RENOVACIÓN

La renovación del TC permite al PP reforzar con dos perfiles duros su mayoría conservadora

  • Una jueza recusada en 'gürtel', Concepción Espejel, y un jurista muy próximo al partido, Enrique Arnaldo, son los dos designados a propuesta del PP

  • Por el sector progresista entran la experta en violencia de género Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez Valcarcel, eterno candidato a lo Penal del Supremo

Fachada del Tribunal Constitucional.

Fachada del Tribunal Constitucional. / EP

5
Se lee en minutos

La renovación pactada entre el PSOE y el PP para los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que habían concluido su mandato en noviembre de 2019 permitirá al PP reforzar con dos perfiles muy duros su mayoría conservadora en este órgano, que tiene sobre la mesa, a cuenta de recursos de la oposición, casi toda la gestión del Gobierno. 

Este refuerzo no es sólo numérico, sino que se tiene que ver también con el perfil de los magistrados del sector conservador que deberán abandonar ahora el tribunal. Hasta ahora tan solo tres magistrados venían votando con criterios abiertamente progresistas, y la renovación supone que del lado conservador se van magistrados de perfil más moderado que los que entran, según las fuentes consultadas.

Uno de ellos es el actual presidente, Juan José González Rivas, que ha votado en algunas de las últimas resoluciones con los magistrados progresistas, como es el caso de la sentencia que declaró inconstitucional el primer estado de alarma; y Andrés Ollero, ex diputado popular que se marcha sin poder haber llevado al Pleno su ponencia favorable a anular la ley del aborto.

Perfil de los conservadores

Por parte del PP entrará en este órgano Enrique Arnaldo, letrado de las Cortes con despacho profesional propio, ex vocal conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cercano al líder del partido, Pablo Casado que también fue Catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos. Se trata un jurista de talante "guerrillero" según las fuentes consultadas por El PERIÓDICO DE ESPAÑA que se espera haga valer sus criterios de forma vehemente en las deliberaciones del órgano de garantías. 

Completa la cuota conservadora Concepción Espejel, la actual presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de quien se recuerda su cercanía con la exsecretaria del partido María Dolores de Cospedal por la ocasión en la que ésta, siendo presidenta de Castilla-La Mancha, acudió al acto de entrega de la magistrada de la medalla de la Orden de San Raimundo de Peñafort y señaló: "Concha, hoy y siempre será Concha". 

Se trata en todo caso, de la primera mujer que propone el PP para el Tribunal Constitucional, además de una reputada penalista que lleva con mano firme la presidencia de un órgano que lleva asuntos de gran complejidad como es la Audiencia Nacional. En esta Sala ha sido recusada en varias ocasiones por las defensas personadas en causas en las que el PP o alguno de sus miembros han sido investigados, siendo apartada del caso gürtel, y recientemente, formuló voto particular en la sentencia que absolvió al major de los mossos, Josep Luís Trapero.

Refuerzo progresista

  En cuanto al lado progresista, la entrada de Inmaculada Montalván y del también magistrado de lo Penal de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcárcel supone cierto refuerzo, pues sustituirán por un lado a la actual presidenta Encarnación Roca, una prestigiosa civilista designada a propuesta del PSOE, pero que suele votar con el sector conservador; y a Fernando Valdés, que ya no contaba para esta parte tras su dimisión el pasado octubre, después de ser imputado por violencia de género.

 Entran para sustituirles Inmaculada Montalbán, que al igual que Arnaldo fue vocal del CGPJ y, como experta en temas de igualdad, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y de la Comisión de Igualdad de España. A lo largo de su carrera (en juzgados de penal, civil y también contencioso-administrativo), ha defendido siempre que jueces y demás operadores jurídicos tengan formación en esta materia.

Finalmente a cuenta del PSOE entrará en el tribunal un segundo miembro de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el penalista Ramón Sáez Valcárcel, un magistrado muy reconocido en la Carrera y de perfil progresista, eterno candidato a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y asiduo a plasmar con contundencia sus argumentos en votos particulares siempre que ha discrepado de la mayoría.

Situación del tribunal

La llegada de estos nuevos magistrados podría suponer un revulsivo a la actual situación de un órgano que vota profundamente dividido y que, además de arrastrar un bloqueo en su renovación de casi dos años, acumula recursos contra prácticamente todas las decisiones del Gobierno, en especial por parte de Vox.

En todo caso, el próximo mes de junio otros cuatro magistrados habrán concluido su mandato, y será necesaria una nueva renovación en cumplimiento de la Constitución. Dos de ellos deberán ser renovados por el Gobierno y otros dos por el Consejo del Poder Judicial.

No obstante, fuentes jurídicas consultadas dudan de que el Ejecutivo pueda introducir en el TC a sus dos magistrados de confianza si persiste la imposibilidad de realizar en el mismo momento los dos nombramientos restantes por parte del órgano presidido por Carlos Lesmes, que tiene vetada esta función tras la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Ello puede motivar que la mayoría conservadora se prolongue en el tiempo.

En cuanto a la presidencia, que votan los propios magistrados, son Pedro González-Trevijano y Ricardo Enríquez los que más suenan candidatos por parte del sector más conservador, mientras que siguiendo la tradición la vicepresidencia podría recaer en el progresista Juan Antonio Xiol.

Retraso del Pleno

Por otra parte, la sentencia sobre el segundo Estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez por la pandemia de covid, que tenía previsto deliberarse la próxima semana en el Pleno del Tribunal Constitucional, podría tener que esperar si finalmente el presidente González Rivas, decide aplazar el pleno, cuyo comienzo estaba previsto para el próximo día 26. Esta posibilidad se descartó en los últimos días por no parecer que pudiera llegarse a un acuerdo, si bien ahora la situación vuelve a cambiar.

Si se confirma el aplazamiento se retrasará semanas la resolución de asuntos como la constitucionalidad del segundo decreto de estado de alarma, que se prevé un nuevo varapalo a la gestión de la crisis por covid por parte del Gobierno. 

También para el próximo Pleno está prevista una "primera aproximación" a la ponencia que el magistrado también conservador Ricardo Enríquez ha elaborado con al recurso presentado por Vox contra la Lomloe, conocida como 'Ley Celaá'. El ponente, según ha adelantado este lunes elDiario.es propone una estimación parcial del recurso de modo que se declare inconstitucional la prohibición de financiar con fondos públicos a los colegios que segregan a los niños por sexo.

Noticias relacionadas