La Constitución no impide la descentralización de las instituciones

La idea planteada por la Comunidad Valenciana -con el aval del presidente de la Generalitat Ximo Puig y del ministro de Universidades, Joan Subirats- para impulsar la descentralización sacando de Madrid hasta diez instituciones del Estado carece de obstáculos desde el punto de vista legal o constitucional, aunque algunos juristas cuestionen su idoneidad y el alto coste que puede implicar hacer realidad una idea de este tipo. Los mismos autores de la propuesta admiten que carece aún de argumentos "técnicos y económicos de impacto" y están por determinar los costes que podría ocasionar.

El debate no es nuevo, y de hecho, el pasado mes de octubre el pleno del Ayuntamiento de Cádiz aprobó de forma unánime pedir al Gobierno el traslado de la sede del Tribunal Constitucional (TC) en Madrid a la capital gaditana. 

La idea gaditana tenía el respaldo de los profesores de Derecho Constitucional, Gabriel Moreno González, de la Universidad de Extremadura, y Germán Teruel Lozano, de la Universidad de Murcia, que fundamentaban su postura en razones históricas, por ser esta capital la cuna del constitucionalismo español", al ser la ciudad donde se promulgó la primera constitución española, la Pepa" en 1812.

Expertos consultados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA confirman la ausencia de obstáculos legales, como es el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Gerardo Pérez Sánchez, que subraya que en el caso de este órgano ni en la Constitución ni en su Ley Orgánica se impone una concreta sede, por lo que "sería factible su traslado si existe esa voluntad".

EL SUPREMO Y SU SEDE EN MADRID

Cosa distinta ocurre con el Tribunal Supremo, el órgano a la cabeza del Poder Judicial en España que tiene sede en la villa de Madrid, según se señala en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). "El Tribunal Supremo, con sede en la villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes", señala expresamente el precepto. 

La LOPJ es una ley orgánica, por lo que su modificación requeriría el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto aprobado. Este requisito, dada la actual situación política, dificultaría su modificación para residenciar este órgano en Castilla y León, tal y como propone la propuesta valenciana hecha pública este lunes por el seminario España Polifónica y Desconcentrada. Las leyes, no obstante, se pueden cambiar, tal y como apuntan los juristas consultados.

El catedrático de la Universidad de Valencia Carlos Flores Juberías señala a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que la afirmación del artículo 5 de la Constitución- que dice que la capital del Estado es la villa de Madrid- no tiene ninguna consecuencia directa o necesaria respecto de la ubicación de las instituciones. 

Que una ciudad sea la capital del Estado, según este jurista, no significa necesariamente que en ella tengan que estar ubicadas la totalidad ni determinadas instituciones del Estado. "De hecho, hay países en los que la capital es la sede de unas instituciones y otras se encuentran ubicadas en una ciudad distinta, el caso más paradigmático es Bolivia donde la capital es Sucre, pero la sede del Gobierno está en la Paz", apunta.

Si nos comparamos con países de nuestro entorno, apuntan las mismas fuentes, nos encontramos con capitales como Londres, París y Roma, que concentran todas las instituciones estatales de sus propios países. La excepción sería Alemania, con un reparto distinto, herencia de su pasado reciente y su naturaleza federal; o el ejemplo de las sedes europeas y su reparto entre Bruselas y Estrasburgo, no falto de problemas logísticos y sobre todo económicos.

 La propuesta valenciana pasa también porque Puertos del Estado tenga su sede central en Valencia, reubicar parte del Senado en Barcelona y el de Cuentas, en Aragón, mientras que el Consejo de Estado estaría en Castilla-La Mancha.