El PP apunta al pánico electoral del PSOE: "Los barones buscan salvarse"

Si hace unas semanas el PP se inquietó por su posición pública sobre el rechazo al impuesto a las energéticas y el temor a que no se comprendiera, las tornas han cambiado en el panorama nacional. En Génova dan por hecho que la batalla fiscal está retratando al Gobierno y apuntan a la “descomposición” de la estrategia de Moncloa por los movimientos unilaterales de sus presidentes autonómicos. “Esto es un sálvese quien pueda fiscal. Los barones socialistas van por libre porque se han dado cuenta de que hay que actuar y tomar medidas. Y no pueden asumir la orden del Gobierno de no bajar un solo impuesto”, explican distintas fuentes del PP.

El anuncio de Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, de bajar el IRPF a las rentas de hasta 60.000 euros sorprendió a propios y extraños. En el PP valenciano recuerdan que el PSOE se ha opuesto en cuatro ocasiones a su propuesta de reforma fiscal que pedía actuar sobre el impuesto de la renta también. Incluso la horquilla elegida por Puig supera la propuesta de Alberto Núñez Feijóo, que desde abril pide al Gobierno la deflactación del IRPF para todas las rentas de menos de 40.000 euros como alivio directo a la crisis inflacionista. El País Vasco aprobó una bajada similar para todos los tramos este verano, con el apoyo de los socialistas vascos.

Aquella decisión ya fue difícil de digerir dentro del PSOE y ha sido utilizada por el PP para plasmar la “incoherencia” en función del territorio. Pero el caso valenciano, de la mano de uno de los dirigentes más críticos con la política de bajada de impuestos del PP, “es un paso más”, insisten en Génova, sin descartar que otros barones socialistas sigan la estela de Puig en los próximos días.

En el PP apuntan a “cálculos electorales” y al “pánico” que viven distintos territorios por el temor de perder gobiernos autonómicos en el mes de mayo. De ahí que en su opinión, los barones “empiecen a actuar por libre” desoyendo la estrategia de Pedro Sánchez y poniendo en un aprieto importante al Gobierno. 

No es una cuestión menor porque Moncloa lleva dos meses implementando una hoja de ruta de defensa de las clases medias y bajas, acusando al PP de proteger a los “poderosos” y a las grandes empresas. En ese marco reprochan a los conservadores el rechazo al impuesto a las energéticas y a los bancos (a pesar de que la Comisión Europea dio un impulso a una tasa para las compañías energéticas que, eso sí, propone gravar los beneficios extraordinarios por la inflación y no los ingresos como piden PSOE y Unidas Podemos) y otras propuestas fiscales que Andalucía y Madrid han puesto en marcha como la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio. La teoría de que el PP “solo protege a los ricos” y no a las clases más vulnerables.

La unidad del PSOE se resquebrajó cuando hace días el presidente de la Castilla La-Mancha, Emiliano García Page, negó que Feijóo pudiera ser calificado como “una persona insolvente”. La declaración sentó muy mal dentro de Moncloa por entender que atacaba a la línea de flotación de su estrategia, que consiste, precisamente, en desmontar la idea de "buen gestor" que atesora el expresidente de la Xunta. En Génova recogían el guante entonces y desde el anuncio de Puig ayer, insisten: “No serán tan malas las propuestas si sus propios presidentes autonómicos las copian”. Y añadían: “Habrá que preguntarle al Gobierno si lo de Puig es insolvencia o mala fe”. La ironía respondía a una de las frases que más repitió Sánchez en su duelo con Feijóo en el Senado al arranque del curso político.

Aunque la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, evitó cargar directamente contra Puig, tanto ella como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apelaron a la “responsabilidad” que deben tener los dirigentes autonómicos, recalcando que las bajadas de impuestos suelen ir acompañadas de recortes a servicios públicos. Montero endureció el tono: “No es bueno que las autonomías inicien esta espiral”, aseveró.

El anuncio de Puig da continuidad al debate abierto en canal la semana pasada por el presidente andaluz, el popular Juanma Moreno Bonilla. A su decisión de eliminar el impuesto de patrimonio y bajar el IRPF a los tres primeros tramos (hasta los 35.200 euros) le siguió la del Gobierno de España de desempolvar un nuevo impuesto a las grandes fortunas, temporal por el momento, que Podemos ha reivindicado desde hace años y que el PSOE ahora acepta. 

De nuevo los socialistas se erigieron como el Gobierno que exige un mayor esfuerzo a los que más tienen en momentos de dificultades. Actuar sobre el impuesto de la renta nunca ha estado en los planes de Moncloa (se han negado tajantemente a aplicar la petición de Feijóo en estos meses). Pero ayer la ministra portavoz no se pronunció al respecto, emplazando a esperar al jueves, cuando Montero presentará con detalle el paquete fiscal que acompañará a los Presupuestos Generales.

En Génova se mantienen en alerta. Algunos dirigentes siguen sosteniendo que “no tendrán más remedio” que tomar decisiones, como ya hacen algunos barones socialistas. Otros consideran que el Gobierno evitará la deflactación porque es ya “una bandera del PP” a todas luces. Y ahora ponen el foco en la última propuesta de los conservadores, la bajada del IVA al 4% de algunos alimentos básicos de la cesta de la compra como la carne, el pescado, el agua, aceites, pasta seca o las conservas. No descartan que el Ejecutivo se avenga a aceptarlo. “Nosotros vamos a seguir presionando”, zanjan en Génova.