La ley que no se olvidaría se acerca al olvido: nadie negocia el decreto de ahorro energético

El decreto con medidas de ahorro energético y descuentos para el uso del transporte público y de trenes de la red de cercanías, aquél que el Gobierno se comprometió a cambiar en un mes como si fuera un proyecto de ley para que el Congreso no lo derogara, ese decreto que era tan importante, se encuentra olvidado en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 20 días después. Así lo han confirmado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes de cinco grupos parlamentarios.

La presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, convocó un pleno extraordinario para el 25 de agosto porque el decreto, aprobado en Consejo de Ministros el 1 de ese mes, necesitaba el aval parlamentario para seguir en vigor. Dado el cariz de las medidas, parecía que dicho decreto circularía por el pleno del Congreso sin ningún obstáculo. Pero no fue así.

El PSOE y Unidas Podemos se pusieron nerviosos apenas cuatro días antes de la sesión extraordinaria porque sus interlocutores se encontraron con que ERC, PNV, EH Bildu y PDeCAT no tenían tan claro el apoyo. ¿Cuál es el problema?, preguntaron desde el Gobierno. “Tenemos que estudiarlo con más detenimiento”, contestaron los grupos. Estudiarlo con más detenimiento era una forma de transmitir al Ejecutivo que enviar al Congreso un decreto en el que se mezclan asuntos tan dispares, y todos tan relevantes, entraña riesgos.

Pasados los días, ha ido despejándose una lectura, que en verdad es la que manejaron las fuentes socialistas y “moradas” por aquellas fechas tan inciertas. Lo que querían hacer los habituales aliados parlamentarios era presionar. Alargar la incógnita, sabedores de que el PP desvelaría su posición lo más tarde que pudiera, era una manera de obligar al Gobierno, al menos, a escuchar determinadas propuestas.

¿Cambios en un mes?

Unos 150 decretos leyes ha enviado el Gobierno al Congreso para su convalidación o derogación. Legislar así desdibuja el debate parlamentario. Para empezar, no hay ponencias de las que salga un dictamen, no hay debates previos de los grupos. Si encima el decreto abarca un número considerable de ámbitos variados, el papel del Congreso se convierte en un plato de lentejas, que o las tomas o las dejas. No se puede desgajar un ámbito para cambiarlo, los decretos se votan en bloque. 

¿Qué hicieron entonces grupos como ERC, EH Bildu y el PDeCAT? Pedir la tramitación como proyecto de ley. En la actual legislatura, y a decir verdad en todas las anteriores, la tramitación de un decreto como proyecto de ley es un proceso fácilmente abocado al olvido. No suele interesar al Gobierno cambiar un instrumento legislativo concebido para afrontar una situación de “urgente y extraordinaria necesidad”. Suelen constar de medidas de alcance limitado, y por tanto, de desembolso concreto. A más tiempo, más gasto.

La clave de que esto suceda reside en la Mesa del Congreso. PSOE y Unidas Podemos tienen la mayoría de sus nueve miembros, y por tanto, basta que acuerden no desatascar los plazos de enmiendas para que la tramitación del decreto se vaya olvidando y olvidando.

Hasta 20 decretos leyes que el pleno decidió tramitar como proyectos de ley están así: proscritos, por expresarlo crudamente. Algunos incluso llevan cogiendo polvo desde 2020, desde lo más duro de la pandemia. Nadie en el Congreso duda de que terminarán “muriendo”, porque cuando la legislatura acaba, desaparecen. Pero ese decreto del ahorro energético no debería correr tan nefasta suerte porque el Gobierno se comprometió a tramitarlo en un mes, día arriba, día abajo. ERC, EH Bildu y PDeCAT pidieron un compromiso, y el PSOE lo dio: sí, en un mes, calificación, remisión a la comisión, pocos días de plazo de enmiendas, debate en ponencia en dos semanas, dictamen de comisión “ipso facto” y rumbo al pleno. A finales de septiembre-primeros de octubre, la ley estaría forjada y enviada  al Senado.

Vacío parlamentario... Por ahora

El decreto, ya proyecto de ley, fue calificado por la Mesa el pasado 8 de septiembre y lo envió a la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Se ha puesto un primer plazo para la presentación de enmiendas hasta el próximo martes, día 21. Pues bien. Algunos portavoces de la citada Comisión, preguntados por este medio, han reconocido que ni siquiera sabían que el proyecto iba a caer, si cae, en sus manos. La explicación es relativamente sencilla: las medidas sobre descuentos y gratuidad del transporte público y trenes de cercanías componen un bloque destacado del texto.

Además, según han recalcado dos fuentes de sendos grupos, una de las demandas que seguramente cuaje, si es que se negocia, es extender la gratuidad o los descuentos a la red de transporte regular, por autobús, para aquellos trayectos en los que la conexión ferroviaria de la red de Cercanías es una alternativa. Efectivamente, es materia de la Comisión de Transporte… Pero, ¿qué pasa con las medidas de ahorro energético? En el decreto, cabe recordar, están la regulación de las temperaturas de aires acondicionados y calefacciones y la definición horaria de la iluminación en escaparates.

Resulta, aclara una fuente de un grupo del Gobierno, que las propuestas acerca de cómo seguir ahorrando en consumo de energía, en sintonía con lo que ha recomendado la UE, se están negociando por otra vía. El Ministerio de Transición Ecológica inició con los grupos, hace semanas, una ronda de contactos destinada a confeccionar el plan de contingencia que pide Europa y que, probablemente, coja forma de, otra vez, decreto ley. 

Más allá de lo que aborden los diputados de la Comisión de Transportes, importan, y de qué forma, los tiempos. Una de las fuentes consultadas remarca que o se empieza a negociar el proyecto la semana que viene para, en una semana, aprobarlo en pleno o no se hará nada. Porque es probable que los presupuestos de 2023 se presenten a finales de mes, que en octubre recalen en el Congreso y que, en consecuencia, se inicie el trámite. Trámite que, por cierto, es prioritario y conlleva tradicionalmente la suspensión de toda la demás actividad legislativa. “O lo mandamos al Senado durante la primera semana de octubre, que hay pleno previsto, o no da tiempo”, insiste dicha fuente.

Con todo, uno de los diputados a los que ha preguntado EL PERIÓDICO DE ESPAÑA reconoce que ha preguntado al Gobierno si la semana que viene verán el proyecto de ley. El proyecto que para mantener en vigor el decreto del que procede, el Gobierno se comprometió a cambiar en un mes. El proyecto del que nadie tiene noticias 20 después de su convalidación. Según el diputado, el Gobierno le dijo que sí.