SEGURIDAD
Cámaras de vigilancia conectadas a la Guardia Civil 24 horas: así busca la España vaciada evitar los robos
Municipios pequeños de Guadalajara, Salamanca, Aragón o Soria colocan dispositivos de videograbación de forma preventiva. "Para los profesionales del hurto no sirven", matiza un alcalde de la Alcarria
Vista de la cámara de vídeovigilancia instalada a la entrada de Alcocer. / EPE
A la entrada desde la N-320 a Alcocer, un pequeño pueblo de la Alcarria con 336 vecinos censados, un cartel en una farola alerta de que se entra en una “zona videovigilada”. Justo encima de la placa, una cámara de vídeo enfoca a la calle principal que recorre el municipio, en el que esta mañana de tormentas no se ve apenas gente por la calle. Otras tres cámaras con sus respectivos carteles están en otros puntos estratégicos del municipio, que está situado justo en la frontera entre Guadalajara y Cuenca. “La verdad es que con las cámaras da más sensación de seguridad y todo lo que sea seguridad es bueno”, cuenta María José, la cartera de Correos, que está haciendo ronda por las localidades de la zona.
La instalación y los aparatos, que están conectados a la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, fueron financiados por el Grupo de Acción Local, que ofreció ayudas en paralelo al plan de la Diputación conocido como Dipucam. Con un presupuesto de 660.000 euros, la iniciativa sumó el primer año, en 2022, 68 ayuntamientos que instalaron entre una y dos cámaras de videovigilancia, con una ayuda de 5.000 euros por cada dispositivo. Con el plan se pretendía "mejorar la seguridad" de los pueblos y "prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública”.
Otros 69 municipios se apuntaron al año siguiente, en 2023, tras la “buena acogida” recibida, según fuentes de la Diputación, que informan que hasta representantes de la Diputación de Burgos acudieron en octubre a Guadalajara a interesarse por la iniciativa con visos a instaurar algo similar en la provincia castellanoleonesa.
Mobiliario
Las cámaras se han asumido como una parte más del mobiliario urbano en estas localidades, que en algunos casos no llegan ni a diez habitantes. “Los que no tenemos nada que ocultar no tenemos que preocuparnos, y si alguna vez pasa algo ahí está grabado en el disco duro para acudir a ver quién ha sido”, explican José Miguel y Verónica, que se están tomando un café en Casa Goyo, uno de los dos bares de Alcocer. ”Está bien porque son pueblos que hay poca gente en invierno; a las nueve ya no hay nadie por la calle, y eso te hace sentir más seguro”, cuenta ella, que vive en el cercano Fuentelcina, donde también pusieron cámaras en la primera tanda.
Ambos destacan que “aquí nos conocemos las matrículas de todos” y las cámaras vienen a ayudar a los grupos de WhatsApp de los vecinos, que suelen ser bastante activos ya de por sí. “Mira”, relatan, “en Sacedón llegaron a pillar a uno que había robado en una casa por un grupo de WhatsApp. Alguien puso el número de la matrícula en un grupo y había alguien que vio ese coche en un bar y llamó a la Guardia Civil”.
Otra cámaras de seguridad en Alcocer, en la entrada y salida desde la nacional N-320. / EPE
Condemios de Abajo (12 habitantes), La Huerce (56), Valtablado del Río (8), Castilforte (58), Alcocer, Salmerón (144), Millana (113) y Escamilla (64) son algunos de los municipios que se han acogido a la medida, que está contemplada para poblaciones menores de mil habitantes. Cuanto más pequeño es el pueblo y mayor la distancia a un puesto de la Guardia Civil más posibilidades hay de que se le otorgue la subvención a la localidad, ya que se trata de un proceso de concurrencia competitiva. Las ayudas se agotan todos los años y este año la convocatoria ayudará a sufragar el "mantenimiento" de los dispositivos.
Autorización
Para poder presentarse al concurso, los ayuntamientos deben contar con autorización, o haber iniciado el procedimiento para obtenerla, de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha. La utilización de videocámaras por las corporaciones locales para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos abiertos, para su posterior tratamiento por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a fin de contribuir a asegurar la prevención en la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionadas con la seguridad pública, está amparada por la Ley Orgánica 4/1997, garantizándose en todo momento los derechos fundamentales y libertades públicas de la ciudadanía, precisan desde la Diputación de Guadalajara. Las imágenes se guardan, dependiendo de los casos, entre 15 días o un mes.
“Es cierto que dan seguridad; la duda es si luego cuando se vean las imágenes sirve para algo. Hubo robos hace no mucho en los chalés que están cerca de las eras y no sabemos si han llegado a algo las cámaras”, dice Encarni, la panadera de Alcocer, un poco escéptica al respecto.
En conversación telefónica con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el alcalde, Borja Castro, asegura que aunque pensaron que iban a tener un “efecto disuasorio” para evitar actos vandálicos o hurtos, no ha sido así hasta ahora, “ya que en los últimos meses hemos detectado un aumento de robos en toda la Alcarria baja”. Según asegura, las cámaras hicieron su trabajo en tres robos vividos en Alcocer el año pasado -el primero la noche de Halloween, aprovechando la fiesta que se celebraba en el pueblo-, pero, tras recibir la denuncia de los afectados, los agentes se dieron cuenta “que o los vehículos eran robados o tenían las matrículas cambiadas”.
Joyas y dinero
“Igual para los delincuentes poco sofisticados servirían pero para los profesionales de este tipo de actos son un poco inservibles”, aprecia el alcalde, que informa que cada instalación tiene dos cámaras, una para videovigilancia y otra para matrículas. “Así tenemos ocho cámaras”. Los robos, según apunta Castro, “han causado un trastorno terrible; los dueños de las casas han aprendido a no tener muchas cosas de valor, porque los ladrones buscan joyas y dinero”.
El alcalde explica que los vecinos recibieron las cámaras con un “poco de inquietud, pero cuando se les explicó que sólo graba y las imágenes se autoeliminan pasado el mes y sólo se pueden consultar si hay denuncia, que no están siendo videovigilados, se quedan tranquilos”. Sobre los últimos robos, añade que “igual sería peor si no existieran las cámaras”.
Vista de una cámara de seguridad a la entrada de Millana, en Guadalajara. / EPE
Independientemente de su efectividad o no, cada vez son más los municipios de la España despoblada que se apuntan a establecer dispositivos de videovigilancia. En Aragón, tal y como contó El Periódico de Aragón, hay 575 cámaras en 32 municipios pequeños, según la Subdelegación del Gobierno. Con ellas se hace frente al vandalismo y al gamberrismo, en municipios con cierta población, y a la inseguridad rural. Villar de los Navarros (7 habitantes), Blesa (4) Calomarde (3) o Longares (2) son algunos de los pueblos que las tienen.
34 cámaras
En pueblos de Salamanca también es común el uso de cámaras. En Doñinos hay instaladas 34 en las instalaciones municipales tras unos episodios de vandalismo -rotura de cristales, grafitis...- que se prolongaron en el tiempo. En las entradas y en el interior de algunas dependencias municipales, como la biblioteca, el consultorio médico o el punto limpio, entre otras, se han instalado los aparatos. “En el punto limpio, por ejemplo, conseguimos que la gente que quiera tirar escombros no nos dejen uralita o ruedas, que no está permitido”, explica vía ttelefónicaa EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el alcalde, Manuel Hernández.
“Al situarlas en las entradas de los servicios municipales son disuasorias”, añade Hernández, que añade que aunque la cámara dé a las entradas de las instalaciones “no se puede saber la amplitud que tienen”. Es más, gracias a una cámara que se había instalado en la pista de pádel se pudo encontrar a quien se había llevado numerosos barriles de cerveza durante unas fiestas del pueblo en las que se habían puesto las barras en la pista deportiva. En su caso, una empresa de seguridad se encarga de guardar las cintas, que pueden ser puestas a disposición de las Fuerzas de Seguridad del Estado en cualquier momento.
De igual forma, en Soria la Junta de Castilla y León está desarrollando un proyecto piloto con fondos europeos para tratar de evitar los robos de arte sacro en las iglesias. Así, se han colocado cámaras, aparte de otros elementos, en 24 iglesias protegidas de la provincia y, en el caso de que el plan funcione, ampliar el plan a toda la provincia.
