Sánchez se expone al primer revés de la legislatura y apura la negociación de los decretos con Junts

Pedro Sánchez afronta este miércoles la primera votación en la que pondrá a prueba su capacidad para garantizar la gobernabilidad de la mano de un heterogéneo bloque de investidura. La convalidación de los tres primeros decretos de la legislatura está en el aire por el veto que mantiene Junts per Catalunya, las dudas de Podemos y el fracasado intento de buscar una vía alternativa con el PP. El Gobierno ha negociado contrarreloj con la prioridad de atraer a los posconvergentes, con la vista puesta en un plan para incentivar el retorno a Cataluña de las empresas que se fueron al calor del referéndum de 2017, y confía en salvar los decretos in extremis para evitar el primer revés a menos de dos meses de la investidura. Su único asidero es que Junts continúa sentado a la mesa.

Si decaen los decretos, lo harán también las reformas comprometidas con Bruselas, como la relativa al subsidio de desempleo, además de las medidas del paquete anticrisis para moderar la inflación y otras como la revalorización de las pensiones. Del cumplimiento del calendario de reformas pactado con la Comisión Europea depende el próximo desembolso de alrededor de 10.000 millones de euros de fondos europeos. “Aprobarlos significa decir sí a que los pensionistas perciban 52 euros más al mes o que los jóvenes, pero también los trabajadores, puedan utilizar el transporte público gratuito”, advertía este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

El Gobierno fía los decretos al apoyo de Junts pero advierte de que sancionar a empresas daña la “seguridad jurídica”

El Gobierno se juega parte de su agenda social y de los fondos europeos, pero también si es capaz de alejar el fantasma de la inestabilidad o, como ha vaticinado el líder de la oposición, del “desgobierno”. Todo ello a las puertas de que los Presupuestos para 2024, que definirán el alcance de la legislatura, lleguen al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria. La investidura de Sánchez ya visibilizó la apretada aritmética parlamentaria, sin margen para la geometría variable, y con la obligada incorporación al heterogéneo bloque de investidura de un actor como Junts que en la pasada legislatura mantuvo posiciones rupturistas. Lo que ocurra finalmente este miércoles sentará doctrina negociadora al inicio de la legislatura y la cuadratura del círculo no es sencilla.

El Gobierno necesita la colaboración de todos sus socios, con tendencias ideológicas tanto progresistas como conservadoras y en competición entre sí, para sacar adelante los tres reales decretos. Más allá de los 121 diputados del PSOE y los 26 de Sumar, el Ejecutivo de coalición tiene asegurado el apoyo de ERC (7), EH Bildu (6), PNV (5) y Coalición Canaria (1). Sin embargo, le hace falta como mínimo el respaldo de Podemos (5) y BNG (1), así como la abstención de Junts (7), para superar al bloque de PP (137), Vox (33) y UPN (1).

Dispuestos a marcar perfil propio tras la ruptura con Sumar a principios de diciembre, en Podemos solo dan por seguro su respaldo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Respecto al real decreto con medidas anticrisis, exigen que se incluyan iniciativas como la congelación de los alquileres o un tope a los beneficios de los grandes supermercados. Aun así, nunca han dicho que vayan a rechazar este texto, algo que sí han hecho con el relativo a la conciliación de la vida familiar y profesional. Podemos se niega a respaldar la norma, porque supone un “recorte” en las pensiones de los parados que hayan agotado su prestación. Fuentes de la dirección morada advierten que cuando toman una decisión la llevan "hasta el final". En este sentido, señalan que la votación de este miércoles "va a marcar la dinámica negociadora" de la legislatura.

ERC se desmarca

La portavoz del Gobierno insistía este martes en que “vamos a seguir hablando con todos grupos parlamentarios”, pero el foco se pone sobre todo en Junts. Sobre el PP, fuentes de Moncloa reconocen que esta vía está muerta porque “no tienen actitud de negociar”. Asimismo, entienden que Alberto Núñez Feijóo “ha fijado posición” avanzando su no al reclamar a cambio de su apoyo que se apruebe un nuevo decreto de medidas anticrisis con sus propuestas. Sobre las reticencias de Podemos, que también ha amenazado con tumbar el decreto relativo al subsidio por desempleo, fuentes de la cúpula del PSOE se mostraban convencidas de que los morados seguirán haciendo política “a favor de las mayorías sociales” para fijarse igualmente en acercar posturas con Junts. “Hasta el rabo todo es toro”, explicaba gráficamente una ministra socialista convencida de que un acuerdo in extremis.

Los posconvergentes entienden que uno de los puntos del decreto ómnibus torpedea la aplicación de la ley amnistía. Concretamente, el artículo 43 bis del decreto sobre justicia, que recoge que un tribunal puede dejar en suspense la aplicación de una ley en un asunto concreto si plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Asimismo, argumentan que los decretos contienen medidas que agravarían la “infrafinanciación" de Catalunya o suponen un "recorte" de competencias de la autonomía catalana.

Desde el Gobierno se han abierto a tramitar el decreto como proyecto de ley para negociar cambios con sus socios e incluir otras medidas que puedan poner sobre la mesa. Entre estas últimas, Junts ha reclamado avances en el plan de retorno de las empresas que salieron de Cataluña por el ‘procés’ con incentivos fiscales y también sanciones. Sobre lo primero, Hacienda tiene dudas de cómo articular bonificaciones dentro de la ley, mientras que sobre lo segundo, desde el Gobierno advertían este martes de que sancionar a empresas daña la “seguridad jurídica”. El enfoque de Junts cuenta también con el rechazo del propio Govern, en manos de los republicanos, quienes este miércoles votarán a favor tras criticar las “gesticulaciones” de los posconvergentes.

Retorno de empresas

Pese a todo, el plan de retorno de empresas abre una ventana de negociación para salvar los decretos. Sobre las exigencias de Junts de sancionar a las empresas que se marcharon de Cataluña, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, recalcaba que buscarán facilitar que las empresas regresen, pero siempre con seguridad jurídica, así como que garantizarán el cumplimiento del artículo 9 de la Ley de Sociedades de Capital. Una norma que ya establece que las empresas "fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación".

Las inversiones en infraestructuras tractoras, con el aliciente de los fondos europeos, el marco de diálogo institucional entre las diferentes administraciones o bonificaciones fiscales que se puedan establecer a nivel municipal o autonómico desde el margen permitido por la ley son algunas de las propuestas con las que se han movido los socialistas. De hecho, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ya propuso en su campaña electoral medidas como las bonificaciones fiscales. Se centrarían en el IAE (impuesto sobre actividades económicas) y el IBI (impuesto de bienes inmuebles) y se extenderían al resto de empresas también con sede en Cataluña para el desarrollo de actividades económicas declaradas de especial interés.