Justicia

Un TC más conservador y con magistrados recusados enfrenta su primera deliberación

  • El Pleno del próximo día 15 incluye asuntos que afectan a condenados por el 'procés' que han recusado a Arnaldo y Espejel, una cuestión aún pendiente de resolver.

  • El actual equilibrio de fuerzas tiene fecha de caducidad en junio, pero todo depende de una renovación del CGPJ que sigue en el aire.

El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro José González Trevijano en el acto institucional celebrado con motivo de 43 aniversario de la Constitución.

El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro José González Trevijano en el acto institucional celebrado con motivo de 43 aniversario de la Constitución. / EFE/ Juan Carlos Hidalgo

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El Tribunal Constitucional (TC) recientemente renovado enfrentará el próximo 15 de diciembre su primer Pleno, una deliberación que incluye algunos asuntos de trascendencia política que permitirán observar cómo se comporta un órgano cuyo sector conservador resultó reforzado tras el pacto alcanzado por PSOE y PP el pasado mes de octubre. Actualmente, cinco de los doce miembros del tribunal se sitúan en posiciones abiertamente progresistas frente a una mayoría de siete magistrados del sector conservador.

Entre los asuntos que figuran en el orden del día está un recurso de diputados de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña contra la decisión de la Mesa de éste órgano que reivindicó en septiembre de 2019 la amnistía de los líderes independentistas; así como otro del PP contra el fondo aprobado por el Govern para cubrir las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas a los condenados por el Tribunal Supremo.

Los magistrados también tienen sobre la mesa de esta primera reunión dos recursos interpuestos por diputados de Vox: uno contra la Ley de País Vasco de medidas para la gestión de la pandemia y otro contra el Real Decreto de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Equilibrio de fuerzas

La entrada en el tribunal del polémico Enrique Arnaldo -señalado por su cercanía a cargos del PP vinculados a causas de corrupción- y de Concepción Espejel, designados a propuesta del PP, ha permitido reforzar un sector conservador en el que se mantienen el actual presidente Pedro González-Trevijano y los magistrados Alfredo Montoya, Santiago Martínez-Vares, Antonio Narváez y Ricardo Enríquez.

En el lado progresista, encabezados por Cándido Conde-Pumpido -que se sitúa en la mejor posición para suceder a González-Trevijano en la presidencia-, están el actual vicepresidente Juan Antonio Xiol, las magistradas María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán y el que fuera magistrado de la Audiencia Nacional Juan Ramón Sáez. Los dos últimos constituyen la cuota aportada por el PSOE en la última renovación.

En todo caso, el actual equilibrio de fuerzas tiene los días contados si se cumplen los plazos de la próxima renovación, prevista para junio, que corresponde realizar con dos designaciones al Gobierno y otras dos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En ese momento deben salir del tribunal el actual presidente y el vicepresidente Xiol, además de los magistrados conservadores Martínez-Vares y Narváez, y la previsión es que sean sustituidos por dos miembros progresistas a elección del Ejecutivo de Pedro Sánchez y otros dos por el Consejo -uno progresista y otro conservador-.

¿Renovación parcial?

La renovación prevista permitiría dar un vuelco a la actual situación, dando lugar a un tribunal compuesto por siete magistrados progresistas frente a siete conservadores. La duda la plantea la actual situación de bloqueo en la renovación del CGPJ, que cumplió ya el récord de tres años el pasado 4 de diciembre. El órgano que tiene vetados los nombramientos en la cúpula judicial tras la última reforma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos el pasado marzo. Si el bloqueo se mantiene y llega al mes de junio, el cambio de tendencia del TC queda en cuestión.

Existe división entre los juristas sobre si el Gobierno puede o no realizar sus dos nombramientos,con independencia de la actuación del CGPJ, logrando reforzar así el sector progresista del tribunal. Los que ven problemas a este escenario citan la propia Constitución, que obliga en su artículo 159.3 a que la renovación del órgano de garantías se efectúe cada tres años por terceras partes.

El arranque del nuevo TC presenta además otra peculiaridad debido a las recusaciones presentadas contra los magistrados designados a propuesta del PP, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, a quienes las defensas del expresident de la Generalitat Carles Puigddemont y de varios condenados por el 'procés' independentista en Cataluña consideran "contaminados" para resolver sobre varios de los recursos que tienen pendientes en este órgano.

Falta de 'quorum'

Por el momento el presidente del Tribrunal, Pedro González Trevijano, no ha resuelto cómo se actuará frente a esta situación, que de aceptarse pondría en peligro el 'quorum' de ocho magistrados que exige la ley para que este órgano pueda tomar decisiones sobre cualquier asunto. 

Si Arnaldo y Espejel fueran apartados, sus vacantes en la deliberación de los asuntos del 'procés' se sumarían a las de Antonio Narváez y Cándido Cónde-Pumpido, que se vienen absteniendo de participar tras ser recusados por el contenido de sendas conferencias que pronunciaron en 2017, en plena efervescencia del 'procés' independentista. El quinto magistrado ausente es el conservador Alfredo Montoya, de baja por enfermedad.

Entre los asuntos que podrían verse afectados por las recusaciones, y que no se descarta que finalmente se retrasen a otra sesión a celebrar ya en enero, está un recurso presentado por el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y otros presentados por el presidente de Ómnium Cutural Jordi Cuixart contra decisiones adoptadas en su día contra ellos por el Tribunal Supremo. También figura una petición de Puigdemont contra varios autos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo relativos a su situación procesal y a las órdenes de detención y entrega europeas e internacionales.

Según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, lo más probable es que el tribunal opte en los próximos días por rechazar 'de plano' las recusaciones. Las fuentes consultadas señalan que hay que valorar si los movimientos de las defensas tienen como objetivo paralizar el Tribunal, dejándolo sin 'quórum'. Este tipo de recusaciones, como las que se dirigen contra la totalidad o la mayor parte del Tribunal, se consideran fraudulentas y, generalmente, se inadmiten 'ad limine'.

Los asuntos más polémicos, en 2022

En los siguientes plenos, ya después de Navidades, se irán señalando previsiblemente los asuntos de mayor calado político, siendo ya González-Trevijano el que decidirá los tiempos y las ponencias a integrar en el Orden del día, que no tienen por qué ser los mismos que consideraba prioritarios su antecesor.

Entre los más polémicos se encuentra el presentado hace ya 11 años por el PP contra la actual ley de plazos del aborto; así como la veintena de los presentados por Vox contra la práctica totalidad de decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez. 

Entre ellos destaca el recurso presentado por los de Santiago Abascal contra la LOMLOE, conocida como 'Ley Celaá'. El ponente, el conservador Ricardo Enríquez, propone una estimación parcial del recurso de modo que se declare inconstitucional la prohibición de financiar con fondos públicos a los colegios que segregan a los niños por sexo.

Otro recurso de calado que puede resolverse en los próximos meses es el presentado por PP y Vox contra la reforma que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizar nombramientos estando en funciones. Las ponencias han recaído en dos magistrados pertenecientes al sector progresista de este órgano, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, respectivamente. 

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