Reducción de la jornada laboral: así avanza la medida más esperada del Gobierno

La reducción de la jornada laboral es una de las medidas más esperadas por los ciudadanos españoles, que desean tener un poco más de tiempo libre para dedicarse a la familia, amigos o a desempeñar otras actividades. De esta forma, este año se dará un nuevo paso en el camino para eliminar la jornada laboral de 40 horas semanales e implementar la de 37,5 horas semanales en 2025.

Qué significa la reducción de la jornada laboral

Este lunes, tanto sindicatos como empresarios se reunirán junto al Ministerio de Trabajo para seguir discutiendo la reducción de la jornada laboral semanal hasta las 38,5 horas en 2024 y a las 37,5 para 2025, sin pérdida de salarios. Los negociadores de sindicatos y empresarios ya han iniciado dichas negociaciones y están explorando que la reducción de jornada se pueda pactar en cómputo anual porque así es como suele venir recogida en los convenios colectivos.

Por otro lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha dejado claro que la reducción de la jornada sucederá aunque esta no tenga el respaldo de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme.

Reducción de la jornada laboral en 2024

El acuerdo entre PSOE y Sumar contempla reducir la jornada laboral desde las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas para 2025 sin merma salarial. Entre medias, la idea es que en este 2024 la jornada se recorte hasta las 38,5 horas.

Las principales ventajas que se reivindican para esta medida es el gran apoyo recibido por la ciudadanía, tanto de la izquierda como de la derecha, y la mejora de la productividad que vendrá con la nueva jornada. Además, según Trabajo, la reducción de jornada a 37,5 horas beneficiará a más de 12 millones de trabajadores.

Así avanza la reducción de la jornada laboral

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Este próximo martes, Sumar defenderá en el Congreso una iniciativa para reducir la jornada laboral sin pérdida de salario. Esta será la primera votación parlamentaria de esta medida prometida por el Gobierno de coalición, que no tiene el visto bueno de todos los socios de investidura.

De esta forma, todos los grupos parlamentarios tendrán que fijar posición sobre un asunto que en su momento generó discrepancias entre PSOE y Sumar y que finalmente quedó recogido en el acuerdo de Gobierno.