El Gobierno cree que la ruptura pasa factura a Feijóo en Bruselas: "Estarán espeluznados"

Moncloa todavía está deglutiendo la ruptura de las negociaciones con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional, sin saber muy bien cuál será el siguiente paso. Del desconcierto inicial se ha pasado al enfado porque Alberto Núñez Feijóo vinculara un acuerdo, que estaba prácticamente culminado, a que el Gobierno no acometa una reforma del delito de la sedición.

Mientras se decide qué hacer, el Ejecutivo está volcado en que "Feijoo siga en el centro de la actualidad, quedando como está quedando". Porque, según sostienen fuentes de Moncloa, creen que su marcha atrás "debilita" su liderazgo y le "desgasta" entre su electorado. Y no sólo eso. En el Gobierno opinan que le pasa factura en Bruselas. "En la Comisión Europea estarán espeluznados", aseguran sobre la suspensión unilateral de las conversaciones. Tiene consecuencias, explican, "a todos los niveles: interno en el PP, en España y en Europa". "Es inconcebible un incumplimiento constitucional de cuatro años. Esto no pasa en ningún país".

Fuentes populares, por su parte, puntualizan el malestar de Bruselas con Feijóo porque la UE "no acusa a las formaciones políticas" sino a las instituciones. Y en este caso, destacan, el interlocutor directo es el Gobierno. Esto no es óbice para que fuentes de la UE reconozcan que la Comisión reparte culpas "entre los dos".

CONTACTOS CON BRUSELAS

El Ejecutivo no ha desvelado si ha mantenido contactos con Bruselas tras saltar por los aires el pacto con el PP para actualizar el CGPJ y el TC. Pero la realidad es que, hasta el comunicado del PP, el Gobierno y Génova estaban cumpliendo estrictamente con la petición del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders. Primero renovar el órgano de gobierno de los jueces e "inmediatamente" cambiar la ley para avanzar en una menor politización.

Los dos negociadores, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, llegaron a pactar una proposición de ley orgánica de reforma del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal que se iba a tramitar "al mismo tiempo" que se examinaba a los candidatos al CGPJ. Según detalló González Pons este lunes en Onda Cero, "pedíamos al Consejo General del Poder Judicial que en el plazo de seis meses y por mayoría de tres quintos nos propusiera un nuevo modelo de Consejo General del Poder Judicial que pudiera ser aceptado por el informe sobre Estado Derecho de la Unión Europea".

Cuando se conoció el descalabro de la negociación, la portavoz de interior del Ejecutivo comunitario, Anitta Hipper, insistió en su petición. “Es clave que la falta de nombramientos para el Consejo del Poder Judicial se afronte de forma prioritaria”. El propio González Pons contó en la radio que ha hablado con Reynders aunque no concretó el sentido de su conversación.

Ante un distanciamiento tan brutal entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición sólo Bruselas podría ejercer de mediador. Su presión, junto a la crisis institucional que provocó la dimisión del expresidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, fue decisiva para que se retomaran las conversaciones.

TODO EL FOCO SOBRE FEIJOO

Pero, mientras aparece alguna luz en mitad de este oscuro túnel, el Gobierno ha optado por reactivar la campaña contra Feijóo, que en las últimas semanas había perdido fuerza. Las encuestas empezaban a reflejar que el crecimiento electoral del PP se ralentizaba y el trasvase de votos socialistas al dirigente gallego también.

Este lunes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, reiteró que "el cumplimiento de la Constitución no admite chantajes", en referencia a la petición de los populares de no cambiar el Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición. "Para incumplir la Constitución ya teníamos a Pablo Casado", destacó la ministra, que añadió sobre Feijóo, que con él no se puede "ni jugar al parchís".

Sobre esta idea se insistirá desde Moncloa sin tregua. Porque, señalan fuentes del Ejecutivo, "no se puede naturalizar un incumplimiento de la Constitución de esta envergadura". Y los españoles deben saber, añaden, que Feijóo "no ha venido a otra cosa". "No tiene autonomía para tomar decisiones", destacan respecto a su idea de que "le han doblado el pulso desde dentro y desde fuera del PP" para que no alcanzara un pacto con el Gobierno.

SALVAR EL TC

Isabel Rodríguez dejó en el aire la posibilidad de recuperar la propuesta de cambiar en el Congreso la mayoría para elegir a los miembros del CGPJ y pasar de tres quintos (210 votos) a mayoría absoluta (176), lo que convertiría en innecesario el apoyo de PP. No se refirió a ello de manera explícita pero no lo descartó, a pesar de que se le preguntó reiteradamente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Aunque se antoja una vía intransitable porque hace dos años, cuando se planteó, Bruselas obligó a desecharla.

Tampoco aclaró cuándo el Ejecutivo nombrará a los dos miembros del Tribunal Constitucional que le corresponde designar y si confía en que el CGPJ hago lo propio con los suyos. Pero en el Gobierno entienden que el órgano de los jueces "cumplirá la ley" y elegirá a sus dos magistrados del TC y, casi a la vez, el propio Ejecutivo a los suyos. Si esto sucede en poco tiempo, el desbloqueo del Constitucional para conseguir una mayoría progresista podría ser una solución que satisfaga a Sánchez. De hecho, desde que el PP, tras las elecciones andaluzas, empezó a dar largas para sentarse a negociar, en Moncloa dieron por perdido actualizar el CGPJ y se centraron en el TC. Y salvo que la UE se implique, esta parece ser de nuevo la posición del Gobierno.