LEY DEL 'SÍ ES SÍ'

El Gobierno gana tiempo para afrontar una de sus mayores crisis de credibilidad

Se pretende esperar a que el Tribunal Supremo y la Fiscalía unifiquen una postura mientras en el PSOE crecen las voces para que se dé una respuesta política

La reducción de la pena a algunos delincuentes sexuales es un golpe al corazón político del Ejecutivo y tiene un impacto en el electorado progresista

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez / Borja Puig de la Bellacasa / Moncloa

Moncloa busca cómo encarar una de sus mayores crisis de credibilidad, abierta por los efectos que ha provocado la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí'. Los tribunales han rebajado al menos 11 condenas de abusos sexuales y excarcelado a cinco personas, en aplicación de la doctrina "más favorable al reo". En el PSOE el malestar "es creciente" e incluso los propios ministros socialistas no comprenden cómo ha podido pasar. Pero, aunque es una norma del Ministerio de Igualdad, de Unidas Podemos, la ley la aprueba todo el Gobierno.

La sensación es que toca aguantar y que no hay más salida que retocar la ley, pese a la oposición del ministerio de Irene Montero, que culpa a los jueces de lo que está sucediendo. El próximo miércoles el PSOE se deberán enfrentar a la votación en el Senado de una moción del PP en la que directamente se pide revertir la reducción de penas para los delincuentes sexuales. Mientras, señalan en el Gobierno, "hay tiempo para buscar soluciones".

Pero este asunto ha impactado en el corazón del Gobierno de coalición. Si la posibilidad de una reforma del delito de malversación pone en solfa el compromiso en la lucha contra la corrupción, las consecuencias de la ley de garantía integral de la libertad sexual cuestionan el propio objetivo de legislar para proteger a la mujer. Esto es algo que en las últimas horas han puesto de manifiesto diversos cargos del PSOE.

Y no sólo en eso, que es fundamental, radica la crisis de credibilidad. Es que ha pasado, pese a las advertencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de algunos juristas. A la luz de lo que está sucediendo, la ley presenta deficiencias técnicas que dejan mal parado a todo el Ejecutivo. Un argumento que ya usa como excusa el Ministerio de Igualdad. Además, el daño para el Gobierno es mayor porque fueron avisados e hicieron caso omiso. Ahora este error ya tiene muy difícil solución porque los cambios, de realizarse, sólo afectarían a los delitos que se cometan a partir de la aprobación de un nuevo texto.

FALTA DE RESPUESTA POLÍTICA

La postura oficial la expresó este miércoles desde Bali (Indonesia) el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y pasa por "dejar trabajar a los tribunales" para que "unifiquen doctrina y creen jurisprudencia", en referencia al Tribunal Supremo y a la Fiscalía. Que es también la única salida que contempla Irene Montero. Pero en el PSOE lo que demandan es dar una respuesta política y se habla abiertamente de corregir la ley. Se trata de un asunto muy sensible para la opinión pública, que resulta incomprensible para el electorado socialista, señalan. El Gobierno ofrece en estos momentos una imagen de falta de reacción, de parálisis, reforzada por el hecho de que el presidente se encuentra fuera de España.

Fuentes del bloque socialista del Ejecutivo reconocen que "algunas lagunas debe haber" en la ley del 'sí es sí', ya que existe más de una resolución judicial de reducciones de penas, en contraposición al discurso negacionista de Igualdad, al que tampoco se ha acompañado en sus críticas al Poder Judicial. "Obviamente, no puede ser que los agresores sexuales salgan beneficiados", añaden. En esta línea, fuentes del partido estiman que "con las leyes hay que ser riguroso", lo que abunda en la falta de fiabilidad del Gobierno, después además del debate técnico que ya se produjo y que prosigue con la ley trans.

PRESIÓN PARA REVISAR LA LEY

En el grupo socialista en el Congreso dan por hecho que habrá que tocar el texto y esto es lo que se reclamó desde diferentes ámbitos de la organización, a pesar de que la ministra de Igualdad insistió anoche en La Ser en que "no es necesario" modificarlo. Pero la puerta de un cambio es la que abrieron la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, y la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría.

Montero señaló que "el objetivo era proteger a los menores y a las mujeres, y es lo que tiene que hacer la ley en cualquier caso". Y en la misma línea, Alegría abogó por "estudiarlo y valorarlo de manera sosegada" desde un punto de vista jurídico, para saber "las posibles modificaciones que hay que hacer". "Si hubiera que revisar una ley para conseguir claramente su objetivo, se tendrá que hacer", apuntó.

Aunque la postura del Gobierno es que no pueden precipitarse, algunas voces en el PSOE han comenzado a reclamar más celeridad. El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, reclamó revisar la norma "cuanto antes mejor" y recomendó a Podemos "reconocer los errores", ya que todo el mundo se puede equivocar. "Los errores no siempre son de los demás", subrayó.

"Si hay problemas de matiz, de una coma, de una tilde, conviene ponérsela, cuanto antes mejor, con humildad, con normalidad, nadie discute el fondo", porque aunque la iniciativa tenía buena intención y persigue "proteger a las mujeres y combatir la violencia sexual", tiene que definirse, y "rematarse bien".

Esta es una reflexión que se hace también desde otros territorios. En Asturias, la delegada del Gobierno, Delia Losa, instó al Parlamento a actuar. El Congreso "es un órgano vivo" y, por tanto, "tiene que corregir inmediatamente este efecto perverso que parece ser que está provocando la aplicación de la ley".

"PODÍA PASAR"

En la Comunidad Valenciana, la consellera de Justicia y exvocal del CGPJ, Gabriela Bravo, pidió analizar si la ley 'solo sí es sí' está beneficiando a los violadores porque "esta norma se supone que nace para proteger más a las víctimas y para penar a los agresores sexuales", según informa Europa Press. Una consecuencia, recordó, de la que ya se avisó pues "tanto el Consejo de Estado como el Consejo General del Poder Judicial alertaron de esta posible situación, es decir, que podía beneficiar a los violadores".

Una advertencia que, según la exvicesecretaria general del PSOE y actual presidenta de la Fundación Mujeres, Elena Valenciano, también hicieron "muchas mujeres", sobre todo expertas juristas, cuando tuvieron conocimiento de la ley. Las "leyes técnicamente hay que hacerlas bien, para que no se rebajen las penas a los condenados por delitos sexuales que es algo, asumió, que nadie tenía intención de que ocurriera.