DERECHOS SOCIALES

Bustinduy aboga por una prestación universal por crianza: "Queremos ampliar la deducción por maternidad hasta los 6 años"

El ministro asegura que hará una revisión del Ingreso Mínimo Vital centrada en la simplificación de los requisitos

Pablo Bustinduy, ministros de Derechos Sociales.

Pablo Bustinduy, ministros de Derechos Sociales. / CONGRESO

María G. San Narciso

María G. San Narciso

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, va a volver a sacar del cajón "en las próximas semanas" la Ley de Familias para iniciar su tramitación. Su idea es "iniciar un proceso de conversación" sobre el texto que que quedó paralizado por la convocatoria electoral, pero con la intención de seguir trabajando por la ampliación de la deducción de maternidad hasta los seis años. Para él, ha dicho, la "prestación universal por crianza es una prioridad" en esta legislatura.

"Debemos trabajar, y es nuestro objetivo, para ampliar la deducción por maternidad hasta los seis años, extendiéndose su cobertura. Este es un objetivo inmediato, parcial e insuficiente, pero necesario", ha indicado Bustinduy durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, en el Congreso de los Diputados. Allí ha expresado "la absoluta necesidad y urgencia de que España adopte una prestación universal por crianza".

A día de hoy, ha señalado, "se ha logrado una renta casi universal por crianza en el tramo de 0 a 3 años". La Renta de Crianza, una ayuda de 100 euros mensuales para las familias (incluidas las de adopción o acogida) con hijos de 0 a 3 años a cargo, se aprobó en los Presupuestos Generales de 2023, "pero forma parte del esquema de protección que la ley de familias se propone apuntalar".

Una anomalía europea

"Además de las madres que realizan actividades por cuenta propia o ajena dadas de alta en la Seguridad Social o Mutualidad correspondiente, también podrán acogerse a esta medida las que están percibiendo prestaciones contributivas o asistenciales del sistema de protección de desempleo", ha recordado. Estas se complementan con la ayuda para la infancia del ingreso mínimo vital, que actualmente asciende a 115 euros al mes durante esos tres primeros años de vida.

Ahora, el objetivo es llegar a más familias y durante más tiempo. "Es una excepción incomprensible en el ámbito europeo que España no tenga una prestación de esas características. Será una prioridad de mi trabajo dar todos los pasos necesarios para que más pronto que tarde podamos resolver esa anomalía e incorporemos esta prestación esencial para las políticas de protección a las familias y a la infancia", ha asegurado.

Reformar el IMV

Apelando también a la "voluntad universalista", ha anunciado que otro de los retos de la legislatura será abordar la reforma del Ingreso Mínimo Vital. Esta prestación no contributiva fue configurada durante la legislatura pasada como un derecho subjetivo destinado a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de carácter más estructural, mientras hace frente a las situaciones de pobreza sobrevenida. Sin embargo, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal la AIREF señalaba el pasado mes de junio que únicamente estaba llegando al 35% de los beneficiarios.

"Su aprobación fue un hito histórico para nuestro país. Sin embargo, la evaluación posterior a su puesta en marcha evidencia que aún no ha conseguido llegar a toda la población que es objetivo de la medida, y que hay aspectos en los que se puede mejorar. Es necesaria, por tanto, una revisión de su diseño centrada en la simplificación de los requisitos de acceso y en la mejora de esos sistemas. Solo así conseguiremos acometer el objetivo de Protección Social y reducción de la pobreza que motivó su aprobación", ha señalado el ministro.

Cambio en el modelo de los cuidados

El ministro también ha explicado su intención de incorporar un cambio en el modelo de los cuidados centrado en la persona. En este sentido, ha explicado que la atención a la dependencia ha tenido un incremento de la financiación estatal sin precedentes históricos, con un incremento global del 150% de 2020 a 2023: de 1.400 millones a 3.200.

"Según lo recogido, del acuerdo de gobierno, vamos a continuar esta senda de crecimiento hasta que la financiación de la Administración General del Estado represente el 50% del total asegurando mientras tanto, que las comunidades autónomas mantienen su inversión propia", ha señalado. Un aumento de presupuesto que permitirá trabajar en un cambio integral en el modelo de cuidados en torno a cuatro puntos: la modificación de la Ley de Dependencia; el seguimiento y cumplimiento del acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios el sistema de atención a la dependencia; la aprobación y el despliegue de la estrategia estatal de desinstitucionalización; y la aprobación de la Ley de Cuidados. Esta última iniciativa "permitirá -según el ministro- mejorar la situación tanto de las personas cuidadoras como de las propias personas cuidadas, que pasarán a ser consideradas como sujetos con derechos con capacidad de decisión y, por tanto, con la obligación de respetar su voluntad y su autonomía".

Consumo

En el ámbito de Consumo, el ministro ha hecho alusión a lo que se conoce como greenwashing (o lavado verde). En los últimos años, muchas empresas, organizaciones o instituciones se han esforzado por mandar el mensaje de que todo cuanto hacen es ecológico, sostenible, reciclable o lo más respetuoso con el medio ambiente posible. Aunque sea una mera cortina de humo. Algo que ahora el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 quiere "tomarse en serio".

"A menudo se comenta que la palabra sostenible es cada vez más manoseada o empleada para estrategias, hasta el punto que ha terminado por perder gran parte de su valor y de su significado. La intención del Ministerio es tomarse el concepto de greenwahing en serio. Ante el desafío mundial que representa la crisis climática y la crisis eco-social, debemos ser ambiciosos en nuestros esfuerzos por generar modelos de consumo diferentes", ha asegurado.

También ha considerado "vital" regular el acceso al juego con una nueva ley que la adapte "al actual entorno digital introduciendo un sistema de límites de depósito conjuntos por jugador como ya tiene instaurado el modelo alemán".  Además, intentará regular, como hizo su predecesor en Consumo, Alberto Garzón, la publicidad de aquellos alimentos que se consideren insanos para los menores.