DEBERES DEL SIGUIENTE EJECUTIVO
Los retos económicos del próximo Gobierno: fondos europeos, déficit y retirada de ayudas
El Gabinete que salga de las urnas el próximo 23 de julio deberá afrontar tres desafíos procedentes de Europa
Archivo - Banderas europeas ondeando frente al edificio de la Comisión en Bruselas.
La convocatoria por sorpresa de elecciones generales el próximo 23 de julio tras la debacle del PSOE en las autonómicas y municipales de este domingo pone sobre la mesa los retos que, en el plano económico, debe afrontar el próximo Gobierno (sea el que sea) que salga de las urnas. Más allá de las leyes que, en el plano interno, sean cambiadas, impulsadas o derogadas, los tres grandes desafíos proceden de Europa.
1.- Acelerar la ejecución de los fondos europeos
Estaban, y deberían estar, destinados a ser el gran motor dinamizador de la economía española tras la pandemia. Unos 144.000 millones de euros procedentes de Europa, de los que 69.000 millones son a fondo perdido y el resto créditos en condiciones muy ventajosas a pagar en 2058. Pero el caso es que la queja habitual entre las empresas, tras dos años de su puesta en marcha, es que estos fondos no están llegando ni calando en la economía. A grandes rasgos, de los 23.500 millones transferidos hasta ahora a España, sólo se han adjudicado 9.111 millones, según datos del Gobierno a finales de marzo. Y es más, aún no se ha solicitado ni un euro en créditos de los 84.000 millones disponibles. ¿Las razones? Se resumen en exceso de burocracia. Por poner dos ejemplos, de los 6.800 millones presupuestados para la rehabilitación de edificios, sólo se han resuelto (adjudicado) 1.550 millones a finales de marzo; y de los 6.000 millones presupuestados para la red nacional y transeuropea de transporte ferroviario sólo se han resuelto 2.600 millones.
Las mejoras en la adjudicación del dinero europeo quedarán para el próximo Ejecutivo que, eso sí, como exige la UE, tendrá que adjuntar una lista de las reformas que está dispuesto a hacer para que se los concedan. Y tendrá que hacerlo sabiéndose mirado con lupa. La presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, ha criticado con dureza la gestión de estos fondos por parte del Gobierno actual.
2.- Cumplir el Pacto de Estabilidad en 2024
Tras los últimos años, en los que se ha hecho la vista gorda con el gasto y la deuda por la pandemia, llega el momento de cumplir. Europa ya ha dicho que es imprescindible volver a respetar el Pacto de Estabilidad y crecimiento (PEC) es decir, básicamente que el déficit público debe volver al 3%, frente al 4,8% en que cerró 2022. ¿Es factible? El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez y dirige en lo económico Nadia Calviño no sólo lo han visto posible, sino que envidaron prometiendo que ese 3% se alcanzaría en 2024, un año antes de lo previsto, aunque cabe recordar que el Banco de España ha pedido que los ajustes se acometan ya, en este mismo ejercicio. Esta bajada de 1,8 puntos equivale a un ajuste de 23.000 millones que el Gobierno pretendía hacer no tanto por la vía del recorte de gastos, sino por la vía de más ingresos. Para ello contaban con los ingresos extraordinarios que, otra vez, aportará una inflación muy elevada. Recordemos que en 2022 esos ingresos extra sumaron 30.000 millones a las arcas públicas.
Pero los principales organismos económicos no acaban de creerse este optimismo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido ya de que el déficit acabará este año en el 4,2%, frente al 3,9% estimado por Moncloa, lo que complica alcanzar el reto de un déficit al 3% en 2024.
Noticias relacionadasRespecto a la deuda, ahora cercana al 115%, nadie, ni siquiera el tándem Sánchez-Calviño, piensan en llegar en 2024, ni en 2025, al 60% de deuda sobre PIB que contemplan las reglas fiscales. Hay que recordar que la Unión Europea trabaja en una modificación de las exigencias, de manera que lo que cuente aquí sea que los Estados con una deuda muy alta garanticen que tienen planes para que se reduzca lo suficiente.
3.- Gestionar la retirada de estímulos y ayudas contra la inflación
Expedientes de regulación temporal de empleo (Ertes), ceses de actividad, subvenciones al gasóleo profesional, descuentos en tren, en el recibo de la luz... La lista de ayudas y estímulos para combatir la inflación y sus efectos en el bolsillo de los ciudadanos es extensa todavía. Algunas fuentes cercanas a Economía calculaban en 37.000 millones el impacto de estas medidas. Pero en realidad, la gestión de su retirada, como ha solicitado Bruselas, impactará sobre todo a nivel social y político en el próximo Gobierno, que deberá afrontar el desgaste de ir retirando ayudas como la de la reducción del IVA de la luz y del gas, que este año provocará una merma de ingresos de más de 3.000 millones, o de la reducción del IVA de los alimentos, que supone 650 millones menos de recaudación. Por no hablar de lo que puede suponer dejar de prorrogar los Ertes y los ceses de actividad, todas ellas medidas encaminadas a proteger un empleo que hubiera roto todos los récords negativos por la pandemia. Recordemos que en 2020 fueron mecanismos utilizados para salvaguardar el empleo de más de 3 millones de personas. Y recordemos también que, pese a ello, España sigue contando con una tasa de paro del entorno del 13%, casi el doble que la media de la Eurozona.
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