Las autonomías frenan el 'reparto' reglado de menores migrantes

Las reticencias que muestran distintas comunidades autónomas, como Madrid, Galicia, Murcia, Baleares o La Rioja, para acoger a los menores migrantes que llegan a las costas de Canarias en cayucos o pateras están frenando la puesta en marcha de un protocolo para el reparto equitativo entre las regiones de estos chicos y chicas. 

Tanto las islas, como Andalucía o Ceuta tienen que asumir en solitario el cuidado de estos menores por el simple hecho de que son los territorios fronterizos por donde acceden a España. El Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra (Unidas Podemos), se comprometió a elaborar una estrategia para la distribución solidaria e integración de estos niños y niñas extranjeros no acompañados en función de la población, la situación económica, la renta y la tasa de paro de las comunidades.  

En respuesta a una pregunta escrita formulada por el senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, la ministra Belarra reconoce que el plazo para la aprobación de esta estrategia de reparto que se marcó en el Consejo Territorial expiró el pasado 25 de julio y aún no ha elaborado el protocolo. 

Desde el Gobierno de Canarias, la principal comunidad afectada por la llegada de migrantes menores, se justifica este retraso en las reticencias que están poniendo las comunidades autónomas para acoger a los chicos, aunque indican que se sigue negociando para intentar llegar a un acuerdo. 

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, también de Unidas Podemos, expone que la negativa a albergar a los menores migrantes de forma reglada es una cuestión incluso independiente a los partidos, porque, por ejemplo, "hay comunidades como Madrid y Galicia, que son del PP, que no quieren el protocolo y otras, como Andalucía y Ceuta, de la misma formación, que sí lo aceptan", precisa. "Lo que no se entiende es que Madrid, con una población de seis millones de habitantes, tenga a 250 menores en custodia, y Canarias a 2.600 con una población de dos millones", cuestiona Santana.

La solidaridad mostrada por algunas comunidades es "totalmente insuficiente", recalca. Según los datos de la Consejería, solo se han derivado 166 menores (25 a Castilla y León; 25 a Extremadura, 15 a Navarra, 43 a Cataluña, 18 a Valencia, 6 a Castilla La Mancha, 20 a Aragón y 14 a Galicia). En estas semanas se producirán traslados a Asturias (8) y Cantabria (10). 

El Gobierno de Canarias se gasta entre 60 y 70 millones anuales de su presupuesto en el cuidado de los menores extranjeros no acompañados y, ante la falta de solidaridad territorial, reclama que por ley se obligue a las comunidades a ser corresponsables en el cuidado de los chicos, de modo que todo el peso no recaiga en el territorio al que lleguen. 

Solidaridad obligatoria

En este año, el Ministerio quiso incentivar a las comunidades para que albergaran a menores migrantes con 27 millones de euros. En 2022 ha aumentado la cantidad a 35 millones en el proyecto de presupuestos estatales para ver si se animan y en paralelo avanzar en el protocolo. 

El senador canario de CC Fernando Clavijo reprochó en este sentido al Ministerio de Derechos Sociales que siga "lavándose las manos, incumpliendo su compromiso de poner en marcha una estrategia para la distribución solidaria". Ione Belarra admite que ha incumplido el plazo, pero hace referencia a los 10 millones transferidos en diciembre de 2020 a Canarias para la atención y acogida de los menores no acompañados.