Propuesta para agilizar la valoración de la dependencia: "Hay casos de urgencia extrema"

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 modificar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Discapacidad para establecer un nuevo procedimiento de urgencia que valore el grado de dependencia. La petición, como explica su directora ejecutiva, Pilar Villarino a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, está pensada para personas que tienen una "urgencia extrema".

La propuesta surge a raíz de las demoras administrativas por falta de recursos en los procedimientos de valoración del grado de dependencia, así como de la necesidad de dar una respuesta lo más inmediata posible a situaciones que requieren atención rápida.

El Comité explica que en este procedimiento de urgencia deberían entrar situaciones derivadas de causas o motivos humanitarios; de compromiso significativo de la esperanza de vida por la discapacidad o enfermedad que origina de dependencia; menores de seis años; mujeres que sufren violencia y otras análogas en las que se aprecie justa causa. En todos estos casos, estas personas tendrían preferencia a la hora de ser valoradas. Acelerando los procedimientos de solicitud, conseguirían obtener la resolución de grado en el menor tiempo y acceder así a las prestaciones y servicios a que tengan derecho.

Ley de reconocimiento de discapacidad

La regulación de una vía de urgencia ya se tuvo en cuenta en la valoración del grado de discapacidad y aparece en el nuevo baremo establecido en el Real Decreto por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

"Hemos rescatado una medida valiosa, que ya está en esta ley que se ha logrado hacer con la sociedad civil. Nos parecía muy interesante aplicar ese mismo baremo a la valoración de dependencia. Es una situación que realmente hay que resolver, sobre todo para determinadas personas que tienen una especialísima urgencia", asegura Villarino, que confía en el nuevo equipo ministerial para que salga cuanto antes.

Miles de personas sin prestaciones

El pasado mes de octubre, un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales mostró que la portación a la dependencia de las comunidades autónomas se redujo en hasta 98 millones de euros en 2022 en España, un país en el que cada 12 minutos muere una persona dependiente a la espera de la prestación. En total, ese año fallecieron 45.360 personas en las listas de espera de la dependencia, que acumulaba más de 300.000 personas.

Cada comunidad autónoma tiene su propia competencia a la hora de reconocer la situación de dependencia de la población y los tiempos no son para todas los mismos. Tampoco para las prestaciones. "Es otra de las cuestiones que queremos tratar de remediar con estas medidas urgentes para casos más extremos, aunque entendemos que la valoración se debe hacer siempre lo antes posible", añade la directora ejecutiva de CERMI.

"Además -prosigue- la creciente digitalización de la administración tiene que servir de ayuda para agilizar los procesos administrativos. Esperamos que, con todo ello, estas situaciones de espera, que son terribles, ocurran cada vez menos hasta que dejen de darse".