Medina: "Llamé a Carlos Martínez-Almeida que, al ser primo del alcalde, imaginé que me podría dar un contacto en el Ayuntamiento"

El empresario Luis Medina, hijo del Duque de Feria, ha relatado este lunes ante el juez Adolfo Carretero el origen de la operación de compra de mascarillas, test para detectar covid y guantes para el Ayuntamiento de Madrid por la que obtuvo una comisión de un millón de dólares -fueron casi cinco en el caso de su socio Alberto Luceño-. "Llamé a Carlos Martínez Almeida y le dije que teníamos material sanitario para vender. Al ser primo del alcalde, imaginé que me podría dar un contacto en el Ayuntamiento", ha explicado, según las actas de la declaración a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Medina ha comparecido como investigado en delitos de estafa agravada, falsificación documental, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, y únicamente ha respondido a preguntas del magistrado y de su defensa, eludiendo responder las que pretendían realizarle tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones particulares y populares en representación de PSOE, Más Madrid y Unidad Podemos, además de la del Ayuntamiento en calidad de perjudicado.

Medina ha comenzado su relato describiéndose a sí mismo como "broker en materias primas, carne, alimentación, minería", y reconociendo que hasta que empezó el covid no se había dedicado a temas sanitarios. Conoce a Luceño por trabajo, desde 2018, y ha manifestado que el tema de conseguir material frente al covid para la administración madrileña se les ocurrió "un poco a los dos".

A TRAVÉS DE LA DIRECTORA DE UNA UNIVERSIDAD

 Según ha manifestado, fue Luceño quien le dijo que tenía proveedores de materias en China, pero no tenía contacto con el Ayuntamiento, algo que él logró mediante Carlos Martínez-Almeida, el primo del alcalde, al que le unía una amistad común con María Díaz de la Cebosa, directora de una universidad - la Universidad americana CIS – en la que Medina estudió durante un año. 

Carlos Almeida le dio un mail, que él cree que era el de Elena Collado como responsable de compras en ese momento, y fue a esta persona a quien escribió y le dijo que tenían posibilidad de suministrarle productos sanitarios. Después habló telefónicamente con ella y también lo hizo con Luceño, pero ha afirmado que esta responsable municipal no la había visto "en la vida".

MEDIDAS CAUTELARES

El juez ha aceptado la petición realizada por acusaciones particulares y populares personadas en la causa y ha ordenado la retirada del pasaporte de los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, que deberán además presentarse quincenalmente ante el juez como medida preventiva para evitar que eludan la acción de la justicia. La Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado medida cautelar alguna, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario.

Según ha manifestado a las puertas del tribunal Adolfo Barreda, abogado del PSOE, en su auto de imposición de estas medidas, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid argumenta que la razón es, además de la gravedad del delito, conjurar el posible riesgo de que los investigados puedan eludir la acción de la justicia, puesto que aunque tienen arraigo en España también disponen de negocios fuera del país, sobre todo Luceño.

En el auto, al que ha tenido acceso este diario, el juez lo expresa de la siguiente manera con respecto a Luceño: "por mucho que el investigado tenga arraigo y diga que quiere colaborar con la justicia, ya que es también connatural a la naturaleza humana tratar de evitar tan duras penas".

"NEGOCIO CRIMINALIZADO"

Según el juez, los tres contratos, en especial los de los guantes y los test (productos que no cumplieron las expectativas depositadas) constituyen un "negocio jurídico criminalizado" que lleva aparejadas penas superiores a los 8 años de prisión.

Pese a señalar que en términos generales tanto Luceño como Medina han ratificado este lunes las manifestaciones que realizaron en su día ante el fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez Sol, los abogados que representan a los partidos han destacado el hecho de que Medina haya manifestado también durante el interrogatorio que no se había sentido engañado por Luceño, que obtuvo casi cinco millones de dólares en comisiones con la operación al único millón que la empresa malaya Leno le ingresó a él. 

Durante su declaración ante el fiscal Anticorrupción, el empresario había afirmado que pensaba que las comisiones habían sido repartidas de forma más equitativa: "Lo que hablamos fue: Un tercio para mí, un tercio para Alberto y un tercio para la empresa malasia”.

Sobre esta empresa, Medina señala que no la conocía de antes -según la investigación, su socio y él se presentaron al Ayuntamiento como agentes exclusivos de la misma-, y añadió "en Asia cuando estás haciendo una operación te hacen firmar documentos acreditativos como que estás colaborando con ellos". Sobre dicha condición de agente exclusivo, que también aparece en la documentación que entregó en el Deutsche Bank, ha afirmado que sólo se trata de "un formalismo".

"LOS GUANTES ERAN LOS ESTIPULADOS"

También se ha referido a otras cuestiones durante su declaración, como a los guantes que tuvieron que ser devueltos por no cumplir las expectativas y ser mucho más caros que los que se vendían por entonces en cualquier supermercado: "Los guantes eran los estipulados, otra cosa es que las expectativas del Ayuntamiento fueran otras", ha manifestado a este respecto.

En relación con el posible blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, Medina ha reconocido que dispuso de los fondos (se compró un velero y dos bonos bancarios por 400.000 euros) antes de que la Fiscalía le llamara a declarar, porque "no pensaba que hubiera nada irregular". "Pero no tengo intención de defraudar nada, estoy haciendo todo lo posible para evitar el alzamiento de bienes", ha añadido ante el juez.

En cuanto a Luceño, ha reconocido durante su declaración que no le dijo a nadie la retribución que iba a ganar -que la fiscalía cifra en 5.567.725 euros-, y que la obtuvo del suministrador. Sobre su condición de agente exclusivo de la empresa Leno, ha señalado que tiene un documento "que dice que es así". 

El precio de los productos, ha manifestado, los puso el representante de Leno, San Chin Choon, del que ha dicho que se puso en contacto con él y cree que "ya ha declarado". Sin embargo, las autoridades malayas manifestaron a la Fiscalía Anticorrupción la no disposición de esta persona a colaborar con la justicia española.

LUIS, UN "FACILITADOR"

Sobre Medina, se ha referido a él como "facilitador" mientras él es "un agente" y que no sabían el monto que iban a ganar en esta operación hasta que se cerró. Ha reconocido también que cuando la jefa de compras Elena Collado le dijo que les estaban estafando por la mala calidad de los guantes, se enfadó.

También ha defendido la calidad de los 250.000 test para detectar covid de los que, según la querella de la Fiscalía, así una cuarta parte (60.000) eran inservibles por su reducido nivel de sensibilidad. Ha afirmado que esto lo supo un mes y pico después de entregarlos y se devolvieron al Ayuntamiento sesenta mil reactivos "para que la sensibilidad fuera la correcta, que era lo único que les pasaba".

UN 47 POR CIENTO, UN PORCENTAJE NORMAL

También ha sido preguntado Luceño por la cuantía de sus comisiones, a lo que él ha respondido que si bien su intención era "en parte ayudar al Ayuntamiento, también era por su puesto cobrar" por su trabajo. Por ello se llevó el 47 por ciento, "que en nuestro trabajo es un porcentaje normal", ha afirmado. Antes de esta operación, su nivel de vida ya era "medio-alto", ha llegado a señalar.

En cuanto a los doce vehículos de alta gama que adquirió con sus comisiones (tres de ellos vendidos poco antes de ser presentada la querella, ha afirmado que los compró en principio par alquilarlos. "Queríamos cubrir todo el segmento, entre 18 y 21 años, para el Jarama y, como en el mercado no había estabilidad y no se alquilaba, incurría en muchos gastos, y por eso vendía y compraba, que perdí dinero, se devaluaron algunos coches".