LEY DE EQUIDAD

Madrid llevará al Tribunal Constitucional la 'ley Darias' que blinda la sanidad pública

El Ejecutivo regional asegura que tiene competencias en materia de gestión sanitaria y el Gobierno "no puede entrometerse en el modo de gestión".

Isabel Díaz Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso.

Nieves Salinas

Nieves Salinas

Madrid es la primera comunidad autónoma que anuncia que acudirá a los tribunales si sale adelante en el Congreso de los Diputados la nueva ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) que busca blindar la sanidad pública El anteproyecto priorizará el modelo público de gestión directa de los servicios sanitarios y sociosanitarios e impedirá establecer nuevos copagos. El Ejecutivo regional, en palabras del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, tiene competencias en materia de gestión sanitaria y considera que el Estado no puede entrometerse en el modo de gestión.

La nueva ley modifica varias normativas previas como la Ley 14/86 General de Sanidad o la Ley 16/2003 de Cohesión de Calidad y del SNS y deroga la Ley 15/1997, de nuevas formas de gestión de la sanidad pública y que, de alguna manera, facilitaban su privatización. En la normativa se contempla que, para poder gestionar de forma indirecta -es decir, acudir a la sanidad privada-, las administraciones deberán cumplir una serie de requisitos. Será el Consejo Interterritorial el que determine los indicadores a través de los cuales se dan por cumplidos los criterios señalados.

Ámbito competencial

La sanidad privada lleva días mostrando su inquietud y enfado ante el desarrollo de la nueva normativa. La ley también contempla así delimitar las derivaciones de pacientes a la sanidad privada, un aspecto que ha encendido al sector.  El presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), Carlos Rus, advertía hace apenas unos días a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que "una norma con rango de ley pasa a considerar la sanidad privada como algo excepcional y esa excepcionalidad lo que hace es romper la colaboración público-privada de forma estable". Y apuntaba: establecer el carácter excepcional de la concertación con los hospitales privados hará que las autonomías acaben en los tribunales.

Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, da la razón a la sanidad privada. Así lo ha anunciado hoy el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López. Pese que, al defender la ley, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, insistió en que "consta de todos los informes preceptivos y respeta exquisitamente el ámbito competencial de las comunidades autónomas", el Gobierno regional asegura que acudirá al Tribunal Constitucional si el proyecto de ley "del Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez que busca limitar la gestión privada de la sanidad pública" sale adelante en el Congreso de los Diputados.

Competencias en materia sanitaria

"Vamos a defender nuestro modelo en todos los frentes, uno de ellos el Tribunal Constitucional", dijo Enrique López en un encuentro organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum. El consejero de Presidencia explicó que la Comunidad de Madrid tiene competencias en materia de gestión sanitaria y señaló que el Estado "no puede entrometerse en el modo de gestión".

Ayer mismo, la patronal de la sanidad privada cifraba en 2.746 millones de euros el gasto para la sanidad pública de la eliminación de conciertos con sus hospitales propuesto en el proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros. Lo sustenta teniendo en cuenta que esta fórmula de colaboración público-privada supone, mínimo, afirman, un ahorro del 25% para las arcas públicas y que la partida presupuestaria destinada a conciertos se sitúa en torno a los 8.240 millones de euros, el 11% del total del gasto sanitario.