El Gobierno de Sánchez ve ilegal la ley de Cofiño que dificulta el pacto en Asturias de Barbón con IU

El Gobierno de España ha manifestado al Principado de Asturias sus "discrepancias" sobre el encaje constitucional y la posible invasión de competencias de algunas disposiciones contenidas en quince artículos de la ley autonómica de calidad ambiental, impulsada por el exvicepresidente autonómico y ahora presidente de la Junta, Juan Cofiño. Para tratar de resolverlas, y evitar la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional, la Administración General del Estado ha promovido la designación, en el marco de la comisión bilateral de cooperación entre el Estado y el Principado, de un grupo de trabajo con representantes de las dos partes para limar las asperezas y discutir los posibles vicios en que haya podido incurrir la norma. El procedimiento otorga nueve meses desde la publicación de la ley –el pasado 29 de abril– para alcanzar un acuerdo de modificación o interpretación de los preceptos cuestionados que en caso de no sustanciarse podría conducir, en última instancia, a la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional. El tope temporal máximo para que eso pueda acabar así queda situado, por tanto, en los últimos días de enero.

Esta "discrepancia" sobre una de las leyes nucleares del primer Gobierno de Adrián Barbón llega en un momento político particularmente significativo, en pleno diálogo del PSOE con IU para la configuración de un posible Gobierno de coalición y con las dos fuerzas sentadas a una mesa de negociación en cuyo orden del día ocupa un lugar preferente esta ley de calidad ambiental. IU la ha cuestionado muy ruidosamente por lo que supone, a su juicio, de eliminación de trabas y controles medioambientales previos a la implantación de determinadas actividades empresariales y sigue reclamando su modificación.

Por eso tiene interés que sea justo ahora cuando se manifiestan las dudas de legalidad y la activación de un grupo de trabajo que parte con el cometido de proponer a la comisión una solución aceptable. Las "discrepancias" afectan a quince artículos cuyo contenido permite inferir que pueden llegar a afectar "directamente al corazón de la ley". Eso apunta el administrativista Javier Junceda, que ya expuso sus propias objeciones en junio de 2022, durante su comparecencia como experto en la Junta para valorar el contenido de la norma en su proceso de tramitación parlamentaria.

Entre los preceptos cuestionados figura por ejemplo aquél en el que se acota el ámbito de aplicación de la polémica "declaración responsable ambiental". Ha sido éste uno de los caballos de batalla de los opositores políticos a la ley, que fue impulsada y ardorosamente defendida por Juan Cofiño en sus labores de consejero de Medio Ambiente y aprobada en la Junta el pasado marzo. La declaración se prevé para dar de paso actividades consideradas de "menor incidencia ambiental" mediante una simple certificación del promotor sobre el cumplimiento de la normativa, que luego ha de ser verificada por la administración.

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El Gobierno sospecha ahora que ésta y otras disposiciones de la ley pueden haber invadido en alguno de sus puntos el espacio propio de la legislación básica estatal o entrar en colisión con otros ámbitos legislativos. Así ocurre también con la previsión que hace la norma de una posible "fiscalidad ambiental" o con otro de los artículos controvertidos y cuestionados por el movimiento ecologista, el 33. Aquí se excluyen del régimen de la autorización ambiental integrada los "proyectos de investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos", lo que ha sido interpretado como una puerta abierta a proyectos empresariales potencialmente lesivos para los caladeros asturianos. A los ecologistas no se les ha escapado que el uso del término "experimental" coincide con el que utilizan las eléctricas para sus proyectos de eólica marina "offshore".

El Estado y el Principado tienen hasta enero para resolver sus diferencias y decidir si llegan a un acuerdo, si modifican la ley –lo que la obligaría a pasar de nuevo el trámite parlamentario en la Junta– o la discrepancia acaba en recurso de inconstitucionalidad. Fuentes del Principado circunscriben este análisis conjunto en "un procedimiento ordinario de análisis y estudio jurídico que se da entre las comunidades y el Estado, y que ya se ha producido otras veces en Asturias y en el resto de autonomías". En este caso concreto, siguen las mismas fuentes, "el Principado entiende que los apartados en los que el Estado ha encontrado discrepancias no afectan a cuestiones de fondo o esenciales de la norma, sino a aspectos de estricta interpretación jurídica que se aclararán una vez que se constituya el grupo de trabajo".

Se da además la circunstancia de que el grupo de trabajo puede llegar a tener que desarrollar sus funciones con el Gobierno estatal que surja de las elecciones del 23J, con lo que eso puede conllevar si ese Ejecutivo es de un color político distinto al del Principado.