CONDENA DEL TRIBUNAL SUPREMO

El Tribunal Constitucional o un indulto, los complicados 'cartuchos' de Griñán para evitar la cárcel

Urdangarin entró en prisión apenas unos días después de que el Supremo le condenara a 5 años y 10 meses por 'Nóos'; mientras que en el caso de Jaume Matas una petición de indulto retrasó el ingreso más de un año.

José Antonio Griñán

José Antonio Griñán / Fernando Ruso

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Cada caso es diferente, pero los precedentes de las causas de corrupción más recientes pintan una perspectiva poco halagüeña para el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado en firme por el Tribunal Supremo a 6 años de prisión por prevaricación y malversación en la causa de los ERE de Andalucía. 

Sus últimos 'cartuchos' a quemar para evitar un inminente ingreso en la cárcel pasan por una petición de indulto y un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) con previa petición de suspensión de la ejecución de la condena. No obstante, expertos penalistas consultados por El PERIÓDICO DE ESPAÑA dudan de que ninguna de ellas sirvan para evitar un pronto ingreso en prisión una vez le sea notificada la sentencia, a no ser que se aplique el principio "por ser vos quien sois", según señalan.

El alto tribunal ha hecho público el fallo este martes, si bien, y a falta de redactarse los votos particulares de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, la sentencia no será conocida hasta dentro de unos días. En derecho penal las condenas deben ser comunicadas personalmente a sus destinatarios, por lo que cabe la posibilidad de que este trámite no se produzca hasta el próximo septiembre, aunque también podría adelantarse durante el mes de agosto, según los expertos consultados.

Será en ese momento cuando el abogado de Griñán, José María Calero, podrá actuar frente a la condena. Si pretende ir al Tribunal Constitucional, antes deberá solventar un trámite en el Tribunal Supremo, la petición de nulidad de la sentencia ante la misma Sala que la dictó, una reclamación que apenas suele tener respuesta positiva a no ser que en la resolución en cuestión se contengan fallos formales que obliguen a considerar el fallo. 

Una vez se recurran al Tribunal Constitucional la vulneración de derechos fundamentales del condenado, cabe la posibilidad de solicitar la suspensión de la ejecución de la condena, mientras se resuelve sobre el fondo. No obstante, este órgano no suele concederla si la pena mayor impuesta supera los dos años de prisión o, en todo caso, si el total excede de cinco años, como ocurre con Griñán. 

También cabe pedir un indulto al Gobierno, y en este caso el tribunal que casó la sentencia, es decir el Tribunal Supremo, debe formular un informe sobre si esta petición debe conllevar o no una paralización de las condenas mientras el Gobierno decide sobre la medida de gracia.

LA DECISIÓN ES DE LA AUDIENCIA DE SEVILLA

En todo caso, ninguno de estos pasos interrumpen lo que se denomina 'fase ejucutoria' del proceso, que corresponde aplicar a la Audiencia Provincial de Sevilla. Calero ya ha adelantado públicamente que acudirá al Constitucional basándose en los votos particulares, que a su juicio suponen "un rayo de esperanza", y no descarta tampoco una petición de indulto. Considera que la resolución del Tribunal Supremo le ha supuesto "una decepción" que no esperaban ni él ni su cliente.

Si atendemos a los antecedentes, el futuro de Griñán se aventura complicado. Aunque existen grandes diferencias con el caso de Griñán, por gravedad de las conductas y número de procedimientos, el extesorero del PP Luis Bárcenas, no tuvo ni que esperar al Tribunal Supremo para comenzar a cumplir su pena, y aún se encuentra en prisión.

Además del tiempo que pasó en prisión preventiva entre 2013 y 2015, empezó a cumplir su pena por la sentencia de la primera época de Gürtel desde el 28 de mayo de 2018, apenas cuatro días después de notificarse la condena por la Audiencia Nacional. Su esposa, Rosalía Iglesias, lo hizo días después de que la condena de 13 años que se le impuso fuera confirmada por el Tribunal Supremo.

El abogado José María de Pablo apunta que la suspensión de las ejecuciones de condena no son habituales, aunque hay excepciones. Más difícil, sin embargo, supone conseguirlo por una petición de indulto. En este punto coincide con Antonio Alberca, que apunta a este diario que "actualmente es habitual que no se suspendan los ingresos por solicitud de indulto".

Respecto al trámite ante el TC, Alberca apunta, sin embargo, que pese a que a día de hoy únicamente se admite un dos por ciento de los recursos de amparo, y no suele suspenderse el ingreso en prisión, puede que en el caso de Griñán la decisión sea diferente. Así lo considera también Fernando Pamos de la Hoz, que recuerda que en ese asunto hay que tener en cuenta que se cuenta con el Tribunal Supremo resolvió al límite -tres magistrados frente a dos-, y se pueden tener en cuenta los argumentos de las dos magistradas que firmaron un voto particular.

URDANGARIN Y MATAS

Otros casos para comparar son los del exduque de Palma Iñaki Urdangarin y el del expresidente Balear Jaume Matas. El primero fue condenado por el Tribunal Supremo a cumplir 5 años y 10 meses de cárcel -únicamente se rebajó cinco meses la pena respecto a la sentencia de Palma de Mallorca- el 13 junio 2018. Cinco días después ya entraba por la puerta de la cárdel de Brieva, en Ávila.

En el caso de Matas, la petición de indulto le salvó de la cárcel por más de un año. En mazo de 2012 fue condenado a seis años de cárcel por pagar con dinero público al periodista que le escribía los discursos, Antonio Alemany, si bien no fue hasta un año después cuando se complicó su situación, cuando se dictó contra él una segunda sentencia por el caso Palma Arena que el Tribunal Supremo rebajó a 9 meses y 1 día de prisión. Pidió un indulto, y no entró en la cárcel hasta que se conoció que el Gobierno había rechazado concedérselo en el verano de 2014.

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