Estrategia digital

La digitalización del sector público: avances, retos y cuentas pendientes

Dos de cada tres españoles tienen algún tipo de contacto con la Administración a través de Internet

Presentación de la Carta de Derechos Digitales

Presentación de la Carta de Derechos Digitales / Europa Press / J. Hellín

En 1969, mientras el mundo se asombraba con la revolución tecnológica que permitió el alunizaje del Apolo XI, la red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Estados Unidos (ARPANET) creaba el primer enlace entre las universidades de California y Stanford. Esta primera conexión supuso el nacimiento de lo que más tarde se conocería como Internet.

Medio siglo después, la transformación que ha propiciado Internet en la economía, la cultura, la política o el ocio ha dado origen a nuevas formas de comunicación en la sociedad; incluida la manera en la que los ciudadanos se relacionan con el sector público. A lo largo de las décadas, la Administración ha ido digitalizando sus procesos y mejorado la interacción con las personas. Las toneladas de formularios impresos se ha ido sustituyendo por una relación directa con los usuarios a través de los portales web del Estado.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), dos tercios de los ciudadanos establecieron algún tipo de comunicación con la Administración mediante Internet en los últimos doce meses. Más de la mitad lo utilizó para obtener información y una cifra similar para enviar formularios, incluidos el pago de impuestos, las solicitudes de citas médicas o el envío de documentación a la Seguridad Social.

Por edades, los datos ponen de relieve grandes diferencias. Mientras que el 85% de las personas entre 25 y 34 años contactaron por Internet con la Administración en el transcurso del último año, la cifra se reduce hasta poco más de un tercio (38%) en el caso de las personas mayores de 65 años.

España Digital 2025

A raíz de la pandemia, el Gobierno lanzó en 2020 la estrategia España Digital 2025, un plan para impulsar la transformación digital, que incluye mejoras significativas en el sector público, dentro del marco que ofrecen los fondos europeos Next Generation con la finalidad de impulsar el crecimiento económico.

España ha escalado este año de la novena a la séptima posición en el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) que publica la Comisión Europea y que mide, entre otros criterios, la calidad de los servicios públicos digitales.

Dentro de las medidas del Gobierno para impulsar la economía, el plan estratégico pretende conseguir la conectividad digital de toda la población, acelerar la digitalización de las empresas y aumentar las competencias digitales en la población. Para ello, ha establecido como metas que todos los hogares tengan una cobertura mínima de 100 Mbps, que la cuarta parte del volumen de negocio de las pymes provenga del comercio electrónico y que el 80% de la población cuente con competencias digitales básicas. De los 19.600 millones asignados al impulso de la digitalización en el Plan de Recuperación y Resiliencia, 5.488 millones -el 28%- irán destinados al sector público.

La modernización de los servicios digitales prestados por las administraciones públicas pasa por simplificar la relación con el ciudadano, personalizar la atención, actualizar las infraestructuras tecnológicas y avanzar en desarrollos que permitan la integración digital de todas las administraciones. El objetivo es que las administraciones sean fuerzas tractoras de la transformación del país. La hoja de ruta plasmada en el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 está concebida para dar un salto cualitativo en la eficiencia del sector público y responder a algunas de las deficiencias actuales.

Asignaturas pendientes

Pese al esfuerzo inversor y la definición de una estrategia, los sindicatos denuncian deficiencias en el proceso de modernización, que avanza a su juicio a un ritmo dispar, y lamentan que no se haya logrado avanzar lo suficiente en materias clave como la formación y el teletrabajo. «Solo hubo experiencias pilotos en algunos ministerios», asegura Antonio González, portavoz de UGT Servicios Públicos en la Administración General del Estado (AGE). "Resulta imposible digitalizar sin formar al personal y no existe coordinación alguna entre digitalización y teletrabajo", señala Javier Martínez, responsable de Comunicación del sector AGE de Comisiones Obreras.