TRIBUNALES

El Supremo confirma la condena de los ERE y acerca la entrada de Griñán a prisión

Dos magistradas consideran que el expresidente de la Junta, penado con 6 años de cárcel, y otros cuatro implicados debieron ser absueltos del delito de malversación.

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Un Tribunal Supremo dividido acerca a José Antonio Griñán a prisión. El alto tribunal ha confirmado en sus aspectos esenciales la sentencia sobre los ERE en Andalucía que le penó con seis años de cárcel y también dictó condenas contra una veintena de responsables socialistas por permitir durante diez años la concesión de ayudas sin control a determinadas empresas en crisis. No obstante, dos de las magistradas, Susana Polo y Ana Ferrer, consideran que tanto el expresidente como otros cuatro implicados debieron ser absueltos del delito de malversación.

La resolución dada a conocer este martes pone fin a un largo proceso que constituyó el caso más importante de corrupción relacionado con el PSOE, y que se saldó hace más de dos años en la Audiencia Provincial de Sevilla con un total de 19 condenas -de hasta 8 años de prisión- por el uso irregular de casi 700 millones de dinero público. Ahora, los penados en firme, entre los que encuentra también el expresidente Manuel Chaves, condenado a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa, podrán acudir en amparo al Tribunal Constitucional.

AMPARO O INDULTO ALEJARÍAN LA PRISIÓN

La condena impuesta a Griñán acerca su entrada a prisión, ya que aunque podría pedir la suspensión de la misma mientras se resuelve un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), normalmente este órgano no suele concederla si la pena excede los cinco años de cárcel. También existiría la posibilidad de pedir un indulto al Gobierno. La ejecución de la sentencia, en todo caso, corresponde a la Audiencia Provincial de Sevilla.

La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ramón Berdugo, absuelve de prevaricación a los responsables de Empleo condenados Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medina; mientras que modifica la condena impuesta a Juan Márquez Contreras. Los restantes pronunciamientos dictados en su día por la Audiencia Provincial de Sevilla se mantienen vigentes.

José María Calero, abogado de Griñán, ya ha adelantado en la Cadena Ser que acudirá al Constitucional basándose en los votos particulares, que a su juicio abren "un rayo de esperanza", y no descarta tampoco una petición de indulto. Considera que la resolución del Tribunal Supremo le ha supuesto "una decepción" no esperada tanto para él como para su cliente.

En todo caso, para acudir al TC antes hay que solventar otro trámite, el de solicitar la nulidad de la sentencia al propio Supremo, lo que no se resolverá previsiblemente hasta la vuelta del verano.

Los argumentos no se conocerán hasta dentro de unos días, pues falta incorporar el voto particular de Polo y Ferrer, quienes abogaron por estimar parcialmente los recursos de Griñán, que cuando se cometieron los hechos era consejero de Economía y Hacienda, pero también los de otros condenados por malversación.

Se trata del que fuera director de la pagadora de los ERE, la agencia IDEA (antes IFA) Miguel Ángel Serrano; además de a los exonsejeros Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo. Votaron a favor de considerar este delito para todos ellos Berdugo y los magistrados Eduardo De Porres y Carmen Lamela.

Durante la vista para la revisión de esta sentencia en el Tribunal Supremo, celebrada los pasados 4 y 5 de mayo, el fiscal Fernando Prieto abogó por la confirmación de todas las condenas impuestas. Relató de forma pormenorizada cómo se modificó el sistema presupuestario que existía antes de 2000 para repartir sin control el dinero público, según advirtieron los propios técnicos de la Junta: "Todos ellos dicen que era un caos, que no había documentación, que no se había regulado nada. ¡Cómo era posible eso!'", subrayó.

Griñán, que fue penado con seis años de cárcel por malversación y prevaricación continuadas, alegó ante el Supremo que no tuvo responsabilidades en el Gobierno andaluz hasta abril de 2004, años después de que se creara el mecanismo de concesión de ayudas que la Audiencia Provincial de Sevilla condenó por delictivo.

Sobre la malversación, la defensa de Griñán insisitó en que la sentencia de Sevilla no describe este delito, tan solo señala que el dinero se destinó a fines distintos a los recogidos en las fichas presupuestarias, "pero que podían ser también públicos". Tampoco fue posible identificar, según la defensa, ánimo de lucro alguno del expresidente.

La defensa Chaves, condenado a 9 años de inhabilitación, rechazó por su parte haber cometido prevaricación porque ni los acuerdos del Consejo de Gobierno ni las modificaciones presupuestarias deben considerarse actos adminitrativos sino políticos, y negó además que fueran arbitrarios.

En esta causa se juzgó procedimiento a través del cual la Junta de Andalucía financiaba sus subvenciones autonómicas para prejubilaciones de expedientes de regulación de empleo (ERE) que eran fraudulentos o innecesarios y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas. Además de las defensas de los condenados, en la vista del Supremo-para defender la confirmación de las condenas- participaron la Fiscalía del Tribunal Supremo y la acusación ejercida en nombre del PP.

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