La huelga de la inspección deja sin control el decreto de Trabajo en la primera gran ola de calor

La gran ola de calor que estrena el verano en España se ha topado con la primera huelga indefinida del país en Inspección y Seguridad Social. Ese paro convocado en todo el país, por el incumplimiento de las mejoras pactadas en 2021, complica el control de la aplicación del decreto aprobado por el Ministerio de Trabajo el pasado mayo y que regula las medidas obligatorias durante las jornadas laborales para prevenir golpes de calor. Desde el Ministerio de Yolanda Díaz aseguran que se han fijado “unos servicios mínimos que atienden urgencias y actuaciones” en las que se requiera la presencia de inspectores. Este domingo, según confirmó la Consejería andaluza de Salud, se registró una primera muerte por un golpe de calor de un hombre de 47 años, con patologías previas, que trabajaba en el campo en el municipio de Aznalcóllar (Sevilla).

El decreto que entró en vigor el pasado mayo deja en manos de las empresas el cumplimiento de las medidas regulatorias para prevenir accidentes por golpes de calor. Es el delegado sindical de cada empresa el que debe recurrir a la inspección si no se cumplen las medidas. La norma fija que en 24 horas el inspector deberá personarse y tomar medidas que pueden ir desde sanciones a partir de 6.000 euros hasta un millón de euros y la paralización total de la actividad. Los sindicatos admiten que la huelga de la inspección merma efectivos pero animan a hacer cumplir el decreto ley.

Se trata de reglar la actividad ante olas de calor que activen, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta roja o naranja. Estamos en ese caso en distintos puntos de la geografía española, sobre todo Sevilla, Córdoba, Jaén, pero también Extremadura o algunos puntos de Castilla La Mancha. Este martes, la candidata de Sumar y ministra de Trabajo se reúne con activistas climáticos, científicos y personas trabajadoras afectadas por las olas de calor.

José de las Morenas, secretario de Política Sindical e Industrial de UGT Aragón, fue uno de los representantes del sindicato que negoció ese decreto y hace un llamamiento a que se cumplan las medidas obligatorias que deben adoptarse ante alertas naranja o roja por altas temperaturas. La principal es regular la jornada de trabajo para evitar la exposición a las franjas horarias donde los termómetros indiquen los picos más altos. “Se trata de medidas preventivas para evitar ese impacto y se puede incluso llegar si es necesario a paralizar la actividad”, explica. El año pasado se registraron en España seis muertes en el tajo relacionadas directamente con golpes de calor y más de once personas sufren secuelas graves. El primer caso en la gran ola de julio fue el de un repartidor de publicidad, el segundo el de un operario de la limpieza en la empresa municipal de Madrid. “Son medidas técnicas y organizativas que tienen que cumplir las empresas, desde regulación de horarios hasta cambios en la indumentaria, con ropas adecuadas para combatir el calor, colores claros y tejidos frescos, o la obligación de garantizar la hidratación con agua fresca durante la jornada o proporcionar protección solar”, explica el responsable de UGT. Las medidas de obligado cumplimiento las tiene que adoptar la empresa y existe una responsabilidad ‘in vigilando’ del empresario, aunque si no se están cumpliendo debe intervenir de urgencia la inspección de Trabajo. En ocasiones además se obliga a modificar las ordenanzas municipales, para adaptar por ejemplo los horarios de determinadas actividades como obras.

102.000 cartas

El Ministerio ha enviado este año en todo el país más de 102.000 cartas en sectores donde la actividad se realiza al aire libre: la agricultura, la construcción, la recogida de residuos, el reparto, la hostelería, etc. En Andalucía se han enviado más de 23.000 misivas. Además el Ministerio sostiene que la Inspección no ha esperado la ola de calor para actuar y lleva “más de 4.000 órdenes de servicio”.

Al margen de lo que regula este decreto pionero de obligado cumplimiento en todo el país hay dos sectores que llevan ya años imponiendo medidas a través de la negociación colectiva. En el caso de la agricultura el convenio rige para todo el país e impone jornada de trabajo de siete horas, desde las siete de la mañana a las dos de la tarde, para evitar las horas de más calor. El incumplimiento, admiten desde UGT, es mayor que en otros sectores que se han convertido en una referencia como el de la construcción. De eso sabe mucho Juan Antonio Castro, secretario general del sector de la construcción e industria de UGT Sevilla, responsable del primer convenio que se firmó en 2000, hace ya 23 años, con la patronal de la construcción Gaesco para imponer la jornada intensiva en los meses más calurosos. Hoy, un modelo de referencia. Justo este lunes ha entrado en vigor el horario de verano. Las obras en toda la provincia de Sevilla se limitarán de 7.30 a 14.30. Con la misma fecha entra en vigor en otras provincias andaluzas como Granada, Jaén y Córdoba. En Huelva rige desde el 15 de junio, el Cádiz entrará en vigor el 3 de julio y en Almería el 31 de julio, según los acuerdos adoptados en negociación colectiva. Solo en Málaga no hay acuerdo. 228.000 trabajadores de la construcción en toda Andalucía se acogerán a esta regulación.

Castro admite que 23 años después de un acuerdo pionero para todo el país con la patronal de la construcción en Sevilla ahora el cumplimiento es muy elevado. “Costó sangre, sudor y lágrimas”, recuerda, pero el año pasado de 65.000 trabajadores en Sevilla “solo se registraron 23 denuncias, un porcentaje ínfimo”. Ahora los incumplimientos del nuevo decreto de Trabajo se registran sobre todo en el sector servicios, donde la regulación es nueva. Las grandes empresas de la construcción cumplen la jornada intensiva a rajatabla y son “las microempresas de tres a cinco trabajadores las que suman los incumplimientos”, señala el portavoz de UGT en Sevilla.

Desde la federación de la construcción ya han empezado las inspecciones a pie de obra, como cada año desde hace dos décadas. “Las empresas ya están más que concienciadas”, asegura, aunque siguen vigilantes. También fueron pioneros en fijar horario intensivo durante la pandemia para evitar que los trabajadores tuvieran que comer en la obra. “Lamentablemente aún queda mucho en prevención de riesgos laborales, con 22 muertos en la construcción en Sevilla en un año negro, 2021, y 16 fallecidos el pasado año”, recuerda Castro, que advierte que en ocasiones “son negligencias del propio trabajador” los que propician estos negros datos.