El Gobierno intenta diluir las cesiones a Junts en un ‘café para todos’ para el resto de CCAA

El Gobierno apenas tardó unas horas en matizar, rebajar y, sobre todo, diluir en un 'café para todos' el paquete de concesiones del PSOE a Junts para evitar su veto a los tres primeros decretos de la legislatura. La extensión a todas las comunidades autónomas de acuerdos pactos con partidos independentistas catalanes no es una estrategia nueva. Pedro Sánchez ya la utilizó para contradecir el discurso de los acuerdos de investidura generarán desigualdades territoriales. Así, prometió ampliar a todos los territorios que lo solicitasen una quita de deuda o el traspaso de Cercanías. Cuestiones incluidas en el acuerdo de investidura con ERC, por lo que desde Junts alertaron de la estrategia del Gobierno para minimizar los compromisos arrancados por sus competidores electorales.

La propia portavoz de los posconvergentes en el Congreso, Míriam Nogueras, amenazaba en el debate de los decretos con rechazarlos porque “se consolida el café para todos” y “obvian las singularidades específicas de Catalunya”. Sin embargo, tras las explicaciones del Gobierno, los posconvergentes deberán asumir que esa lógica se impondrá en una buena parte de los asuntos pactados a cambio de su abstención. Al menos, en materia de transporte y de balanzas fiscales. Pero el Gobierno tampoco se ha cerrado a traspasar las competencias de inmigración a otros territorios, aun dudando del interés por la “complejidad” de su gestión, y apuesta porque la reforma de la ley de Sociedades de Capital no se singularice en Catalunya.

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Los cambios en la bonificación del transporte público serán para todas las comunidades autónomas, no solo para Catalunya. Estos consistirán en que el Estado abonará su parte del 30% sin condicionar dicha partida a que el resto de administraciones competentes aporten un 20%, como hasta ahora. Un cambio que, además de beneficiar a todas las CCAA, dista de la letra del acuerdo remitido por Junts en el que se aseguraba que “el Estado asumirá la totalidad del coste sobre los descuentos y bonificaciones del precio del transporte público”.

La publicación de “los datos oficiales para calcular las balanzas fiscales” también se extenderá a todos los territorios. Lo que hará el Gobierno será poner los datos que maneja “a disposición del conjunto de administraciones para que cada uno pueda elaborar sus propias balanzas fiscales”. La falta de consenso sobre la metodología no quedará así resuelta y serán las administraciones que así lo quieran quienes, a partir de estos datos, publiquen sus balanzas fiscales.

“Para sacar sus propias conclusiones”, matizaba este jueves la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La pretensión de poner cifras al déficit fiscal de Catalunya fue uno de los precedentes del choque entre el Gobierno central y la Generalitat antes del 'procés'. El motor del "Espanya ens roba". Este punto de los acuerdos, por tanto, no se traduciría en que el Gobierno publique la balanza fiscal según las explicaciones de la vicepresidenta primera, como sí anunció Nogueras, ni tampoco se circunscribe a Catalunya.

Los cambios en la ley de Sociedades de Capital para impulsar un plan de retorno a Catalunya de las empresas que se fueron por el ‘procés’ también mirará a todos los territorios. Por un lado, el Gobierno parte del derecho comunitario de las empresas a su libre instalación, descartando cualquier posibilidad de sanciones como llegó a proponer Junts durante las negociaciones. Por otro, Montero ha avanzado que la intención es reforzar la propia ley y la vigilancia para que “cuando el establecimiento principal de una empresa reside en un lugar, sea allí donde lleve a cabo todas sus obligaciones, también las tributarias”.

Retorno de empresas

La norma recoge en su artículo 9 que las empresas "fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación". El Gobierno baraja incentivos fiscales para potenciar el retorno de empresas, aunque de aprobarse a nivel del Estado serían extensibles a todas las comunidades autónomas. Otra cuestión son las bonificaciones fiscales que, dentro del margen que permita la ley, puedan realizar los ayuntamientos. De hecho, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ya propuso en su campaña electoral medidas como las bonificaciones fiscales. Se centrarían en el IAE (impuesto sobre actividades económicas) y el IBI (impuesto de bienes inmuebles) y se extenderían al resto de empresas también con sede en Cataluña para el desarrollo de actividades económicas declaradas de especial interés.

El compromiso de “delegar” la competencia de inmigración a Generalitat es la parte “mollar” del paquete de acuerdos, como reconocen en la dirección del PSOE. Con todo, en el Gobierno trasladan que no se oponen de antemano a delegar esta competencia a otras CCAA que lo soliciten. Reconocen, eso sí, que nadie lo ha hecho hasta ahora porque “se trata de una política compleja”.

En el caso de Euskadi, el traspaso de la competencia del sistema de acogida sí figura dentro del primer paquete de transferencias comprometidas en el acuerdo de investidura, junto a la homologación de títulos universitarios y los trenes. Según el texto de dicho acuerdo, estas transferencias deberían activarse “en el plazo de tres meses” desde la investidura. El ministerio de Política Territorial, de hecho, está ultimando la ponencia técnica para cumplir con este calendario. El lehendakari Iñigo Urkullu ponía el foco en la transferencia de la política migratoria, este mismo jueves, conminando al Ejecutivo a “plasmar ya” el compromiso recogido en el acuerdo de investidura.

Equilibrios con ERC

El Gobierno, además del café para todos, sigue una segunda estrategia de equilibrios con sus socios independentistas para estabilizar la legislatura. Y es el bloque de investidura está marcado por las tensiones competitivas entre sus integrantes, principalmente entre ERC y Junts. Por ello, el ministro de Presidencia y Justicia, negociador habitual con los republicanos, contactaba este lunes con la Generalitat de Pere Aragonès para aplacar su malestar tras las cesiones a Junts.

Al mismo tiempo, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se reunía con la consellera de Territori, Ester Capella, para trasladarle su compromiso de publicar este mes de febrero el Índice de Precios de Referencia de Alquiler con el que la Generalitat podrá declarar zonas tensionadas y limitar los precios. De este modo, el Govern se precipitó en anunciar que regularán los alquileres a partir del mes de febrero. Sánchez es consciente de que la gobernabilidad descansa en el reparto de banderas entre estos actores, sin favorecer a unos sobre otros, esta es la lógica que comienza a marcar la nueva relación del Gobierno con el bloque de investidura.