LEY DE EQUIDAD

La sanidad privada cifra en más de 2.700 millones el gasto para la pública de eliminar los conciertos

  • La patronal de hospitales privados asegura que la fórmula de colaboración público-privada supone, mínimo, un ahorro del 25% para las arcas públicas

  • Los precios medios concertados de intervenciones como cataratas, operaciones de cadera o rodilla, son entre un 25% y un 69% más baratos, asegura ASPE

Un hospital privado en Barcelona.

Un hospital privado en Barcelona. / Ricard Cugat

4
Se lee en minutos

2.746 millones de euros. Es la estimación que hace la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) del gasto para la sanidad pública de la eliminación de conciertos con sus hospitales propuesto en el proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros. Lo sustenta teniendo en cuenta que esta fórmula de colaboración público-privada supone, mínimo, afirman, un ahorro del 25% para las arcas públicas y que la partida presupuestaria destinada a conciertos se sitúa en torno a los 8.240 millones de euros, el 11% del total del gasto sanitario.

En su ofensiva por demostrar que son un aliado estratégico del SNS -antes de la aprobación de la normativa ofertaban 7.500 camas para aligerar las listas de espera en la pública- el sector de la sanidad privada, que la pasada semana arremetía contra la conocida como 'ley Darias' insiste: el texto definitivo del proyecto de Ley de Equidad modifica los artículos 47 y 90 de la Ley General de Sanidad para otorgar la condición de excepcional a cualquier fórmula de colaboración público-privada sin distinción, ya sean conciertos, concesiones, contratos u otras fórmulas de colaboración para la prestación de servicios sanitarios.

Es en este apartado donde ASPE justifica que el sistema de conciertos sale más rentable a las administraciones públicas. Alega que los centros privados operan "en condiciones significativamente más ventajosas en costes que a precio público". Así, los precios medios concertados de procedimientos como cataratas, intervenciones de cadera o rodilla, entre otros, son entre un 25% y un 69% menores.


/ EPE

Si se habla de otra fórmula habitual de cooperación contemplada en la Ley General de Sanidad, la de las concesiones administrativas, continúan, el ahorro roza los 354 millones de euros solo atendiendo a los nueve casos de distritos de salud pertenecientes a La Rioja, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid.

Para esta patronal, -que agrupa al 56% del total de hospitales y al 32% de las camas existentes en España- la aplicación transitoria de la ley prevista en la disposición transitoria primera hace una única distinción entre conciertos y concesiones, ya que señala que no se aplicará a los conciertos que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de la ley, pero sí a las concesiones administrativas "que tengan por objeto la gestión y administración directa de las estructuras y servicios que integran el Sistema Nacional de Salud". Por eso ASPE considera que "el texto definitivo del proyecto de Ley de Equidad no aclara cómo puede afectar a las concesiones de salud ya en vigor".

Procesos de reversión

Asimismo, una vez analizado el texto, la patronal se remite a un requerimiento al Gobierno para que promueva, en el plazo de 12 meses, las medidas legales oportunas para clarificar y complementar el régimen jurídico aplicable a los procesos de reversión como los de Alzira (Valencia) y Torrevieja (Alicante). Estas medidas pueden ser de todo tipo, incluida la aprobación de otras normas con rango de ley que precisarán de su correspondiente tramitación parlamentaria, precisa esta asociación.

ASPE apunta a Alzira y asegura que el fin de su concesión "ha generado un sobrecoste de 76 millones de euros y ha triplicado las listas de espera".

ASPE tira de datos de la propia Comunidad Valenciana y asegura que, en el caso de Alzira, el fin de su concesión "ha generado un sobrecoste de 76 millones de euros y ha triplicado las listas de espera. "Algo similar", añaden, ha sucedido en el caso de Torrevieja, donde según un informe del COMPAS (compensación intercentros y control financiero de las concesiones) de la Conselleria de Sanidad, el Departamento de Salud de Torrevieja "era el más eficiente de todos los de la Generalitat Valenciana, suponiendo un ahorro del gasto corriente público en torno a 45 millones de euros anuales, equivalente a un 30% de ahorro sobre el gasto medio de hospitales de gestión pública de este tipo".

Las comunidades, en los tribunales

La aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de ley, que busca blindar la sanidad pública, ha encendido al sector al que toca directamente. El anteproyecto priorizará el modelo público de gestión directa de los servicios sanitarios y sociosanitarios e impedirá establecer nuevos copagos. Tras conocerse su luz verde, la patronal mostraba "su inquietud" y señala que la normativa convertirá a España en el único país de la Unión Europea "que excluye al sector empresarial sanitario de su Sistema Nacional de Salud".

"Estableciendo el carácter excepcional de la concertación se abrirán a partir de ahora procesos judicializados por las comunidades autónomas, que acabarán acudiendo a los tribunales. Porque puede haber criterios objetivos, pero también los habrá subjetivos y no tendremos precedentes. Ya hay comunidades que dicen que es una invasión de competencias", señalaba a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Carlos Rus, presidente de ASPE, tras conocer el contenido de la nueva normativa sanitaria.

Noticias relacionadas