Aragonès convoca a sindicatos y patronal el lunes para presionar al PSC por los presupuestos

Pere Aragonès aprieta el acelerador. La tregua de una semana, según los republicanos unilateral, que Salvador Illa decretó el pasado miércoles y la ausencia de respuesta de los socialistas a la propuesta presentada por Laura Vilagrà a Alicia Romero, el lunes, sobre la B-40, han causado enfado en el Palau de la Generalitat. Y la respuesta del president pasa por convocar de manera inmediata, para el lunes, el Consell de Diàleg Social, el órgano que reúne a Govern, sindicatos y patronal, con quien se cerró, el 5 de diciembre, un acuerdo para los presupuestos de la Generalitat. EL objetivo es obvio, tratar de presionar a los socialistas y tratar de que se visualice una eventual soledad del PSC con un proyecto de cuentas que defienden los agentes sociales y los Comuns.

Fuentes de Govern negaron que la convocatoria tuviera ánimo punitivo para los socialistas y apuntan que en la reunión Aragonès detallará el estado de las negociaciones. Según los republicanos, el debate estrictamente sobre las cifras de las cuentas está cerrado y todo queda pendiente de los llamados 'macroproyectos', en especial, de la voluntad del Govern de permitir que el Estado construya la B-40.

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El acuerdo de diciembre fue definido por varias voces, tanto de sindicatos como de la patronal, de histórico. En él se prevé un aumento del 8% del Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC) que actualmente es de 569,12 euros mensuales y que pasará a ser de 614,65 en 2023. La Generalitat revalorizará este indicador, que fija la cuantía de las prestaciones sociales que ofrece la Generalitat -desde las becas comedor hasta las ayudas por la vivienda social- y determina quién puede (y quien no) percibirlas. Dicho incremento afecta principalmente a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y, en total, implicará un aumento de 144 millones de euros en gasto público.

Asimismo, el acuerdo incluye la inversión de 680 millones de euros en el sector industrial. Para los agentes sociales es clave que el Ejecutivo se haga corresponsable del Pacte Nacional per a la Indústria, firmado recientemente y que pretende revertir el declive y revigorizar el sector secundario que ha vivido Catalunya durante los últimos años.