CONFERENCIA EPISCOPAL

La Iglesia acusa al Gobierno de “utilizar” el aborto para “desviar” su “crisis política”

  • Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, dice que el Gobierno usa el aborto para desviar su "crisis política"

  • Omella liga la inminente aprobación de la nueva ley de interrupción del embarazo con el escándalo de Pegasus

  • El presidente de los obispos evita tomar partido en el debate territorial en Cataluña: “Son opciones políticas, de cada uno”

La Iglesia acusa al Gobierno de “utilizar” el aborto para “desviar” su “crisis política”
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Juan Ruiz Sierra

Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, se ha comportado este viernes de forma “maliciosa”, según ha reconocido él mismo. Ante la nueva ley del aborto, que el Gobierno quiere aprobar el próximo martes, el también arzobispo de Barcelona ha argumentado que el verdadero motivo de que esta norma vaya a salir ahora adelante se encuentra en un asunto que nada tiene que ver con la interrupción del embarazo: Pegasus, el programa informático que ha servido para que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) espiase a dirigentes independentistas, incluido el president de la Generalitat, Pere Aragonès, llevando las relaciones entre el Ejecutivo y ERC a su peor momento en esta legislatura.  

“Y yo me pregunto, y esta es una pregunta maliciosa, de cura de pueblo: curioso que saquen este tema en un momento de cierta crisis política, a lo mejor es para desviar la atención de otros temas que son importantes. Y esto es utilizar temas morales para temas políticos”, ha señalado Omella, nacido en Cretas (Teruel) en 1946, durante una conferencia en Madrid organizada por Nueva Economía Forum.

La ley del aborto, que Igualdad lleva preparando desde hace más de medio año, incorpora dos novedades respecto a la regulación actual, basado en un sistema de plazos, como en la amplia mayoría de los países europeos. 

Por un lado, restituye la posibilidad de que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo sin contar con el permiso de los padres, a quienes no tendrán por qué informar, una medida que derogó el PP en 2015. “A mí me parece una barbaridad. Los padres tienen algo que decir. Para votar, es a partir de los 18 años. Y para una decisión tan seria, a partir de los 16. Estamos tocando temas muy delicados”, ha dicho Omella. 

Por otro, la ley, al menos en su anteproyecto, regulará la objeción de conciencia de los médicos de forma similar a lo que recoge la norma sobre la eutanasia, que establece la obligación de crear registros de objetores, como vía para que se practiquen más abortos en la sanidad pública que en la privada, donde en 2020, último año sobre el que hay datos, se realizaron el 87,25% de estas intervenciones. “Ayudemos a los médicos, no les obliguemos. Pueden ser objetores de conciencia”, ha reaccionado Omella.

Una actitud más conciliadora

Pero el presidente de los obispos ha mostrado una actitud hasta cierto punto conciliadora con el Gobierno, alejada de los mensajes que solían transmitir antecesores suyos, como Antonio María Rouco Varela. Omella ha dejado claro que su intención es seguir manteniendo unas "buenas relaciones" con el Ejecutivo, que en los últimos tiempos se han materializado en pactos como el de las inmatriculaciones, el anómalo sistema que permitió a la Iglesia Católica quedarse con la propiedad de cualquier inmueble sin aportar documento alguno. Los obispos registraron por esta vía, una excepción en el contexto europeo, 34.961 inmuebles entre 1998 y 2015. El pasado 24 de enero, Omella y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchezsellaron un acuerdo por el que la Iglesia reconoció que al menos 912 de esos bienes (apenas el 2,86% del total) eran de titularidad dudosa.  

“Nosotros, como Iglesia, tenemos que mantener unas buenas relaciones con todas las instituciones. No hay otro camino que pactar por el bien de la sociedad. Desgraciadamente, hemos polarizado tanto la sociedad que a veces vamos enfrentados, a ver quién gana y quién pierde. Así que haga lo que haga el Gobierno, nos tenemos que entender y pactar por el bien común”, ha insistido el arzobispo de Barcelona, que también ha mostrado un tono muy distinto al de alguno de sus predecesores cuando le han preguntado por el independentismo en Cataluña.

Rouco siempre dejaba clara su defensa de la “unidad de España”. Omella, en cambio, ha insistido en que no debe posicionarse en un asunto que corresponde “al pueblo y los poderes públicos”, ha dicho. “Lo nuestro es anunciar el Evangelio. La casa de Dios debe ser un lugar inclusivo. En Cataluña hay muchísimos que vienen a misa que tienen una idea de independencia y otros que no. El cura no puede tomar partido. Son opciones políticas, de cada uno”, ha concluido el cardenal. 

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