La Diputación de Alicante rechaza el recorte del trasvase Tajo-Segura con la abstención de PSOE y Compromís

La Diputación de

Alicante

El Gobierno certifica el recorte del trasvase Tajo-Segura a falta del trámite del Consejo de Ministros

 rechaza el recorte del trasvase Tajo-Segura, tras el aumento del caudal ecológico del río en el plan de cuenca aprobado por la Confederación del Tajo. La moción del PP en defensa de esta infraestructura vital para el campo alicantino se ha aprobado con los votos a favor de los populares y de Cs y la abstención del PSOE y Compromís.

El texto insta a la Generalitat Valenciana a sumarse a un frente común para defender la infraestructura que riega y da de beber a buena parte de la provincia. Censuran este "ataque" que, añaden, viene a confirmar "desgraciadamente" la que aseguran es la hoja de ruta del Gobierno de Pedro Sánchez de "acabar injustificadamente" con esta infraestructura. Y acusan al presidente de la Generalitat, al socialista Ximo Puig, de "inacción", "desinterés" y "pasividad" en la defensa de los intereses hídricos de la provincia de Alicante.

Precisamente, las alusiones a Sánchez y a Puig han sido lo que ha generado controversia en la bancada socialista. El diputado del PSOE, Joaquín Hernández, pidió a los populares quitar las referencias al Gobierno de España y a la Generalitat para dar su aprobación a la moción, lo que no aceptaron los de Carlos Mazón. Hernández leyó la moción institucional que los socialistas pretendían que sustituyera a la iniciativa del PP en defensa del trasvase, que incidía en el grave perjuicio que supone la disminución de caudales y pedía recular al ejecutivo de Pedro Sánchez, pero obviando las referencias políticas que tiene la decisión ejecutada por el Gobierno.

En el acuerdo, la Diputación exige al Gobierno que no recorte el caudal de agua en el trasvase y reivindica la vigencia de la infraestructura para el desarrollo y progreso del levante español. Además, insta al Consell a ir de la mano en su defensa y que se posicione en contra del aumento de los caudales ecológicos del Tajo, que suponen una reducción del trasvase de 105 hectómetros cúbicos al año.

El texto impulsado por los populares critica la "pasividad y desinterés" del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la defensa de esta infraestructura. La vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha denunciado que el aumento de los caudales ecológicos del Tajo, aprobado este martes por la Confederación Hidrográfica de esta cuenca, supondrá la pérdida de 27.314 hectáreas de cultivo y más de 6.000 empleos, sólo en la provincia de Alicante. 

Serna ha criticado que esta decisión, que se consumará el martes en el Consejo de Ministros, "es meramente política y no responde a criterios técnicos", y ha vuelto a advertir que la intención de sustituir el agua trasvasada por agua desalada tendrá un sobrecoste para los regantes y los municipios y supondrá "una hipoteca energética y medioambiental". 

La diputada del PP se ha referido a los recursos de la Generalitat en contra del recorte del trasvase, pero para criticarlos. "No sé si lleva 80 o 200, pero sólo son un lavado de cara", ha señalado. Además, ha echado en cara al Ejecutivo central que no haya elaborado informes para comprobar las tremendas consecuencias económicas y sociales de esa decisión, como sí ha hecho la Diputación, que cifra una pérdida patrimonial de 5.327 millones de euros (1.366 por el regadío activo y 3.961 de lucro cesante), además de 6.000 empleos sólo en la provincia. "Si el presidente de la Generalitat hubiera hecho sus deberes, ahora podría quejarse. Sin embargo, ha consentido que la ministra venga a nuestra tierra a decir que aquí hacemos un mal uso del agua", ha censurado.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, ha respaldado la moción a favor del trasvase Tajo-Segura y ha reivindicado la necesidad de defender esta infraestructura con todos los mecanismos legales "a nuestro alcance" para asegurar "la prosperidad de la provincia". El también diputado de Infraestructuras ha tildado de "castigo" la política de recortes de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Además, ha criticado ha responsabilizado al Gobierno de "arruinar" a los agricultores alicantinos, "a pesar de su gran peso en nuestro país". Entre sus propuestas, destaca un plan de ayudas a disposición de las cuencas deficitarias que permita el desarrollo sostenible de recursos propios y la creación de un organismo nacional regulador del agua.

Desde la oposición, tanto PSOE como Compromís han mostrado su rechazo al recorte del trasvase, aunque no han querido dar su apoyo al texto del Grupo Popular, a quien han acusado de "hacer partidismo" con el tema del agua. Así, el diputado del PSOE, Joaquín Hernández, ha lamentado que el PP "desentierre de nuevo el hacha de guerra del agua". "Nosotros queremos que haya agua para siempre y de calidad", ha añadido, "defendiendo los intereses de los agricultores", pero fuera de la visión política.

Por su parte, el portavoz e Compromís, Gerard Fullana, ha recordado que "uno de los motivos esenciales para este recorte es que Madrid no depura el agua del Tajo. Es una hipocresía", ha dicho a la bancada popular. Y ha lamentado que no se alcancen acuerdos unánimes con temas sensibles como este. "Perdemos (los políticos) mucha credibilidad", ha zanjado.