Europa estrecha el cerco ante la falta de soluciones en los asentamientos chabolistas

"El acceso al empadronamiento en los asentamientos es una quimera”. La conclusión del informe “Asentamientos 2022”, elaborado por la ONG Andalucía Acoge, con respaldo del Ministerio de Derechos Sociales, es firme. Los ayuntamientos incumplen la ley y no empadronan a las personas inmigrantes que viven en asentamientos chabolistas, una realidad especialmente grave en Huelva y Almería.

En la provincia onubense se calcula que malviven más de 3.000 personas en unos 40 asentamientos. En Almería se contabilizan 69 asentamientos que acogen a entre 5.000 y 7.000 personas. El Parlamento Europeo ha anunciado esta semana que investigará las condiciones de vida de estos trabajadores agrícolas, a raíz de una queja presentada por Izquierda Unida, Almería Acoge y la Asociación Multicultural de Mazagón. El 75 % de los residentes en asentamientos son hombres de unos 32 años fundamentalmente subsaharianos y marroquíes, con más de tres años de residencia en España y, más de la mitad, en situación irregular.

Según este informe, las personas que han podido conseguir un certificado de empadronamiento lo han hecho por dos vías. Bien pagando para conseguir el certificado en la misma localidad u otras cercanas, con cantidades que van desde los 100 euros a más de 600 euros. O bien acudiendo a ayuntamientos lejanos a su residencia real que sí empadronan a extranjeros en situación irregular en España. Los testimonios del informe apuntan a que se empadronan en Almería, Albacete, Granada o Murcia. Incluso sin que haya una mafia detrás, como ocurre en la mayoría de los casos, muchos indican que también han debido pagar para conseguir el empadronamiento.

Una vez que tienen un certificado de empadronamiento de otra provincia no acaba el problema. Tener residencia fuera les impide acceder a determinadas ayudas para las que se debe estar empadronado en el propio municipio. Como deben renovarlo cada dos años si están en situación irregular supone volver a asumir un coste elevado para conseguirlo de manera irregular. “Desde el Ayuntamiento me han dado de baja del padrón en el asentamiento, pese a que llevaba años aquí empadronado, y a tener permiso de residencia de larga duración.” Lo cuenta un varón marroquí, 37 años, en situación administrativa regular. Es otra realidad que desvela el informe. En ocasiones, los ayuntamientos deciden darles de baja en el padrón sin más explicaciones.

Ignoran la norma

Los consistorios incumplen la ley. En las instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal se establece la posibilidad de empadronarse en infraviviendas y también la posibilidad de empadronar a personas sin domicilio. Literalmente la normativa indica: “el padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón”.

El informe pone de manifiesto que la solución, si no existe voluntad política, es denunciar ante los juzgados. Pero esto es igualmente muy difícil ya que las personas no están en condiciones de poder enfrentar largos procesos judiciales y prefieren pagar para conseguir el empadronamiento de manera irregular. “Existen también redes organizadas que se lucran de esta necesidad y los precios suben en función de la demanda superando los 500 euros”, recoge el documento.

Sentencias en contra

Existen sentencias que han forzado la inscripción en el padrón. Es el caso del fallo de 2020 del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Huelva, que condena al Ayuntamiento de Lepe a permitir el empadronamiento de una mujer en una chabola de la localidad donde residía, que previamente le había sido denegado alegando que el ayuntamiento carecía de medios materiales para certificar y buscar a personas entre más de 500 chabolas diseminadas para certificar que efectivamente viven allí.

El informe recoge que una gran mayoría (92%) señaló tener dificultades para empadronarse, aunque el 8% restante manifestó no haber tenido dificultades porque ha normalizado el hecho de tener que empadronarse en otra localidad o pagar para conseguir el empadronamiento en una vivienda en la que no residen. Sólo un 26,9% de las personas entrevistadas manifiesta poseer empadronamiento. Prácticamente la totalidad lo ha conseguido de manera irregular. Esto redunda en su exclusión. El porcentaje de personas que se encuentran en situación administrativa irregular es de un 76,3% y alcanza el 86,8% en el caso de las mujeres, que son las que se enfrentan a mayor grado de exclusión.

Otro aviso desde la UE

Europa está vigilante ante la postergación de las soluciones a este grave problema de infravivienda. La comisión de peticiones de la Eurocámara ha decidido hace una semana abrir una investigación y analizar las denuncias de vulneración de los derechos humanos que elevaron IU y las ONG Almería Acoge y Asociación Multicultural Mazagón.

El pasado julio se firmó un protocolo general de actuación entre la secretaría de Estado para la Agenda 2030 y la Junta que fijaba en dos años la erradicación de estos asentamientos, con 5 millones de euros de inversión en proyectos para dar una solución habitacional. Desde el Ministerio de Derechos Sociales insisten en recordar que estas ayudas directas obligaban a los ayuntamientos a empadronar a estas personas independientemente de su situación administrativa. “La competencia sobre vivienda la tienen la Junta de Andalucía y los ayuntamientos”, recuerdan desde el Gobierno, que insisten en remarcar que las ayudas están supeditadas a que los ayuntamientos de Moguer y Lepe, ambos de Huelva, con los que se firmó el convenio, cumplan la ley. Esa subvención directa ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por el Ayuntamiento de Lucena del Puerto (Huelva) por dejar fuera a este municipio que, actualmente, es el que alberga a un mayor número de personas en asentamientos.

La Junta asegura que también la Consejería de Inclusión Social trabaja un plan estratégico que pivota sobre los ayuntamientos y prevé una línea de ayudas de 5 millones para 2023, procedentes de los Next Generation, que se lanzará próximamente para que los ayuntamientos construyan, adquieran o rehabiliten edificios para alojamientos. En los últimos años defienden que han invertido 4,5 millones de euros.