Anticorrupción no descarta que el Ayuntamiento de Madrid tenga finalmente responsabilidad en el 'caso mascarillas'

La Fiscalía Anticorrupción no descarta que la investigación a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño por el pelotazo con material sanitario termine salpicando la gestión de José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento de Madrid. Por esta razón, el Ministerio Público realizó hace unos meses una petición inusual en otro juzgado diferente al que investiga de forma concreta la trama, y recurrió el sobreseimiento libre que la juez Josefa Bustos había dictado respecto de una denuncia presentada por el abogado madrileño Fernando Pamos de la Hoz contra el alcalde de Madrid.

El recurso, que ha sido acogido por la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, según se ha notificado recientemente al letrado, buscaba que el archivo dictado no sea libre, sino provisional, es decir, que la causa pueda reabrirse en el caso de que las pesquisas llevadas a cabo por el juez Adolfo Carretero, que es el que mantiene imputados a los comisionistas, derive en una posible responsabilidad en la gestión municipal.

La magistrada Bustos acordó en mayo pasado estimar la petición de la Fiscalía "al resultar aconsejable un pronunciamiento de provisionalidad, al desconocerse el devenir de las Diligencias Previas seguidas en el Juzgado de Instrucción número 47 de esta capital, en las que se investiga asimismo la gestión del Ayuntamiento en la adquisición del referido material sanitario", según reza el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. 

De este modo, se deja una puerta abierta para reabrir la causa contra Martínez-Almeida el caso en el que la investigación por el pelotazo de casi seis millones de euros en material sanitario arroje indicios sobre irregularidades en las decisiones del Gobierno municipal del PP. De mantenerse el sobreseimiento libre, cualquier posibilidad de investigar esta gestión a raíz de la denuncia del abogado sería imposible.

SE INVESTIGA LA GESTIÓN

Anticorrupción, según señala la propia magistrada en su auto, basó su petición en la existencia en el juzgado de Instrucción número 47 de una investigación de los hechos por los que interpuso querella Anticorrupción, "comprendiendo la misma la gestión del Ayuntamiento para la compra del material sanitario objeto de la referida querella", añade. Con ello, da a entender que para la Fiscalía la gestión del equipo de Gobierno de Martínez-Almeida con respecto a los contratos investigados también está siendo sometida a escrutinio judicial.

A juicio del letrado, la importancia de la decisión radica en que si el fiscal no hubiera recurrido, el Ayuntamiento podría agarrarse a dicha decisión de sobreseimiento libre, que equivale a una sentencia absolutoria, para frenar la investigación solicitada por esta acusación. De momento, y tras admitirse el recurso del fiscal, la cuestión queda abierta por si se encuentran indicios que impliquen al Consistorio.

La postura de la Fiscalía ante la causa que recayó en la magistrada Bustos contrasta con las decisiones que ha ido adoptando en el procedimiento principal, el que investiga Medina y Luceño en el Juzgado Número 47, donde la acción del Ministerio Público para haber ido dirigiéndose a limitar la responsabilidad penal a los comisionistas descartando una implicación del equipo político municipal.

Así, el fiscal se ha ido posicionando en contra de imputar a diferentes responsables del equipo de Martínez-Almeida, cuya implicación venía siendo apuntada por las acusaciones populares que ejercen PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid en la oposición municipal, tales como la jefa de compras Elena Collado o el gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, Fernando Sánchez González -la entidad que suscribió los contratos-. En los escritos ante el juez Carretero, que también aleja por el momento los hechos delictivos de la gestión municipal, Fiscalía venía manteniendo que, lejos de cometer irregularidades, estos cargos habrían sido engañados por los empresarios.

La denuncia contra Martínez-Almeida fue archivada el pasado 19 de mayo. Había sido presentada por una presunta omisión del deber de perseguir delitos (artículo 408 del Código Penal) por no haber denunciado en su momento la presunta estafa.

A este respecto, la juez Bustos señala que "si la Fiscalía, Ministerio competente para perseguir los delitos, necesitó la incoación de diligencias de investigación para comprobar la existencia de indicios de criminalidad, no resulta procedente la exigencia al responsable del Ayuntamiento de poner en marcha acciones penales con carácter previo a dicha comprobación". Dichas acciones, a su juicio, "hubieran resultado precipitadas y carentes de sustento indiciario".