TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La improbable recusación de Arnaldo como responsable del recurso del aborto en el TC

La única petición posible debería partir del Gobierno, como parte personada, que no se plantea el movimiento por ahora .

Pese a los casos del Estatut y el 'procés' existe bajo riesgo de recusación para los magistrados del TC, dada la naturaleza política de los asuntos que tratan.

El reparto de asuntos tras la llegada de los nuevos cuatro magistrados sigue una regla establecida en 2017 que evita la discrecionalidad. 

Enrique Arnaldo, nuevo magistrado del TC.

Enrique Arnaldo, nuevo magistrado del TC. / EFE

Cristina Gallardo

La asignación de la ponencia sobre el recurso contra la ley del aborto al magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Enrique Arnaldo, cuyo nombramiento fue objeto de una fuerte polémica por sus vínculos con el PP, ha abierto el debate sobre la posibilidad que tienen los miembros del órgano de garantías de ser apartados de causas en las que se pudiera sospechar que tienen algún interés. En este caso la eventualidad de una recusación, o de que ésta pueda prosperar, se antoja bastante difícil según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Los motivos son varios, para empezar que la cuestión del aborto, que arrastra una inédita demora de 11 años desde la presentación del recurso por el PP en junio de 2010, no es un recurso de amparo en el que la parte recurrente considere que uno de los jueces que verán su asunto no es suficientemente imparcial. Se trata de un recurso de inconstitucionalidad presentado por 50 diputados del PP que ahora no son los mismos que integran el grupo parlamentario -algunos han terminado en Vox-, mientras que la parte recurrida también es otro Gobierno diferente el de hace una década.

A ello se añade una cuestión puramente técnica, que es que solamente podría recurrir una de las partes personadas, que obviando al Congreso y el Senado sólo pueden ser el propio PP o el Gobierno, cuya representación en el caso se ostenta a través de la Abogacía del Estado. Fuentes del Ejecutivo consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA descartan que esta posibilidad se haya planteado por el momento, a lo que se añade el hecho que Arnaldo forme parte del pacto que el PSOE alcanzó con el PP para renovar el Constitucional, a pesar de la polvareda que levantó su elección en ámbitos políticos y mediáticos.

El hecho de que fuera precisamente a este magistrado al que haya correspondido una de las cuestiones de mayor trascendencia que tiene pendientes el Tribunal Constitucional levantó suspicacias el pasado viernes, cuando el Pleno de constitución de este órgano realizó el reparto de las ponencias. A Arnaldo le habían correspondido las que dejaba pendientes al salir el también conservador Andrés Ollero, entre ellas la del aborto, además de la que estudia la posible inconstitucionalidad de los juramentos 'atípicos' que efectuaron algunos parlamentarios en el Pleno del Congreso de inicio de la presente legislatura.

Casi al instante desde algunos medios de comunicación se recordó un artículo que el catedrático de Derecho Constitucional publicó en 2009 en el digital El Imparcial bajo el título "Aborto para mayores de 16 años", en el que tacha de ocurrencia la ley de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y añade en alusión a esta norma que "el estiramiento del ordenamiento jurídico a la carta es el final de la certeza".

Propuesto por Gallardón

También cabe apuntar que, en junio de 2012, Arnaldo fue uno de los tres magistrados propuestos para formar parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cuya dimisión se produjo, precisamente, por la fuerte contestación a su proyecto de nueva ley del aborto, que pretendía dar la vuelta como un calcetín a los principios de la norma socialista, renunciando al sistema de plazos. Los otros dos candidatos apoyados por Gallardón eran Pedro José González-Trevijano -hoy nuevo presidente del Tribunal Constitucional-, y la abogada Urquiola de Palacio.

Pese a todos estos datos, la realidad despeja cualquier duda sobre el sistema de reparto utilizado en el TC para designar ponencias a los nuevos magistrados que pasan a formar parte de este órgano. Como se encargó de explicar en una conversación informal con periodistas el propio González-Trevijano el pasado lunes, se sigue una norma establecida por el Pleno en 2017 que hace que sea el magistrado de mayor edad el que deje sus temas pendientes al recién llegado también más mayor, y así sucesivamente.

Eutanasia

Otro tema pendiente en el TC sobre el que se ha situado el foco estos últimos días tiene que ver con la designación al magistrado Ramón Sáez de la ponencia de otro de los recursos con mayor trascendencia política, el presentado por Vox contra la ley de eutanasia. Lo hereda de hasta la semana pasada vicepresidenta, Encarnación Roca.

El pasado mes de junio, el TC rechazó suspender de forma cautelar la aplicación de esta ley y ordenó dar traslado del recurso Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes. Por el momento, desde el partido liderado por Santiago Abascal no se ha dicho nada en relación con una recusación de Sáez, cuya elección criticaron por su perfil marcadamente progresista.

En todo caso, el riesgo de recusaciones es el órgano de garantías es bajo, según explican fuentes jurídicas a este diario. No es lo mismo un procedimiento judicial por corrupción —como el caso Gürtel, del que fue apartada la hoy también magistrada del Tribunal Constitucional Concepción Espejel—, y en el que puede haber personas próximas a los magistrados con riesgo de ser condenados a prisión, que los asuntos del Tribunal Constitucional, que son políticos por naturaleza.

A ello se une el hecho de que entre los miembros del Constitucional no haya solo jueces de carrera, sino magistrados procedentes del mundo académico, mayoritariamente catedráticos, que es habitual que en artículos y conferencias hayan dado su opinión sobre leyes o temas jurídicos a los que años después tienen que enfrentarse al tomar posesión en este órgano.

En todo caso, la recusación tiene que realizarse por una de las partes en el procedimiento, como ocurrió con el caso de Cándido Conde-Pumpido, quien se abstuvo de participar en las causas relacionadas con el 'procés' independentista en Cataluña después de que el ex president Carles Puigdemont pidiera que se apartara. Poco antes se había abstenido otro magistrado, Antonio Narváez, a petición de los líderes independentistas condenados, por el contenido de una conferencia que impartió coincidiendo con los sucesos del otoño de 2017 en Cataluña.

Otro antecedente es el vivido en junio de 2010, cuando el TC rechazó la petición le hiciera el Gobierno catalán de reintegrar a las deliberaciones sobre la sentencia del Estatut de Cataluña al magistrado Pablo Pérez Tremps, que había sido apartado de la discusión de este asunto a instancia del PP por haber realizado labores de asesoramiento para la redacción de los preceptos de la norma catalana relativos a las relaciones de la Generalitat con la Unión Europea.