TRIBUNALES
La mayoría progresista del TC avanza el rechazo del recurso del PP contra la decisión de Batet de no pedir los expedientes de los indultos
Cuca Gamarra había recurrido al Alto Tribunal por entender que se habían vulnerado sus derechos como parlamentaria
Pleno del Tribunal Constitucional. / Alberto Ortega
La mayoría progresista del Tribunal Constitucional ha frenado la propuesta del magistrado conservador Ricardo Enríquez de estimar el recurso de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, y diputados de su partido contra la decisión de la expresidenta del Congreso Meritxell Batet de no pedir al Gobierno los expedientes completos de los indultos concedidos al exvicepresidente catalán y presidente de ERC, Oriol Junqueras, y al resto de condenados del 'procés', informaron fuentes del alto tribunal a El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica.
El pleno del tribunal ha estudiado la ponencia de Enríquez y la mayoría del pleno no la ha compartido, por lo que el magistrado ha decidido retirarla y elaborar otra para ser llevada a futuros plenos conforme al sentir mayoritario, partidario de rechazar el recurso del PP, que fue admitido a trámite en junio de 2022 y que se basa en el derecho a la información de los diputados y a los deberes de los órganos de la Cámara de preservarlos.
En junio de 2021 diputados del PP presentaron ante la Mesa del Congreso una solicitud de informe al Ministerio de Justicia y a la Presidencia del Gobierno para que se recabasen todos los informes y documentos que integraban los expedientes de estos indultos. Batet rechazó la pretensión y la portavoz del PP en la Cámara Baja, recurrió al Constitucional por entender que se habían vulnerado sus derechos como parlamentaria.
Protección de datos
El Gobierno rechazó "hacer públicos" o "dar acceso a los expedientes" completos de los indultos a los líderes del procés sin el "consentimiento expreso" de los afectados, amparándose en la Ley de Protección de Datos y en los plazos marcados en la Ley del Patrimonio Histórico Español, según dejó reflejado en una pregunta registrada por el que el que era diputado del Grupo Mixto Pablo Cambronero.
Según estas normas, los documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la seguridad de las personas, no podrán ser publicados sin consentimiento expreso de los afectados, hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte o, en otro caso, de 50 años, a partir de la fecha de los documentos.
El criterio que ha primado en el pleno del Constitucional ha sido acorde con los argumentos del Ejecutivo, mientras que la propuesta de Enríquez pretendía garantizar el derecho a la información de los diputados y dar preferencia a este derecho frente al de la intimidad de los datos personales.
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