar reuniones de las administraciones de toda España y los sindicatos para “analizar las novedades y efectos que a nivel normativo incorpora la reforma laboral” y estudiar las opciones existentes para “la gestión de recursos humanos y prestación de servicios de las entidades locales”, explican desde el órgano presidido por el socialista Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía. En el segundo, ha iniciado la elaboración de un informe que revelará en breve para conocer la situación de temporalidad laboral en los concellos, que ya han comenzado a enviar datos a la patronal municipal. De esta radiografía podrán colegirse las medidas a tomar.

Los concellos cuentan con tres cuestiones claras sobre la mesa. Los contratos vigentes se mantienen hasta su extinción, los que se firmen hasta el 30 de marzo serán “temporales por circunstancias de la producción” y por un plazo máximo de seis meses y, a partir de entonces, los empleados para tareas estacionales pasarán a ser “fijos discontinuos”.

El sindicato CSIF matiza la postura de la Fegamp. Su responsable de administración local, Alfonso Espiña, explica que los contratos por obra no son mayoritarios, sino que existe un problema con personal temporal que sigue en su puesto tras finalizar el plazo de su vinculación. “Se trata de un fraude. Se ha abusado de esta temporalidad a través de estos contratos y la justicia europea ha dicho que no puede seguir así”, expone. “Si en tres años una plaza vacante no se cubre, debe convocarse”, añade tras celebrar que se ataje la temporalidad para beneficiar a los empleados.

El sindicato CIG declinó responder a este periódico sobre los efectos de la reforma laboral, cambio apoyado por CCOO y UGT. También se solicitó a la Xunta su opinión sobre el efecto sobre la administración autonómica, pero no respondió.

El Gobierno saca adelante la reforma laboral por un voto y sin el apoyo de sus socios