Los tres problemas del Gobierno en la aplicación de los fondos europeos

Problemas de seguridad jurídica, falta de efectivos técnicos cualificados para evaluar los proyectos que se presentan, deficiente coordinación en la ejecución… Estas son los principales ‘males’ de fondo que están impidiendo una llegada rápida de los fondos europeos hacia la economía real, lo cual reduce el impacto positivo que tendrán cada año sobre el PIB. De la estimación inicial cercana al 3% que preveía el Gobierno, el Banco de España en sus últimos cálculos ya la rebaja entre dos tercios y la mitad de lo inicialmente previsto (entre el 1% y el 1,5% de aportación al crecimiento anual en los próximos 5 años). Por tanto, un efecto positivo que conforme pasa el tiempo se va diluyendo.

El caso es que existe una gran tensión entre el Gobierno español y el Parlamento Europeo a escasas horas de que aterrice en Madrid la misión de la Comisión de Control Presupuestario de la institución europea con el objetivo de fiscalizar cómo se están ejecutando los fondos europeos del Next Generation EU, como publicó ‘El Periódico de Cataluña’. Los últimos datos reportados por el Gobierno el pasado 16 de febrero correspondientes al cierre de 2022 muestran la cifra de 23.300 millones de euros adjudicados durante todo este tiempo, menos de la mitad de lo presupuestado en ayudas a fondo perdido. De aquí al 31 de diciembre de este año deberían quedar todas las líneas de inversión correctamente adjudicadas y para terminar de desembolsar durante 2024. Aunque todavía faltan diez meses, el riesgo de que no se resuelvan todas las partidas existe dado que no se han resuelto los principales problemas de fondo en la gestión y asignación del dinero europeo que son los siguientes:

1- Inseguridad jurídica

El primer problema de fondo es haber dejado a medias la arquitectura institucional sobre la que se articulan los fondos. Entre finales de 2020 y mediados de 2021, mientras se ponía en marcha de manera efectiva el NextGenEU y se buscaba la aprobación del plan español en Bruselas, el Gobierno creó un sistema fuertemente centralizado con base en el Palacio de la Moncloa tanto para el diseño como el control efectivo de los fondos. Así se plasmó en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública, el cual pretendía “revolucionar” las estructuras administrativas introduciendo cambios de calado en el esquema de contratación pública o en el propio personal para resolver de manera rápida y efectiva cada concurso que se publicara.

Así se actuó durante más de seis meses, en los cuales la oficina de Presidencia ordenó a los Ministerios convocar “manifestaciones de interés” para recibir proyectos tanto privados como públicos, pero sobre una idea perfectamente preconcebida y una orientación política que no sería modificada aun recibiendo inputs distintos por parte del sector privado. En este sentido, los ideólogos de la Moncloa crearon los PERTE como grandes proyectos de transformación económica donde decidieron incluso hasta quiénes lo iban a encabezar sin haber hecho ni siquiera un concurso público previo (el caso, por ejemplo, del vehículo eléctrico).

Sin embargo, este “edificio” se quedó a medias de construir cuando en julio de 2021 la oficina de Presidencia del Gobierno queda descabezada con el cese de Iván Redondo y la salida de la mayoría de los ideólogos de la aplicación de los NextGenEU. A partir de ahí, el sistema se descentralizó repartiendo entre Hacienda y Asuntos Económicos las principales tareas, pero asentadas sobre una arquitectura muy precaria: un decreto-ley convalidado en las Cortes (gracias a la abstención de VOX) tramitándose como proyecto de Ley y que ya entonces acumulaba un número importante de prórrogas del plazo de enmiendas. Y así hasta la fecha de hoy, donde el proyecto ya puede calificarse en “vía muerta”.

Así, el escenario sobre el que se asienta el reparto de los fondos es lo más parecido a un sudoku formado por las especificaciones de la Ley de Contratos del Sector Público, la suspensión temporal del Marco Europeo de Ayudas de Estado, la Ley General de Subvenciones, la Ley del Procedimiento Administrativo y la propia aplicación del RDL 36/2020, lo que está provocando que los funcionarios de alto nivel en las diferentes administraciones (especialmente, en las autonómicas y locales) se vean en situaciones complejas a la hora de convocar los concursos ante eventuales litigios futuros.

Concretamente, esta inseguridad jurídica viene por cuestiones como la enorme cantidad de definiciones y conceptos que son puramente valorativos y no objetivos ni desde el punto de vista económico ni tampoco jurídico, con lo cual, cada convocante de subvenciones evaluará e interpretará de los proyectos presentados cosas distintas (arbitrariedad). Y, por otro lado, el RDL 36/2020 reducía en exceso tanto las garantías clásicas del procedimiento administrativo (cómo se formula el expediente administrativo, quiénes participan, bajo qué supervisión…) como los controles parlamentarios efectivos, más allá de la necesidad de un procedimiento auditor suficientemente creíble a ojos de Bruselas. En definitiva, el ojo está puesto en cuál es la responsabilidad de quien firma el expediente administrativo, quien redacta la convocatoria y quien la resuelve.

Así lo han trasladado diferentes agentes implicados en los últimos meses. Desde las primeras declaraciones en diciembre de 2021 del consejero vasco de Economía Pedro Azpiazu hasta el informe de primeros de febrero de este año de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, pasando por las advertencias recientes del Observatorio de Contratación Pública sobre el tipo de contratos que se están firmando entre empresas públicas, privadas y la Administración.

2- Falta de técnicos evaluadores de los proyectos

Pero no sólo es una situación de inseguridad jurídica. También hay un problema acuciante en materia de técnicos cualificados que evalúen los proyectos y establezcan el criterio de cuáles tienen sentido y cuáles no. Por el momento, la gran mayoría de Administraciones Públicas han acudido a la contratación de nuevo personal, y algunas otras han recurrido a medios técnicos que proporcionan filiales de empresas públicas como Tragsatec. Los concursos de personal eventual y también funcionarial están desarrollándose con resultados desiguales en los diferentes niveles administrativos. Autonomías como Canarias, Comunidad Valenciana o Andalucía están teniendo problemas serios a la hora de encontrar el personal adecuado, con convocatorias complejas y que en más de una ocasión quedan desiertas.

Pero desde hace unos meses se habla cada vez más de que sería conveniente convocar un concurso de externalización de la evaluación y trabajos técnicos, algo que si se produce provocaría situaciones de conflicto de interés, dado que las principales consultoras y auditoras tienen clientes (grandes y medianas empresas) que quieren ganar las licitaciones de los fondos. A la ya patente situación de inseguridad jurídica, no convendría añadir otro factor más de inestabilidad en forma de conflicto de interés.

3- Deficiente coordinación entre Administraciones

Éste es un terreno donde el “traje a medida” del RDL 36/2020 no está funcionando correctamente. En una administración pública tan descentralizada como la española, la llegada de una cantidad de dinero europeo tan importante (más que dobla cada año el dinero europeo que se recibe del Presupuesto plurianual) debería haber llevado a un sistema de coordinación rápida entre Administraciones, pero enseguida se han cruzado por el camino problemas históricos como el sistema de financiación autonómica o los conflictos competenciales entre comunidades de régimen común y de régimen foral, entre otros.

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El Gobierno defiende su actuación subrayando que ha convocado 139 conferencias sectoriales, sin embargo, teniendo en cuenta que más de la mitad de los ámbitos del NextGenEU están bajo algún tipo de regulación autonómica, la ejecución real de fondos se atasca antes de que el dinero sea transferido a las comunidades.

En suma, los males de fondo en la gestión de los fondos europeos son muy concretos y nada sencillos de resolver. Miles de funcionarios de alto nivel intentan cada día articular soluciones para sortear los obstáculos señalados, mientras que el propio Gobierno central va aclarando su comunicación acerca de lo que está pasando con los fondos. Hasta no hace mucho no era una tarea sencilla encontrar qué dinero ha llegado de manera real y efectiva a familias y empresas, ya que a la clasificación que hace el Gobierno de “pagos realizados”, “obligaciones reconocidas”, “compromisos” y “autorizaciones” no se había añadido una que fuera “convocatorias resueltas” para saber cuál es la cuantía verdaderamente pagada al sector productivo. Este gesto es importante para el examen que la Comisión parlamentaria europea hará en breve a España.