Satisfacción entre los promotores por la reforma de la vivienda protegida en Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid parece dispuesto a desbloquear, casi quince años más tarde, el precio del módulo de vivienda protegida en la región. El módulo es el precio máximo al que se puede vender este tipo de inmuebles, que lleva anclado desde 2008, a pesar de la inflación sufrida en la economía y la imparable subida de los costes de construcción y la mano de obra, especialmente en los últimos dos años y medio.

El Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso se plantea que el incremento del precio máximo al que se podrán enajenar estos inmuebles protegidos oscile entre el 25% y el 35%, según adelantaron varios medios hace unas semanas y han confirmado a este periódico fuentes del sector promotor y de la administración. Este porcentaje de subida está en línea con la inflación acumulada entre 2008 y 2023, que es del 34%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), aunque superior al incremento de los costes de construcción y la mano de obra, que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) cifra en un 26% en la última década y media. Solo teniendo en cuenta el consumo de materiales, en edificación residencial los costes han subido un 57% desde el estallido de la burbuja inmobiliaria.

La petición que realizaron desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) para volver a construir vivienda protegida era que la actualización de los precios máximos dejase de depender de una decisión política. La solución era indexarlo a un índice, probablemente al Índice de Precios al Consumo (IPC), de forma que anualmente el precio del módulo variaría en esa línea. A pesar de que se llegó a especular con que no se indexaría el módulo, finalmente sí se hará, aunque no al citado IPC, sino a otro indicador basado en la capacidad de pago de las familias o del precio de la vivienda, tal y como confirman fuentes próximas a la Comunidad de Madrid. Fuentes oficiales del Gobierno de la región evitan hacer comentarios sobre la norma y señalan únicamente que están trabajando en el desarrollo de la norma.

Carolina Roca, presidenta de Asprima, resalta la importancia de la vinculación a un índice: "En el momento que la actualización del precio del módulo no está vinculado a un índice, se convierte en una decisión política, con un coste. Esto puede provocar que en un año estemos en la misma situación que estábamos hasta ahora. Nosotros pedimos que el mercado de la vivienda protegida sea más transparente y menos intervenido. En esto, el precio máximo es la piedra angular y no puede ser una decisión con un coste político, por sentido común".

Satisfacción con la actualización del precio del módulo

La subida del módulo es siempre una medida controvertida en lo que refiere a la accesibilidad a la vivienda porque encarece el coste de compra del inmueble. Sin embargo, si no se acopla a la realidad de mercado y a los costes de construcción, provoca el efecto contrario, que no se construyen más casas de esta tipología porque a los promotores no le salen los números, que es lo que ocurre hoy en día en la Comunidad de Madrid.

Todas las fuentes entrevistadas se muestran a favor de la subida del módulo que planea el Ejecutivo regional. Desde Asprima exigían entre un 30% y 35%, mientras que las asociaciones de cooperativas pedían únicamente un 20%. Finalmente, será entre un 25% y un 35%, según explican varias fuentes este periódico, dependiendo de la zona. La comunidad autónoma se divide en cuatro, A, B, C y D, dependiendo del dinamismo del mercado inmobiliario. Desde Asprima habían exigido la eliminación de estas, unificando todo en una, pero no está previsto que esto finalmente cambie. "Solo algunos municipios concretos pasarán de B a A, de C a B o de D a B, pero no hará cambios de forma generalizada", precisa el primer espada de una gran promotora nacional, algo que ratifican otras fuentes conocedoras del texto provisional, que por ahora solo ha circulado internamente dentro de la Administración.

Carolina Roca celebra la actualización de precios: "Lo valoramos positivamente. Llevábamos un año reclamando y era algo muy necesario. Hay un montón de inversiones paradas a la espera de la actualización. Es muy importante para la producción de vivienda en venta, pero fundamental para los proyectos de alquiler existentes, como el Plan Vive". Sin embargo, el desbloqueo podría no va a ser inmediato, sino que la tramitación durará, al menos, dos meses, siempre y cuando el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no decida acelerarlo. Desde Asprima critican que esto paraliza proyectos en marcha, que ya esperarán a la actualización para ponerse en marcha.

Reproches por lo tarde que llega la reforma

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Otro de los directivos del sector promotor entrevistado es muy crítico con la forma de trabajar de la Comunidad: "Va tarde con respecto al resto y, sobre todo, respecto a las necesidades del mercado. Lleva muchos meses estudiando esta revisión, pero lo han retrasado sin motivo aparente de interés general. Primero, por el periodo electoral; y ahora, por la investidura de Pedro Sánchez. Casi todas las comunidades han elevado ya el precio del módulo, muchas de izquierdas o nacionalistas, como País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana o Cataluña". En este reproche coincide también la presidenta de la patronal, que resalta que todas las regiones, a excepción de Cantabria, La Rioja, Asturias y Canarias, han actualizado el precio máximo de venta de la VPO.

Este mismo directivo recalca que la subida programada "parece muy razonables y va en línea con el notable incremento de los costes de construcción que ha sufrido el sector en los últimos años, sobre todo, desde el inicio de la guerra en Ucrania". Sin embargo, exige que sí o sí se realice la vinculación al IPC: "La actualización de los módulos de la vivienda de protección debería ser el primero de los muchos pasos que pueden dar las administraciones para facilitar el acceso a una vivienda a toda la sociedad. En este sentido, lo ideal sería establecer un índice de revisión anual automático, al igual que los costes se ajustan al IPC. Los proyectos residenciales, también los de vivienda de protección, requieren de una elevada inversión y, por tanto, de la certidumbre que daría este indicador".