Canarias propone crear una organización nacional para distribuir menores

Canarias pisa el acelerador para reformar el marco legislativo que fija el modelo de acogida de los menores migrantes. El Gobierno autonómico plantea la creación de una Organización Nacional de Protección de Menores Extranjeros no Acompañados, que centralice el reparto entre todas las comunidades autónomas de los niños y adolescentes no comunitarios que traspasan de forma irregular "la frontera común del Estado" sin la protección de un adulto. Unas derivaciones que se realizarían en base a "razones de solidaridad y conveniencia" y con la coordinación de las instituciones y administraciones afectadas. Además, plantea dos vías para modificar las leyes: una rápida y otra que requiere el acuerdo de las Cortes Generales, ya que tocaría leyes orgánicas. Estas propuestas se recogen en el borrador de la "solución canaria", que se presentará el próximo miércoles a los grupos parlamentarios y que después se hará llegar al Gobierno de España, para agilizar los cambios legales necesarios que permitan abordar el traslado de los menores que llegan a las costas isleñas entre todas las comunidades autónomas. 

La primera propuesta, que se plantea como "la más viable" y eficaz, requiere la modificación del artículo 172.1 del Código Civil y del Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación a los Menores Extranjeros no Acompañados. Las adaptaciones que plantea el Ejecutivo canario permitirían que, tras su llegada a territorio nacional, el Ministerio Fiscal entregue a los niños a la entidad pública de protección del lugar de llegada, quien asumiría su tutela de forma automática, para que después el Ministerio que ostenta la competencia en materia de Derechos Sociales disponga de su acogida inmediata y custodia en un centro, bien de la región de llegada o de otra comunidad autónoma, "quienes estarían obligadas a asumir su acogida". También, añade el Ejecutivo canario, habría que dotar de presupuesto a las autonomías, para que puedan asumir las tutelas que se le asignen.

La segunda vía es "más gravosa, compleja y lenta", pues precisa tocar leyes orgánicas y ello conlleva la necesidad de una mayoría absoluta en el Pleno de las Cámaras. Además de las modificaciones contempladas en la primera opción, habría que alterar la ley y el reglamento de extranjería, así como la ley del menor. El Gobierno canario pone sobre la mesa la necesidad de ampliar el artículo 35 de la ley de extranjería, al que se añadiría un nuevo apartado que especifique que el Estado "gestionará el reparto organizado entre los recursos disponibles de la totalidad de las distintas comunidades y ciudades autónomas a fin de garantizar que prevalezca el interés superior del menor y lograr su plena integración social mientras permanezca en territorio español". 

El Gobierno canario lamenta que la sobresaturación impide cumplir el deber de protección

En el reglamento de extranjería apuestan por incluir un nuevo artículo que recoja la competencia del Estado para distribuir a los menores entre todas las comunidades autónomas, "buscando como objetivo primordial la eficaz protección del interés del menor". Por último, instan a añadir dos apartados nuevos en el artículo 18 de la ley del menor. En uno se especifica que la comunidad de llegada prestará atención inmediata al menor y adoptará las medidas de protección necesarias para su guarda, pero será la comunidad a la que se derive la que "una vez constatada la situación de desamparo dicte una resolución administrativa asumiendo la tutela"; y, en el otro, se detalla cómo actuar con rapidez ante una crisis migratoria para garantizar la correcta atención de los niños y migrantes.

Más de 4.700 tutelados

Actualmente, sostiene el Gobierno Canario en el documento, la vinculación con determinada comunidad autónoma debe entenderse como una competencia de protección de menores, como ocurre en el caso de menores españoles que se hallen desamparo, pero en el caso de los menores extranjeros no acompañados que entren de manera irregular en territorio español "no existe vinculación previa" con ninguna región. Por lo que recuerdan que esos niños acceden a la comunidad autónoma "traspasando la frontera común del Estado", con lo que no se crea un vínculo específico con la comunidad autónoma de entrada, sino con todo el Estado.

En el borrador de la propuesta de modificación legislativa, el Gobierno canario destaca el "desbordamiento" del sistema de acogida, "con agotamiento e insuficiencia de recursos humanos y materiales", y reconoce que esta situación impide cumplir con las obligaciones de tutela previstas en la ley. En concreto, subraya que es "imposible promover su mejor inserción en la sociedad, en un entorno de salutación". Actualmente, más de 4.700 niños y adolescentes migrantes están bajo la tutela del Gobierno regional, que ha alertado reiteradamente sobre la situación de emergencia que viven las Islas, pues atienden en solitario a estos menores. Las peticiones de ayuda y solidaridad han caído en saco roto, ya que en los últimos seis meses no ha salido del Archipiélago ningún menor hacia otra región española. 

Los convenios concertados solo han permitido derivar a 368 niños, que se trasladaron a la Península entre 2021 y 2023, a los que habría que sumar otros 339 menores que las comunidades autónomas acordaron repartir en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en octubre. Si bien, no se ha ejecutado ninguna derivación de las acordadas en esa segunda tanta y solo tres comunidades autónomas –Madrid, Galicia y Aragón– han iniciado los trámites burocráticos para activar el traslado. El resto de regiones no ha dado todavía ni un paso adelante.

Pacto PSOE-CC

El Ejecutivo de Fernando Clavijo, que espera que la modificación legislativa esté lista en el primer semestre del año, admite que la saturación de los centros y los escasos traslados no permiten prestar una "protección y atención integral" a los menores, algo fundamental para "el desarrollo de su personalidad y su bienestar en el contexto familiar y social". Así, lamentan que se vulneran los derechos de los niños y no se puede cumplir correctamente con el deber de protección que tiene la comunidad autónoma, pero que también incumbe a la Administración Central del Estado. El Archipiélago cuenta con 66 dispositivos de acogida, que se han puesto en marcha a un ritmo sin precedentes en el país.

Esta modificación legal para regularizar el reparto de menores entre todas las comunidades autónomas forma parte de las obligaciones adquiridas por el PSOE con Coalición Canaria (CC) dentro del acuerdo que permitió sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez. En el texto del pacto se recogía el compromiso de "iniciar el proceso que culmine en las modificaciones normativas necesarias al efecto de que las competencias de menores extranjeros no acompañados no sean responsabilidad exclusiva de las comunidades a las que llegan". 

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que visitará el Archipiélago el próximo miércoles para conocer la situación de los menores migrantes, se ha mostrado "abierta" a escuchar lo que tiene que decir Canarias sobre las derivaciones de menores y ve con buenos ojos la propuesta que planteará el Ejecutivo de Clavijo al Gobierno central "de reparto vinculante y solidario" entre las comunidades autónomas, de forma que la protección a la infancia "se garantice, se amplíe y sea una realidad más pronto que tarde".