TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Los propietarios de Isla de Valdecañas creen que la suspensión cautelar es "un indicio muy importante"
Ecologistas en Acción lamenta que "los alojamientos turísticos residenciales, que no son viviendas" tengan más garantías que la protección del medio ambiente
La última decisión del Tribunal Constitucional no ha pillado por sorpresa a nadie, pero cada uno se la ha tomado de una manera distinta. Entre los propietarios de las casi 200 villas del complejo Marina Isla de Valdecañas (Cáceres) se respiraba ayer alegría, aunque sea una decisión temporal, de momento. "Estamos muy contentos, era lo que esperábamos todos. Aunque el Constitucional no ha resuelto definitivamente el asunto, la suspensión es un indicio muy importante para la siguiente decisión", valora Luis Díaz Ambrona, el letrado de la mayoría de los propietarios de la isla.
¿Quiere decir que los recursos podrían tener el mismo resultado? "Es una posibilidad, pero en principio si acuerdan la suspensión es porque están planteando o estudiando que los recursos de amparo también puedan ser estimados", asegura el abogado, que reconoce que habría preferido que la decisión tomada ayer hubiera sido unánime por los magistrado del pleno y no tan ajustada, pero confían en que todavía hay partido para Marina Isla de Valdecañas.
La suspensión cautelar también era lo esperado también para la organización Ecologistas en Acción, cuyo recurso derivó en la sentencia del Supremo que obliga a la demolición total del complejo cacereño. "Parecía lógico que si se admitían los recursos, se admitieran también las medidas cautelares, sobre todo cuando hay edificaciones de por medio", señala José María Trillo, abogado de la organización ecologistas.
No obstante, a su juicio, esta suspensión no tiene por qué ser el precedente de la estimación de los recursos pendientes y destaca la falta de consenso entre los magistrados. "Tenemos que analizar el auto cuando nos lo notifiquen para ver si el tribunal se está excediendo en el ejercicio de sus funciones", señaló.
Asimismo, el abogado lamenta esta decisión: "Me parece desolador que el mantenimiento de los alojamientos residenciales en un resort de lujo, porque no son viviendas, vaya a tener mayores garantías que la protección del medio ambiente". Y esta era una de las alegaciones de la organización ecologistas, que siguen insistiendo en que estos chalés constan como alojamientos turísticos en el PIR de Valdecañas, "no como viviendas".
Ecologistas en Acción no descarta acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea e incluso llevar el asunto a la propia Comisión Europea, "que tendría que tomar cartas en el asunto" si el Constitucional mantiene el complejo de Isla de Valdecañas en pie tras las sentencias judiciales que ordenan su derribo.
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