El abogado de Puigdemont se querella por al menos 19 ataques que ha sufrido con Pegasus

El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, lleva días trabajando contrarreloj por el espionaje a Pegasus. Y no solo para denunciar el espionaje sufrido por el expresident y otra veintena de personas que también representa, sino el suyo propio. En una querella, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, se dirige por delito de descubrimiento y revelación de secretos contra las empresas israelíes NSO y Q Cyber Technologies, la luxemburguesa Osy Technologies, así como sus responsables, Niv Karme, Shalev Hulio, Omri Lavie y cuantas personas "resulten responsables" de la intromisión ilegítima del que ha sido víctima.

La querella, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, y cuyo esquema de acusación será repetido en la veintena en la que trabaja el letrado, comienza explicando qué es Pegasus y afirma que sin ese software malicioso de inteligencia cibernética "nada de lo sucedido habría sido posible, de la indebida utilización de este software espía en diferentes países y del contexto político en Cataluña".

Durante procedimientos

En su caso, dice haber sido víctima, "entre enero y mayo del año 2020", de "al menos 18 ataques mediante la utilización del software espía Pegasus, a través de mensajes SMS que contenían un enlace “malicioso”, disfrazado de notificaciones de Twitter relacionadas con supuestos tuits de organizaciones como la ONG de derechos humanos Human Right Watch o el diario 'The Guardian'. Y en ese momento destaca que llevaba la defensa de Puigdemont, pero también el expresidente Quim Torra, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y del exjefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea.

Pero también sufrió un ataque el 30 de octubre de ese año, lo que "coincide con relevantes eventos a efectos profesionales del querellante, como letrado en ejercicio. En este sentido, añade que la fecha "no resulta casual, si se tiene en consideración que tan solo 48 horas antes de producida aquella había sido arrestado, entre otras personas, Josep Lluís Alay", ex coordinador de Políticas Internacionales durante la presidencia del Gobierno de Quim Torra.

El espionaje con Pegasus congela las relaciones del Estado con Cataluña

Vender o ceder datos

En su caso, añade que al secreto de las comunicaciones y al derecho a la intimidad que corresponden a cualquier ciudadano se añade el secreto profesional y el derecho de defensa de sus clientes, que con la intromisión considera que se ha visto afectado, al almacenarse sus datos protegidos "en los propios servidores de NSO Group y desde ahí son administrados y remitidos, total o parcialmente, a sus clientes que son, en definitiva, quienes hacen uso de los mismos sin que se descarte, en estos momentos, que los propios querellados pueden hacer uso de esos datos o cederlos y/o venderlos".

Agrega que eso es fundamental "aún cuando su utilización se lleve a cabo en el marco de una investigación judicial -que no es el caso- por la comisión de un presunto delito -autorización que, en el caso de los hechos que se relatarán en esta querella, ni siquiera pareciera haber existido- resulta incompatible con las disposiciones sobre medidas de investigación tecnológica establecidas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

La querella, de 109 páginas se dirige contra otras dos empresas, además de NSO Group, al entender que "forman el conglomerado que ha operado Pegasus y se han beneficiado de la comercialización de la aplicación y a través de cuyas cuentas bancarias han pasado los pagos por los servicios prestados, incluidos los correspondientes a los hechos objeto de la presente querella".

Contexto independentista

Boye destaca en su escrito "la innumerable cantidad de medidas adoptadas por diversos estamentos del Estado español, especialmente desde las altas instancias jurisdiccionales así como por parte de radicales sectores dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el fin de reprimir el derecho a la participación política" de Puigdemont y los 'exconsellers' que le acompañan en la huida, entre otros líderes independentistas catalanes.

Y tras repasar de forma extensa los intentos de la justicia española de poder juzgar al expresidente catalán y el resto de procesados declarados en rebeldía, Boye asegura haber sido espiado "durante el tiempo en que ha estado llevando las defensas de otros muchos políticos catalanes, convirtiéndose en objetivo de campañas de desprestigio, infundadas acusaciones incluso penales", junto con al menos otras 64 personas, entre las que figura el propio Puigdemont.

Asegura por ello que "existen sobrados elementos para iniciar una investigación con relación el espionaje practicado sobre el dispositivo móvil de mi representado mediante el software de inteligencia cibernética Pegasus, producidos entre enero y mayo de 2020, así como también con respecto al sufrido a través de dicho programa espía sobre su dispositivo móvil, verificado al 30 de octubre de 2020 sin que se descarte que durante todo el periodo analizado el sistema de espionaje haya estado activado, que es algo que deberá determinarse en el curso de la presente investigación".