INVESTIGACIÓN

Las víctimas de los canteranos del Madrid señalan unas repercusiones "terroríficas"

Las denunciantes intuían que estaban siendo grabadas, pero pensaban que los investigados habían borrado el vídeo

Una vista del estadio Santigo Bernabéu, en una imagen de archivo.

Una vista del estadio Santigo Bernabéu, en una imagen de archivo. / EFE

Benyara Machinea

Las víctimas del caso de los canteranos del Real Madrid han declarado este viernes en el Juzgado de Instrucción número tres del municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana. La mayor de edad mantuvo su versión, según su letrada, por la que "intuía que le habían grabado" un vídeo de contenido sexual, pero pensaba que los investigados habían borrado el contenido -porque así se lo dijeron- hasta que un testigo le informó de que estaba circulando por distintos grupos. Su abogada, Margarita Alejo, señaló el estado "delicado" en el que se encuentran las dos damnificadas, con unas repercusiones que describe como "terroríficas".

El juez instructor, Julio Wood, ha practicado una exploración de la menor de edad a puerta cerrada, sin la presencia de los abogados. Después han pasado dos testigos, que han mantenido sus versiones iniciales, por las que señalan que los cuatro jugadores del Real Madrid Castilla (el segundo equipo del club) y del Real Madrid C están implicados en la difusión del vídeo sexual.

Las dos afectadas han recibido apoyo de distintas entidades, que les han acompañado para gestionar todo lo ocurrido. "Aunque mi cliente sea mayor de edad, no deja de tener 18 años", declaró Alejo a las puertas de los juzgados. La letrada describe que su defendida estaba "muy tranquila" en el momento de su declaración y califica que sus afirmaciones han sido concisas y contundentes. "Es una chica muy seria y no ha habido ninguna fisura", añade.

A las primeras imputaciones que el juez instructor investiga sobre los jugadores citados, por revelación de secretos, se suma una segunda que solicitó la Fiscalía por un posible delito de pornografía infantil, al poseer y compartir imágenes de contenido sexual de una menor de edad. La abogada de la acusación particular asegura que ayer se notificó a las partes de esta nueva tipificación, como adelantó la Cadena Ser. Este tipo de delito comprende penas de entre uno y cinco años de cárcel, en función de lo que determine el juez.

También se ha desestimado el recurso interpuesto por una de las defensas, que pedía que se paralizara el volcado de los teléfonos móviles para estudiar su contenido. El juez ha mantenido que es necesario practicar esta medida para revelar si el vídeo en cuestión fue difundido a través de las redes sociales.

Defensa de los investigados

La defensa de Raúl Asencio, el jugador grancanario, fue la que solicitó que se paralizara este proceso al considerar que el canterano es inocente. "Nuestro representado no estaba en el lugar de los hechos, no grabó, no difundió y hemos solicitado al juez instructor en varias ocasiones que cierre la causa para nuestro defendido", sostiene su letrado, Juan Gonzalo Ospina.

El abogado solicitó una vez más al juez instructor que Asencio dejara de ser investigado, pues entiende que "no hay indicios de criminalidad como para sentar a una persona en el banquillo y hacerle tener que declarar el ocho de noviembre". "Consideramos que no todo vale en un estado de derecho y más con las garantías que existen en España. Por lo tanto, que accedan al terminal de un ciudadano, sea quien sea, de manera absolutamente arbitraria y prospectiva y puedan ver todas sus imágenes y sus conversaciones en redes sociales, consideramos que atenta contra la intimidad", añade Asencio.

El jugador grancanario se encontraba en el recinto hotelero de Mogán junto a los otros tres investigados y está imputado porque un testigo señala que le enseñó en su móvil el vídeo sexual en el que aparecían las víctimas. Los otros tres participaron en las relaciones sexuales con las dos denunciantes, como reconocen ambas partes, las cuales fueron consentidas. Lo que se investiga, en cualquier caso, es la grabación y la difusión de las imágenes pese a la negativa de las dos mujeres, siendo una de ellas menor de 18 años.