Irene Montero se escuda en Pedro Sánchez y diluye su responsabilidad en el Gobierno

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha insistido este miércoles en que el goteo de resoluciones judiciales que rebajan sensiblemente las condenas impuestas a violadores o abusadores e incluso las excarcelaciones que se han llevado a cabo por la entrada en vigor de la Ley de garantía integral de la libertad sexual se deben en mayor medida a "un problema en la aplicación de la ley que la articulación en el Código Penal" y se ha escudado en el conjunto del Gobierno y en especial en el presidente para defender la redacción de la norma.

Montero ha reconocido en una entrevista en Hora 25 que en todo proceso de aplicación de una ley "puede haber errores", pero ha apelado a las palabras de Sánchez, que este miércoles ha abogado por esperar a que el Tribunal Supremo unifique la jurisprudencia. La dirigente ha mencionado al jefe del Ejecutivo hasta cuatro veces y, aunque ha admitido no haber hablado con él, sí ha señalado que "me consta que está implicado". "Ha hecho unas declaraciones con las que estoy de acuerdo".

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La titular de Igualdad ha insistido en varias ocasiones en que la norma pasó por "todo el Gobierno", que fue revisada por "todos los ministerios" y que "nadie" advirtió de la posible rebaja de penas. "De todos los actores a nivel de Gobierno y de todos los organismos que han revisado este texto en más de dos años de redacción, si alguien hubiera creído que era necesario [una modificación], se hubiese planteado", ha abundado.

Según su versión, "estaba tan claro que se cumpliría con la jurisprudencia que no se vio necesario incluir ninguna disposición transitoria". "La redefinición del Código Penal ha sido revisada por multitud de organismos y ninguno vio que era posible rebajar las penas con la nueva arquitectura legal", ha reiterado, apuntando a que las advertencias del CGPJ son "un bulo".

"Lo que hizo fue alertar de que, entre la primera y la segunda vuelta, si bajábamos las penas máximas, podrían darse casos de revisión de las penas. Eso justificó que el ministro de Justicia de entonces, Campo, nos convenciese con su empeño en no bajar los tipos máximos", ha argumentado.

INTERPRETACIÓN ERRÓNEA

Según la ministra, "lo que estamos viendo ahora en los casos en los que estamos pudiendo estudiar la sentencia es que hay un problema en la aplicación de la ley, una interpretación errónea", ha asegurado la ministra, insistiendo en que "nadie pudo pensar que si se bajaban las penas mínimas, eso podía conllevar reducciones de las penas porque existe jurisprudencia".

Montero ha defendido que "todos los jueces tienen margen de interpretación" y ha asegurado que su principal preocupación es "la alarma social que se puede generar, llamado terror sexual". "La sensación para muchas mujeres de que los tribunales no son lugares seguros para ellos. Tenemos que ser capaces de enviar el mensaje de que esta ley sirve para proteger a las mujeres", ha dicho.

En su opinión, "los estereotipos pueden llevar a que se aplique de forma errónea la ley". "El machismo puede hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa, según señala la ONU. El objetivo es dar un marco efectivo para proteger la libertad sexual", ha aseverado.