César Pinto, el 'crack' del turno de oficio que pone en jaque a la Administración

Desde un minúsculo despacho en la Gran Vía madrileña, donde ha estrenado una doble pantalla para el ordenador que echa un lado para poder mirar a la cara a sus visitas, César Pinto sigue pleiteando contra la desigualdad social y sacando los colores a la Administración, muchas veces desde el turno de oficio. El abogado, de tono afable y gesto risueño, recibe a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y se quita importancia pese a haber recibido varios premios en los últimos años por su especial dedicación y por sus éxitos judiciales, como la medalla de honor que le otorgó el pasado mes de junio el Colegio de la Abogacía de Madrid.

Los abogados de oficio están en boca de las siete candidaturas que optan a representar a los casi 79.000 letrados colegiados en la capital en las elecciones a decano que se celebran el próximo 20 de diciembre, ocupando sus propuestas electorales 'estrella'. Pinto se sitúa fuera de esta contienda y, frente a las promesas para "dignificar" a este colectivo mediante la actualización de los baremos retributivos, considera que es la dedicación y el trabajo lo que dignifica personalmente a quien se dedica a estos asuntos. "Evidentemente procede pagar más", concede, cansado de que este sea el único tema a debatir cuando se habla de estos profesionales.

Entre sus éxitos, haber conseguido hasta una docena de resoluciones favorables ante el Tribunal Constitucional (TC). Con excepción de la primera, cuando acudió en representacion de la empresa de construcción de su tío, todas actuando por el turno de oficio. Se trata de un logro nada despreciable, teniendo en cuenta de que el tribunal de garantías admite a trámite apenas el 2 por ciento de los más de 7.000 recursos de amparo que ingresan de media cada año.

Los objetivos de sus recursos son variados, pero muchos de ellos tienen que ver con asuntos de Extranjería. Así, en dos ocasiones ha obtenido en el Tribunal Constitucional el amparo para inmigrantes por la indefensión que les causó que la propuesta de expulsión adjuntara hechos nuevos que no habían podido combatir durante el proceso administrativo; y también se estimó su recurso por la dilaciones indebidas, de entre dos y cuatro años, que sufrió uno de sus clientes en otro procedimiento de expulsión.

Igualmente, este abogado obtuvo resoluciones favorables del TC para un hombre confinado en un centro de internamiento al que no permitieron recurrir, dado que el papeleo para la designación de abogado de oficio tardó tanto que perdió el plazo para hacerlo; y para otro cliente que acabó en uno de estos centros para inmigrantes sin que se fundamentaran suficientemente las razones para ello. Otro de los asuntos ganados, sobre responsabilidad patrimonial, fue el caso de dos ciudadanos rumanos acusados de agresión sexual que resultaron absueltos, no sin antes tener que pasar cuatro años en prisión.

Preguntado por qué entra uno en el turno de oficio, que se paga tarde y mal -depende del territorio pero la media es de 153,14 euros por expediente según datos Observatorio de la Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española relativos a 2020, 300 en el caso de ir al TC- Pinto alude a la satisfacción personal y también al estímulo de tipo intelectual a la hora de estudiar los temas de Penal y Extranjería, que son los que más le interesan.

También por el trato con las personas a los que este oficio da acceso. "La capacidad econónica coloca en una situación muy desigual a las personas ante la sociedad, y ante la justicia como parte de esa sociedad", sentencia. Añade que el abogado de oficio hace valer los derechos reconocidos para los ciudadanos en el papel "y que en la práctica, muchas veces, no se aplican", si bien "económicamente no es rentable", por lo que se compensa con los clientes propios

GANAR AL GIGANTE GOLDMAN SACHS

Si se hace una búsqueda en internet, varias informaciones citan a Pinto en 2021 por la demanda de un albañil de origen marroquí, Rachid, que acabó con una resolución del Supremo reconociendo a la nulidad de la venta de casi 3.000 viviendas sociales por parte de la Comunidad de Madrid a Encasa Cibeles, propiedad de Goldman Sachs.

En este caso, el trabajador se empeñó en recurrir la venta de su casa porque el nuevo propietario había subido el alquiler, y encontró en Pinto, que le fue asignado por el turno de oficio, un aliado obstinado y perseverante. Pese a la desestimacion en primera instancia, recurrieron y llegaron al Supremo, que acabó reconociendo que el asunto afectaba no solo a Rachid sino a todos los inquilinos de las viviendas, lo que obligaba a la Administración autonómica a recuperar las viviendas y ofrecer de nuevo a los inquilinos un alquiler social.

Antes de ello, en 2019, ya había consiguió llevar como letrado de oficio el desahucio de una mujer ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos- (TEDH), y en esta ocasión fue el órgano internacional el que se ocupó de pagarle, unos 850 euros, recuerda en su conversación con este diario.

UNA NUEVA CITA, EL MARTES

Pinto no para, y confiesa sus nerviosos de cara al próximo martes 15 de noviembre, cuando se conocerá una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa Zouhair D.B, un vecino de Navalcarnero (Madrid) que ha demandado a la administración madrileña ante Estrasburgo por ordenar su desalojo de una vivienda de protección social por impago de rentas, dada la imposibilidad de recurrir precisamente por no haber depositado con anterioridad el importe de las rentas impagadas (y de las que no disponía) como le exige la ley.

 En este caso se aduce vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos por vulneración del derecho a un juicio justo y discriminación en relación con los propietarios, a quienes no se exige ningún depósito para poder pleitear, además de desigualdad por motivos de raza y económicos. Veremos si, en esta ocasión, Pinto vuelve a marcar un gol de oro a las administraciones.